En diciembre de 1823, el presidente de Estados Unidos James Monroe enunció por primera vez la doctrina que con el tiempo llevaría su nombre. Con el establecimiento de las repúblicas hispanoamericanas, Estados Unidos no toleraría ninguna intervención europea en su hemisferio. Así nacía uno de los pilares de la política exterior de Washington: “América para los americanos”. Esta fórmula contiene una ambigüedad reveladora. En español, el gentilicio “americano” designa a todas las personas nacidas en el Nuevo Mundo. Sin embargo, en inglés “American” se refiere a las personas oriundas de los United States of America, es decir, los estadunidenses.
A lo largo del siglo XIX el espíritu Monroe estaba presente. En este período Estados Unidos experimentó una profunda transformación. Para finales del siglo, el país era una potencia a nivel global, no aquel país irrelevante al que las potencias europeas veían a lo lejos en la década de 1820. Con la llegada de Theodore Roosevelt al poder en 1901, Estados Unidos decidió que, además de vigilar que ninguna potencia interviniera en América Latina, ahora se aseguraría de que los países del continente cumplieran con sus compromisos internacionales. En otras palabras, se asumía como la policía de la región y se atribuía el derecho de intervenir en los países latinoamericanos cuando actuaran en perjuicio de lo que su vecino del norte viera como su propio bien.
Este repaso histórico no es una mera curiosidad intelectual. Hace unos días, la administración de Donald Trump publicó su Estrategia de Seguridad Nacional. En la sección destinada al Western Hemisphere, el cual incluye la totalidad del continente americano, se afirma que el país implementará el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. El documento sostiene que, tras años de descuido, el foco del poder estadounidense regresará a la región para restaurar su preeminencia, con lo cual “reajustará su presencia militar global” en detrimento de Europa y Medio Oriente. El control de América Latina pasa a considerarse una prioridad para la seguridad de Estados Unidos. Hay dos preocupaciones: detener la migración irregular y contrarrestar la presencia de competidores no-hemisféricos, con lo cual se alude de modo implícito a la influencia china en la región.
El regreso de la doctrina Monroe en su vertiente rooseveltiana era claro desde hace tiempo, incluso si los imperios europeos ya no representan ninguna amenaza para el continente. Con el tráfico de drogas como justificación, Estados Unidos bombardea balsas en el Caribe y el Pacífico desde hace meses. Con 23 botes destruidos y 22 ataques en aguas internacionales, por lo menos 87 personas han sido asesinadas desde el 2 de septiembre. Washington alega que estos bombardeos son parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Estos botes, afirma, llevan droga hacia su territorio; sus tripulaciones están conformadas por criminales. Estas acusaciones, sin embargo, no se sustentan por ningún tipo de evidencia. Una simple corazonada en Washington representa la diferencia entre la vida o la muerte para los pescadores latinoamericanos. Desde entonces la legalidad de estos ataques se pone en cuestión por quienes aún le dan importancia al derecho. Arguyen, incluso, que es posible que el secretario de Guerra Pete Hegseth incurriera en un crimen de guerra al ordenar un segundo bombardeo sobre los sobrevivientes de un ataque. Mientras se determina si son legales o no, Estados Unidos continúa sus bombardeos, que generan la alarma de Venezuela, Colombia y México por su uso desmedido de la fuerza.
Al mismo tiempo, Estados Unidos realiza su despliegue militar más grande en la región desde hace décadas frente a las costas de Venezuela. El buque de guerra USS Gerald Ford –el más grande del mundo– ya fue reclamado de las aguas del Mediterráneo para cumplir con su nueva misión en América Latina. Tras la llegada de la embarcación al Caribe, Hegseth anunció el comienzo de la operación Southern Spear, cuyo objetivo declarado es eliminar a los “narco-terroristas” del hemisferio. La señal es clara: la fuerza militar está al alcance de la mano para hacer cumplir la voluntad de Estados Unidos en la región.
Por lo pronto, este mensaje tiene nombre y apellido. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, es el objeto principal de la presión de Estados Unidos en América Latina en este momento. La Casa Blanca acusa al mandatario de ser el líder del Cártel de los Soles, al que ha clasificado como una organización narcoterrorista. Este supuesto cártel es un término utilizado por los propios venezolanos para aludir a los militares y altos funcionarios involucrados en el narcotráfico, en referencia a los soles que llevan los generales en sus uniformes. Por su parte, el gobierno de Maduro denuncia que estas medidas tienen como propósito un cambio de régimen. El resto del continente se mantiene expectante, a la espera del próximo paso de las tropas estadounidenses en el Caribe. Ante el temor de una invasión, los militares han empezado a realizar ejercicios de defensa en las playas y a enseñar a los civiles a disparar armas.
