Un triunfo pírrico

La aprobación en el Senado a través de cuestionables métodos de la llamada reforma judicial el 11 de septiembre de 2024, marca el principio del deterioro de la legitimidad del régimen. Lejos de ser un triunfo político definitivo para el presidente López Obrador, la sucia maniobra pone en cuestión no sólo los supuestos valores morales defendidos por la llamada cuarta transformación, sino el sentido de su proyecto político. La reforma judicial es meramente política, absolutamente inútil para fines de reformar un sistema de justicia fallido y una imposición descarada del presidente sobre su propio partido, sobre su sucesora y sobre la debilitada e incompetente oposición. El proceso deja un saldo de daños y herencias negativas para el futuro gobierno que serán muy difíciles de revertir.

La “reforma judicial” fue el eje principal del conjunto de reformas constitucionales que el presidente López Obrador propuso el 5 de febrero pasado como su herencia programática y que recién tomó forma y contenido. Después de la victoria abrumadora de Morena en las elecciones del 2 de junio, la idea de una reforma judicial fue rápidamente convertida en proyecto de reforma constitucional, sin tener tiempo de ser discutida adecuadamente ni siquiera dentro del propio partido gobernante, y sin darle voz a la candidata presidencial electa. La aprobación de la reforma tal como salió del escritorio de AMLO se impuso como una especie de acto de fe a todos los políticos profesionales del régimen y a través de ellos al país en su conjunto. Si se tratase de una reforma que en efecto atacara al corazón de un sistema de justicia fallido, probablemente los métodos a través de los cuales se aprobó finalmente resultarían secundarios, y en todo caso no serían recordados como el eje principal del proceso. Lejos de ello, la reforma constitucional recién validada nace como resultado de una contradicción flagrante. Se supone que es una reforma destinada a poner fin a la corrupción en el Poder Judicial, pero fue aprobada mediante actos abiertos de compra de votos de algunos senadores de oposición, la amenaza judicial a otros de ellos y la violación de procedimientos parlamentarios. La cereza del pastel ha sido la compra del voto decisivo del senador panista Miguel Ángel Yunes, una de las figuras más emblemáticas de la corrupción política del viejo régimen y del régimen de la transición, adicionada con su incorporación a la bancada oficialista.

López Obrador había diagnosticado correctamente que su victoria decisiva en las elecciones presidenciales de 2018 era consecuencia de la “derrota moral” del PRI, PAN y PRD. El régimen de la transición había colapsado en su propio fango. Ahora, con la precipitación en la aprobación de la reforma, el abuso de poder demostrado en el proceso legislativo y el recurso a los vicios característicos de la vieja clase política, López Obrador se ha colocado en el mismo papel de sus antecesores. Ha demostrado que sí es igual a los otros, que, como en realidad lo hizo siempre, ha recurrido para imponerse a un arsenal de mañas, trampas, uso discrecional de la justicia y actos de corrupción cada vez que lo estimó necesario, aunque nunca lo había hecho tan patente como ahora. La mella en su legitimidad y prestigio es evidente, y pasa esa mancha a su sucesora, cuyo gobierno nace marcado por esta especie de “pecado original”.

La reforma judicial creará problemas formidables desde el punto de vista de su implementación práctica, distraerá los escasos recursos públicos que se pudieron haber destinado al fortalecimiento institucional de los muchos eslabones débiles del sistema de justicia (ante todo las fiscalías federal y estatales, las policías locales y la propia Guardia Nacional) y para colmo crea un nuevo ámbito de politización perversa que acentuará la disfuncionalidad del Poder Judicial. Estas críticas tienen consenso tanto al interior del propio gobierno como fuera de él. Sin embargo, la clase política ha sucumbido a la inquebrantable decisión del presidente López Obrador de imponer esta reforma a toda costa y a todo costo. Esta experiencia demuestra lo peligroso que es permitir la concentración del poder en un solo hombre o mujer, sin contrapeso alguno en las instituciones y en el propio gobierno o partido gobernante.

Ciertamente, la reforma judicial tiene un sentido político para López Obrador. Al ser el Judicial un Poder relativamente autónomo respecto al gobierno, existe un riesgo de que por procedimientos legales se le pueda acusar en el futuro a él y a su familia de actos de abuso de poder, corrupción y omisión de responsabilidades. Seguramente pensando en la experiencia de Lula en Brasil, de Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia, López Obrador decidió protegerse por anticipado colonizando políticamente al Poder Judicial.

Pero esa protección se ha logrado a un costo muy alto para la legitimidad del régimen. La construcción de mayorías parlamentarias artificiales para Morena y partidos aliados y la compra descarada de votos a través de pactos inconfesables con políticos corruptos equivale a una especie de golpe de Estado blando. El Poder Ejecutivo ha sometido al Poder Legislativo a su comando pasando por encima de su hipotética autonomía y llevando el autoritarismo presidencial a los niveles existentes antes de la transición a la democracia. Hoy como ayer, el Ejecutivo ha sometido a un Poder Legislativo federal carente de dignidad y de mínima autonomía de pensamiento. La mayoría de los poderes legislativos locales han demostrado en dos días su vergonzoso sometimiento al presidente al aprobar la reforma constitucional sin la más mínima discusión, algunos en sólo una hora de sesión, violando de paso las reglas parlamentarias más elementales.

