Quien atiende al drama no piensa en el teatro, escribió Víctor Hugo. Ignorar todo cuánto sucede en aras de una supuesta perdurabilidad no es prudencia, es cinismo, a veces idiotez. El 12 de julio se conmemora el día del abogado en México. Año tras año, sin importar cuán adverso sea el entorno, qué partido gobierne, o quién sea el líder del momento, se pronuncian discursos grandilocuentes que apelan al Estado de Derecho, la justicia, el principio de legalidad y la supuesta nobleza de la profesión. Se izan banderas, se sirven banquetes y se regalan corbatas. Es el momento perfecto para ignorar un contexto lacerado por la trampa y el desgobierno.
Al unísono se aplauden quimeras y se rememora el pasado de un glorioso oficio que no volverá. Pero, sobre todo, que casi nadie en el gremio está haciendo algo por merecer de nuevo. Porque en México, en realidad, ni siquiera sabemos cuántos abogados hay. El Inegi podrá arrojar cifras aproximadas y cada semestre se compartirán los datos sobre egresados y titulados. Pero tener un título y una cédula no es lo mismo que ejercer como abogado. Eso es, en el mejor de los casos, haber completado un trámite administrativo. Y en el peor, como bien nos enseñó la ministra Esquivel, es algo que se puede conseguir con facilidad y escaza honestidad intelectual.
Y es que convertirse en abogado en este país es cosa fácil. Cuestión de tiempo, de cultivar la paciencia y algunas relaciones sociales, evitarse problemas, pasar un par de exámenes difíciles, memorizar, machetear, fingir complejidad en asuntos sencillos, fingir que se sabe, y, en especial, abusar de la palabra “depende”, o bien refugiarse en ilegalidades para aparentar que todo funciona a la perfección.
Sin ir más lejos, ahí tenemos a quienes ocuparán los puestos más importantes dentro del nuevo Poder Judicial Federal; personas que –quizá algunas– estén preparadas y comprometidas con ciertos ideales de justicia. Otras, en cambio, simples burócratas con ambiciones políticas o meros operadores del poder. Pero, en cualquier caso, ninguna pudo llegar a donde llegó sin el aval de pactos, artimañas de dudosa legalidad, y favores devueltos o por devolver. Viciados de origen, cómplices de la impunidad, dispuestos a legitimar bajo la toga lo que la política no puede por sí misma.
Habrá que reiterarlo hasta el cansancio: la justicia en México no va a cambiar hasta que se cambie la forma en que se enseña y aprende Derecho. Y para dimensionar la magnitud de este problema, basta observar el número de escuelas de Derecho que hoy proliferan en el país y el volumen de titulados que producen cada año.
Como las más de 6,000 Farmacias Similares que hay a lo largo y ancho de la nación, las escuelas de Derecho se acercan a cifras igualmente abrumadoras, multiplicándose de forma exponencial en cada esquina, ofreciendo un producto rápido y accesible, aunque carente de sustancia.
El fantástico y riguroso trabajo que realiza el Observatorio de Educación Jurídica del CEEAD , muestra que en el ciclo académico 2024–2025 hay en México más de 2,200 instituciones de educación superior autorizadas para impartir la Licenciatura en Derecho. Esta cifra refleja tanto la desatención del Estado por regular y garantizar estándares mínimos de calidad en la formación jurídica, como la transformación de la enseñanza del Derecho en un mercado masivo donde cantidad prima sobre calidad.
La cuestión se agrava aún más si observamos lo que sucede al interior de cada una de esas instituciones. Las plazas para ser profesor se asignan por amiguismos y no por mérito; se programan materias irrelevantes siguiendo modas académicas; y los planes de estudio no se actualizan para moldear operadores que no tienen ni idea de lo que el Derecho puede hacer de cara al futuro.
Sobre esto reflexiona Luigi Ferrajoli en su libro Por una Constitución de la Tierra, donde se pregunta si es admisible que la ciencia jurídica se desinterese de atrocidades que no son en absoluto naturales ni inevitables, sino causadas por decisiones humanas. Se refiere, por ejemplo, a las devastaciones medioambientales, la carrera armamentista y las guerras interminables, así como a las violaciones sistemáticas de libertades fundamentales por regímenes despóticos, los millones de muertos cada año por hambre y enfermedades perfectamente tratables, la explotación salvaje del trabajo y las migraciones forzadas.
Frente a todas estas realidades el Derecho no puede permanecer indiferente sin traicionar su propia razón de ser. Su incapacidad de acción ante tales catástrofes revela sus límites como disciplina y su complicidad con un orden injusto que normaliza la violencia y el sufrimiento evitables.
Si los individuos sólo pueden obtener una identidad por la estructura social que los conforma, entonces los abogados no son una excepción: su conciencia profesional se forja en las aulas que reproducen un modelo predeterminado de lo que significa “ser abogado”. Un modelo que privilegia la técnica sobre la justicia, la obediencia sobre la reflexión y la competencia individual sobre la responsabilidad colectiva. Sin cuestionar ese molde de formación, es difícil que puedan concebir su oficio como una herramienta para transformar la realidad y no sólo para administrarla.
De ahí que ser abogado, más bien, celebrar el día del abogado carezca de sentido si no se asume con la convicción de que este oficio implica mucho más que citar frases en latín y redactar interminables oficios. Sin una reflexión real sobre la justicia, el título universitario no es más que una credencial para transitar un mundo de apariencias.
Vuelvo al tema de la reforma judicial, ya que me sirve como ejemplo para cuestionan el papel que desempeñó el gremio abogadil ante la modificación constitucional más perjudicial en el México contemporáneo, una que desmanteló los cimientos de un modelo de Estado democrático en el que la separación de poderes era ya frágil y terminó por convertirse en una mera formalidad. Ante esta embestida, la mayoría de los colegios, barras, abogados independientes y facultades de Derecho guardaron silencio. Incapaces de articular una defensa en el presente y, al mismo tiempo, de hacerse cargo de su propia responsabilidad histórica en la construcción de un sistema débil y poco legitimado socialmente.
En todo caso, que celebre el que quiera celebrar. Pero que lo haga a sabiendas de que no hay nada digno en una profesión que ha renunciado a fungir como freno al poder y resguardo de la dignidad humana. Porque si el ejercicio del Derecho no sirve para proteger a los vulnerables, para limitar a los poderosos y para construir un orden menos injusto, entonces no es Derecho, es apenas un lenguaje vacío al servicio del mejor postor. Y si los abogados no son capaces de entenderlo, entonces tampoco merecen ese título que tanto presumen. Vuelvo a Hugo para terminar: “Tragedias tramadas por gigantes y desarrolladas por enanos”.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.