No obstante, no todos los gobiernos de América Latina se encuentran en la misma encrucijada que Nicolás Maduro o Gustavo Petro, quienes a menudo invocan el espíritu de Bolívar en sus diatribas contra Washington. De regreso a la Estrategia de Seguridad Nacional, la administración Trump menciona a los socios regionales, aquellos países alineados con los principios y la estrategia de Estados Unidos. Estos gobiernos son vistos como aliados indispensables en la cruzada contra la inmigración, los flujos de droga y, en general, para mantener la estabilidad. No es muy difícil reconocer a los países alineados: Argentina, Ecuador, República Dominicana, Paraguay y Perú. Todos estos países siguieron de inmediato la pauta marcada por el Departamento del Tesoro y añadieron al Cártel de los Soles en sus listas de grupos terroristas. Las razones de la afinidad con Estados Unidos son variadas y contingentes, y corren el riesgo de hundirse por tormentas políticas. Para evitarlo, Washington tiene varios recursos a su disposición.
En las elecciones de Honduras, llevadas a cabo el 30 de noviembre, Trump presionó a los hondureños para que votaran por el candidato de la derecha, Nasry Asfura. Pero esto no se limitó a una amable sugerencia. De perder su candidato, Estados Unidos detendría su colaboración con el país centroamericano en materia migratoria y económica. Los electores hondureños, que saben que es mejor estar con Trump que contra Trump, pronto inclinaron la balanza en favor del candidato elegido por la Casa Blanca. Al momento de escribir este artículo, los resultados de la elección hondureña aún no están disponibles, pero casas encuestadoras mostraron una clara preferencia por Nasry Asfura tras los comentarios del presidente de Estados Unidos. Una escena similar se presentó en las elecciones legislativas de octubre en Argentina, cuando Trump prometió un paquete de ayuda de 20 000 millones de dólares, pero con la condición de que ganaran los candidatos que estaban con el presidente Javier Milei. En los resultados, el partido la Libertad Avanza fue el más votado. La ayuda estaba asegurada.
En este despliegue inmenso de poder, Brasil ha sido el único país que ha resistido a los intentos de injerencia norteamericanos. Tras la detención de Jair Bolsonaro, uno de sus mayores simpatizantes en la región, Trump envió una carta a Lula da Silva, su homólogo brasileño. En ella exigía que se retiraran los cargos que acusaban a Bolsonaro de intentar un golpe de Estado. Esta misiva estaba acompañada por aranceles de 50 % a las importaciones brasileñas y sanciones a un juez del Tribunal Supremo de Brasil. Sin embargo, meses después, Bolsonaro está tras las rejas para cumplir una condena de 27 años, mientras Trump retiró sus aranceles tras reunirse con Lula. Brasil, al ser la economía más grande de América Latina y tener una diversidad de relaciones comerciales, entre ellas una cada vez más importante con China, ya no depende de Estados Unidos como la mayoría de los países latinoamericanos. Entre estos últimos el caso de México es de los más extremos.
A pesar de la retórica nacionalista que caracteriza a nuestra cultura política, el margen de acción de la presidenta Sheinbaum ante su principal socio comercial es limitado. En política exterior, su gobierno ha tratado de anticipar y adaptarse a las acciones de Trump. El lunes 8 de diciembre, el presidente autorizó un arancel de 5 % a los productos de su vecino si México no entrega a Estados Unidos el agua que le debe en virtud del Tratado de Aguas firmado entre los dos países en 1944. Sentó un plazo que vence el 31 de diciembre de este año.
El repliegue del poder de Estados Unidos en el mundo tiene como consecuencia el fortalecimiento de su presencia en su propio vecindario y, en concreto, en lo que llama su “patio trasero”. En tanto que los europeos se preocupan por la retirada estadunidense, los latinoamericanos deberían de preocuparse por su regreso. América Latina siempre ha tenido una posición singular en la política exterior de norteamericana.
En el presente, Trump no tiene la intención de ser un buen vecino. Al contrario, quiere reestablecer el dominio económico y el control político sin importar los medios necesarios: acciones militares, injerencia política y presión económica. Cuando hablaba de la diplomacia de su administración, Theodore Roosevelt citaba lo que, según él, era un proverbio de África Occidental: speak softly and carry a big stick; you will go far. Al hablar con sensatez, pero con un palo amenazador en la mano, Estados Unidos iría lejos. Trump retomó el espíritu de la frase, pero, esta vez, Estados Unidos subió el tono y amenaza con un palo más grande.
José María Vázquez Cabanillas
Estudiante de Relaciones Internacionales en El Colegio de México