México ya no puede considerarse una democracia constitucional —como argumenta Pedro Salazar— y, en consecuencia, tampoco una democracia liberal, ni siquiera un intento de serlo.
Tres fueron los pilares que inclinaron el tablero a favor del régimen y reconfiguraron una presidencia sin controles: la reforma al Poder Judicial, delineada para someterlo llenándolo de leales; la eliminación de diversos órganos autónomos, diseñados para descentralizar facultades del presidencialismo; y la reforma de “supremacía constitucional”, aprobada por Morena y sus aliados en octubre de 2024. La “supremacía” blindó las reformas frente a controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos, despojando a ciudadanos, empresas, colectivos y a la oposición del derecho a cuestionar, de manera legal, al poder cuando una reforma afecte sus derechos.
México camina hacia una suerte de neopresidencialismo. Lo único que impide su plena normalización es que la presidenta Claudia Sheinbaum aún no ejerce un control absoluto sobre las riendas del Estado. Esto, a pesar de que, de facto, ya no hay mecanismos institucionales que puedan limitar su poder, lo que le permitiría, en potencia, hacer y deshacer a su antojo, salvo por los límites impuestos por su propia ambición, la geopolítica y el dinero. Dado que el sistema mexicano está cambiando, resulta arriesgado plantear cómo se vería ese neopresidencialismo. Por ello vale la pena preguntarse: ¿cuál es el estado de las cosas?
Hoy en día el poder parece tener dos cabezas. Una formal, administrativa y protocolaria: Sheinbaum. Y otra informal, con mayor énfasis sobre la estructura electoral en el territorio: Andrés Manuel López Obrador. Esa diarquía opera, en sus niveles inferiores, como un reparto de zonas de influencia: un acuerdo —explícito o tácito— entre ella y López Obrador, que también incluye a figuras sectoriales como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Luisa Alcalde, Rosa Icela Rodríguez, Gerardo Fernández Noroña, algunos gobernadores y otros actores. Pero todos dentro del mismo bando.
El expresidente Ernesto Zedillo, en su pugna mediática con el régimen morenista en abril de 2025, ofreció una definición: “La transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía”. La palabra “tiranía” pudo sonar excesiva a más de uno, pero su definición: “abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad”, resultaba adecuada: el morenismo utilizó el poder que tenía para acumular todavía más. Lo hizo debilitando contrapesos y complicando, por diseño, la posibilidad de ser removidos del poder mediante elecciones. Todo, en un contexto cada vez más condicionado por las Fuerzas Armadas. En el imaginario colectivo, la palabra “tiranía” evoca tanques en las calles y represión abierta, y la democracia surgida de la transición no colapsó como las democracias en los años treinta y cuarenta del siglo XX; su desmantelamiento fue sutil y progresivo.
Para entender este momento previo a un posible neopresidencialismo, quizá convenga hablar de una autocracia de facciones: un régimen con una jefatura formal muy poderosa, pero cuyas decisiones trascendentes suelen negociarse entre grupos de una misma coalición gobernante. Estos —jefatura y grupos— controlan los tres poderes del gobierno, han capturado o desmantelado contrapesos y, vía la presidencia de México, pueden erigirse como árbitro final de las grandes decisiones nacionales, sean públicas o privadas. Además, la disputa política real se concentra al interior del bloque gobernante, donde las facciones compiten entre sí, mientras la oposición gana sólo lo que se le permite o donde inequívocamente arrasa.
Sería simplista afirmar que se restauró la forma monolítica del pasado. Aunque ha retomado muchas de sus tentaciones y excesos, hoy el poder se ejerce de manera compartida entre la presidencia y otras figuras del bloque oficialista. La influencia del fundador, activa o pasiva, es palpable: continúa como referente doctrinal y jefe del partido vía su hijo. En 2024, ya fuera de la presidencia, se especuló que López Obrador “venció” a Sheinbaum en la renovación de la CNDH, al lograr la reelección de Rosario Piedra —figura obradorista— por encima de un perfil considerado más cercano a la presidenta.
Durante el viejo PRI, la voluntad presidencial no era del todo incuestionable: las políticas de gran calado solían sondearse con los cuadros relevantes del priismo. La diferencia era que, entonces, el presidente era, sin duda, la figura de mayor peso político, algo que hoy no está del todo claro. Esta nueva configuración —autocracia de facciones— podría derivar en un presidencialismo más clásico, pero para ello Sheinbaum tendría que consolidar el poder en su propia figura, en especial el del partido. Y eso, por ahora, sigue en veremos.
Otro aspecto es que una autocracia de facciones no necesariamente deriva en orden, sino que puede desembocar en anarquía. Si el poder se concentra en un solo bando, pero está fragmentado; si el crimen conserva o expande su control sobre regiones e instituciones; si hay desajuste económico, creciente inestabilidad social y una erosión en la credibilidad de las entidades políticas, electorales y judiciales, el resultado no será un régimen hegemónico consolidado, sino un cóctel molotov que puede detonar algo más parecido al desgobierno.
Si bien conceptos como autocracia de facciones ofrecen un primer acercamiento al nuevo pacto gobernante en México, aún están en construcción. El escenario político continúa evolucionando. Si Sheinbaum logra consolidar su poder —en particular en el ámbito partidista, es decir, la cuarta “pata de la silla”, además del control del Ejecutivo y su creciente dominio sobre el Legislativo y el Judicial—, el sistema resultante será similar en su estructura al del viejo régimen priista. Con otros discursos, otros pretextos y otras formas, sí, pero similar en lo esencial: un neopresidencialismo que, en dado caso, contaría con los cinco pilares de aquel modelo.