Nos enfrentamos a una paradoja política de imprevisibles consecuencias. De un lado, hay un consenso nacional sobre la urgencia de reformar el sistema de justicia de nuestro país, que es el eslabón más débil de un estado frágil en donde reina la impunidad y la injusticia. De los tres Poderes del Estado, el Judicial, tanto a nivel federal como local, fue históricamente el más débil y el más sometido políticamente. Durante la transición, a pesar de haber tenido tres décadas de espacio para construirse como un poder autónomo luego de la reforma de 1994, el Poder Judicial federal no logró consolidar su autonomía respecto de los actores económicos y políticos. Se volvió un sistema autorreferente, monopolizado en buena medida por clanes familiares, carente de transparencia, de contacto con el público e incapaz de superar distintas formas de sumisión a los actores del mercado y del Estado. Pero, por otra parte, el presidente López Obrador, quien tenía desde el principio de su gobierno un enorme espacio de oportunidad para proponer una reforma radical del sistema de justicia, demostró su absoluta falta de proyecto político realmente transformador y optó simplemente por usar las fallas del sistema para otorgar justicia discrecionalmente, por medio de la amenaza, el chantaje, la compra y la manipulación política, usando para ello operadores tan nefastos como su asesor jurídico y secretario de gobernación de facto, Julio Scherer Jr. y un fiscal general de la República, Alejandro Gertz, acostumbrado a obedecer al presidente y a moverse en las cañerías de un sistema podrido. López Obrador vino a descubrir que era necesaria una reforma judicial cuando la Suprema Corte de Justicia empezó a detener proyectos de ley que violaban diversas normas constitucionales, los cuales habían sido aprobados por un Congreso obsecuente que ni siquiera seguía los procedimientos parlamentarios obligados por la propia constitución. López Obrador se dio cuenta, en el ocaso de su gobierno, no de que había que reformar el sistema de justicia, sino que había que someter políticamente al Poder Judicial federal.

Este 11 de septiembre vimos en pleno las limitaciones programáticas de López Obrador y la brutalidad de sus métodos, que no se diferencian en absoluto de los empleados por el viejo partido autoritario, el PRI, ni por los otros partidos oportunistas que hoy día dominan el escenario político nacional.

En esta especie de ópera bufa que nos ha tocado presenciar obligadamente a los mexicanos, decepcionan todos los actores en escena. El presidente López Obrador, por la razones ya explicadas. La presidenta electa, por su ausencia del debate público y por su manifiesto sumisión a la voluntad presidencial, a pesar de las consecuencias terribles que esta reforma impondrá sobre su gobierno. Los partidos de oposición, por ser incapaces de articular un proyecto propio y alternativo de reforma de la justicia, y de recuperarse de su histórica derrota del 2 de junio pasado. Igualmente carentes de proyecto y de dirección política, los ministros de la Suprema Corte confirmaron que eran incapaces de reformar desde adentro al Poder Judicial federal y de presentar una propuesta alterna de reforma que pudiese haber demostrado su voluntad de cambio y su capacidad de análisis y dirección estratégica. El Poder Legislativo, recién renovado a nivel federal, fue sometido a la más burda imposición del Ejecutivo como en los viejos tiempos priistas, y la mayoría recurrió a los peores métodos y trampas para aprobar la reforma. La prensa y los medios de comunicación tradicionales, a pesar de ofrecer espacios de análisis y propuestas fundamentadas por parte de numerosos especialistas, no fueron capaces de cambiar las percepciones colectivas impuestas por la fuerza de la narrativa presidencial, que se ha demostrado efectiva hasta el último minuto.

Posiblemente la mayor sorpresa de este proceso ha sido el total sometimiento de la presidenta electa Claudia Sheinbaum a los dictados de López Obrador. Sheinbaum no ha mostrado en ningún momento la menor autonomía de pensamiento, ni capacidad de usar su enorme legitimidad personal como un límite a las imposiciones del presidente López Obrador. Posiblemente nunca se había visto un presidente saliente con tanto poder y a otra entrante tan carente de él. Estrictamente esto no es sorpresa. Yo había explicado semanas atrás en esta misma plataforma el gigantesco riesgo que representa la sombra del caudillo sobre el futuro político de la nación y particularmente sobre el espacio de decisión del siguiente gobierno. Pero francamente no se esperaba una exhibición tan burda de docilidad irreflexiva y abierto oportunismo por parte de la clase política morenista y tal incapacidad de la oposición para por lo menos detener temporalmente la avalancha.

Ciertamente, en todo este proceso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña y los demás ministros han demostrado también una sorprendente incapacidad política. Se dirá que los jueces no están para hacer política, pero en un escenario en donde está en riesgo la existencia misma del Poder Judicial como poder autónomo, los ministros no tenían más remedio que hacer política. Lo han hecho tarde y mal, demostrando no entender su lugar en la coyuntura política y carecer de una visión de Estado. Sobre ellos pesa una responsabilidad histórica indudable, que contrasta con la sorprendente fuerza del movimiento de los trabajadores del Poder Judicial, de miles de estudiantes de derecho y de numerosos ciudadanos, que han tratado de defender la autonomía del Poder Judicial —que no a los ministros de la Suprema Corte.

Tal vez lo único bueno de este proceso ha sido la politización forzada de los empleados del Poder Judicial y de estudiantes que in extremis han tratado de detener una reforma absurda y en ese proceso han aprendido a resistir y organizarse. Imposible predecir qué efectos de mediano y largo plazo tendrá este movimiento social. Lo cierto es que se están creando los cimientos de una oposición civil que seguramente tendrá un papel decisivo en los años próximos.

Quedan varias batallas por librar en los campos jurídico y político en el corto plazo. Todavía habrá sorpresas, y es posible que la avalancha legislativa continúe, abriendo nuevos frentes de batalla, radicalizando la crisis de legitimidad del régimen y creando una oposición organizada desde el campo civil. Si bien la democracia como régimen no está en riesgo en el corto plazo, ni los espacios de resistencia están cerrados, lo cierto es que las acciones finales del presidente López Obrador han creado una inercia autoritaria que será recordada como su verdadera herencia.

Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador Emérito del SNI, y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.