El primero sería el control presidencial sobre el partido dominante, lo que le permitiría decidir quién accede a la representación política sustantiva: San Lázaro, el Senado, gubernaturas, congresos locales y las principales alcaldías. Una jefatura partidista que facultaría a la presidenta, en los hechos, para definir candidaturas y el destino de carreras políticas enteras, tanto individuales como de grupos.
El segundo pilar sería la subordinación del Congreso, cuyas mayorías seguirían construyéndose a partir de elecciones disparejas: con recursos públicos, maquinarias, clientelas e instituciones al servicio del oficialismo. Esta subordinación sería consecuencia directa del control partidista: al concentrar el poder sobre las candidaturas, la presidencia determinaría quién puede llegar a ocupar un escaño o una curul en el bloque mayoritario, quién se reelige y quién queda fuera del sistema.
En cuanto al control territorial del mapa político, es probable que Morena opte por preservar ciertas apariencias —por razones de imagen internacional y estabilidad interna—, permitiendo algunas victorias opositoras o concesiones menores. Esto dificultaría caracterizarlo como un partido hegemónico en el sentido clásico, pero no impediría que funcione como tal en la práctica.
El tercer pilar sería el control del Poder Judicial, ahora posible mediante la elección popular de juzgadores, quienes deberán competir por el “favor” de la estructura electoral dominante —además de la siempre presente amenaza del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial—. Durante el viejo presidencialismo, las principales designaciones judiciales pasaban por el Congreso, lo que permitía una influencia similar en el fondo, pero menos estridente en la forma.
El cuarto pilar lo constituye el control de los gobiernos estatales, asegurado no sólo mediante el dominio sobre las candidaturas a las gubernaturas, sino también, una vez en funciones, por una red de gobernadores leales —por convicción o por temor— al Ejecutivo. Estos son conscientes de que pueden ser removidos si la presidencia así lo decide, ya sea mediante la desaparición de poderes desde el Senado o por medio de mecanismos de presión como la Fiscalía, Hacienda y otras instancias. Este control equivale a la muerte del poco federalismo que queda.
Y quinto, el monopolio del acceso a las palancas de poder, influencia y riqueza generada desde el Estado, que quedará reservado para políticos y empresarios que formen parte, directa o indirectamente, de la coalición gobernante.
Por medio de estos cinco rubros —de los cuales ya ocurren, en distintos grados, cuatro de cinco, salvo el primero— se reproduciría una lógica en la que el poder se administra inequívocamente desde la cúpula presidencial. Quien desee legislar, juzgar, gobernar, espiar, saquear, rediseñar, influir o reprimir, deberá pasar primero por su filtro.
En otras palabras, para que se complete en términos generales la reconstitución de un presidencialismo semejante al del viejo PRI, sólo falta reducir el peso específico de la autocracia de facciones que persiste —aunque será difícil que desaparezca por completo; incluso bajo el priismo había cierto grado de esa lógica—. Con ello, se transitaría hacia un neopresidencialismo en el que todo el aparato institucional volvería a responder a un poder superior. Para ello sólo falta un eslabón: que Sheinbaum controle Morena.
Una diferencia importante es que el PRI sustentó su relato histórico y control político en la creación de instituciones. Sesgadas a favor del oficialismo, pero diseñadas para mantener la apariencia de imparcialidad, lo que, en los hechos, limitaba su margen para caer en arbitrariedades flagrantes o sectarismo excesivo. Morena, en cambio, ha basado su proyecto en el desmantelamiento institucional y en la colonización abierta de los órganos públicos, sin preocuparse siquiera por simular neutralidad.
En suma, México no ha restaurado el presidencialismo del siglo XX, pero tampoco puede considerarse ya una democracia liberal ni un intento serio de serlo. Lo que ha emergido es una autocracia de facciones: un régimen donde el poder se concentra formalmente en la presidencia, pero opera por medio de bloques que, en conjunto, controlan los tres poderes del Estado sin contrapesos reales.
Y de ahí al neopresidencialismo pleno sólo hay un paso: que la presidenta controle por completo a su partido. Ese eslabón, si se consolida, le otorgaría el dominio total sobre la representación política sustantiva y, con ello, sobre las decisiones fundamentales del Congreso, sin necesidad de mediar con los coordinadores parlamentarios guindas. Ella controlaría sus carreras, las de sus equipos, las prebendas a las que acceden desde el partido y otros beneficios. Se cerraría así el circuito institucional, y con él, el margen de ambigüedad del momento actual.
Lo que queda en pie, entonces, no es una restauración nostálgica, sino una mutación autoritaria. Ya no hacen falta tanques en las calles: basta una boleta amparada por un INE y un Tribunal Electoral complacientes, una estructura leal de movilización y una Constitución blindada contra el disenso. Claudia Sheinbaum no es aún la figura unitaria del poder, pero podría llegar a serlo. Si logra asumir el control de su partido será, libra por libra, una presidenta más poderosa que López Obrador.
Estamos en la antesala de un país gobernado, otra vez, por una sola voluntad. Esta vez, femenina. Pero no por ello menos absoluta.
Alonso Tamez Vélez
Maestro en Comunicación Política por University of Glasgow, y en Política y Comunicación por London School of Economics. Secretario Técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado.