Brasil se encuentra en medio de la peor crisis política desde su redemocratización.

La crisis se agudizó antier, 16 de marzo, cuando se hizo oficial el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo Ministro jefe de la Casa Civiluna importante dependencia directamente ligada a la Presidencia de la República– y, posteriormente, cuando fueron divulgadas grabaciones telefónicas de la Operación Lava Jato, hechas por la Policía Federal, que incluyen diálogos de Lula con la presidenta Dilma Rousseff. 

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En una de las conversaciones, la mandataria se refiere al nombramiento de Lula, indicándole que le envía el documento de toma de posesión para que lo use “en caso de necesidad”. Los investigadores, así como la oposición, han señalado que la conversación muestra que la mandataria actuó para evitar que Lula fuera investigado al nombrarlo jefe de la casa Civil, cargo con fuero privilegiado. 

Al ocupar un cargo de ministro, las investigaciones penales de las que pudiera ser objeto Lula ya no pueden ser tramitadas por la justicia ordinaria, por el fuero privilegiado, y es sólo el Supremo Tribunal del país que puede autorizar que se realicen investigaciones.

El juez Sergio Moro, encargado de la Operación Lava Jato, decidió quitarle el sigilo a la investigación contra el expresidente, permitiendo la divulgación inmediata de los audios, en lugar de únicamente turnarla al STF y que fuera este órgano el que decidiera sobre el sigilo. 

El gobierno repudió la divulgación de las grabaciones, señalando que “se violaron los derechos y garantías” de la mandataria al hacer la divulgación de la llamada, y aclaró que la mención al documento de toma de posesión, en la conversación entre la mandataria y el expresidente, era para únicamente coordinar la ceremonia de toma de posesión que se realizaría al día siguiente.

La actuación del juez Moro, al quitar el sigilo que llevaba la investigación contra Lula, ha causado opiniones divergentes entre juristas. El tema ha sido controvertido por involucrar a la jefa del Ejecutivo y porque las investigaciones no habían sido concluidas. 

Hay quienes consideran que retirarle el sigilo a la investigación era una facultad del juez y que actuó en favor del “interés público”, como él mismo señaló. Durante toda la Operación Lava Jato, Moro se ha caracterizado por hacer públicas las investigaciones en etapas muy tempranas, bajo la idea de que su publicidad evita que eventuales acuerdos impidan que la operación siga adelante, por la presión de la opinión pública.

Otros juristas consideran que la actuación del juez Moro perdió imparcialidad, primero al ordenar la conducción coercitiva del expresidente Lula, el 4 de marzo, cuando éste se había presentado a declarar voluntariamente en otras investigaciones; y, después, al levantar el sigilo de la investigación que se le seguía al momento de desistir de la competencia para continuar investigando al expresidente, toda vez que al convertirse en ministro de gobierno adquiría un fuero privilegiado. 

La oposición y los movimientos sociales contrarios al gobierno acusan a Lula de intentar evadir la justicia ordinaria en la que estaba siendo investigado y, como consecuencia, recurrieron a acciones ante el Poder Judicial Federal para intentar invalidar su nombramiento, por medio de un recurso conocido como acciones populares. 

Un juez federal de Brasilia ordenó, al día siguiente de que se anunciara el nombramiento, que se interrumpa provisionalmente este nombramiento o cualquier otro que le brinde fuero privilegiado al expresidente. Entre las razones con la que el juez Itagiba Cata Preta justificó la suspensión destaca que hay riesgo de que “se dañe el libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la Policía Federal y del Ministerio Público”. En su resolución, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de responsabilidad al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra “la probidad” (honradez) de la Administración Pública. 

Esta acusación de delito de responsabilidad podría afectar a la presidenta Rousseff, que tiene abierto un proceso de impeachment en su contra, mismo que, precisamente, hoy se echó a andar con la instalación de la Comisión Especial en la Cámara de Diputados, que deberá escuchar su defensa para determinar si procede la denuncia. Los delitos de responsabilidad son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir el jefe del Estado. 

El gobierno ya anunció que va a recurrir la decisión de suspender el nombramiento de Lula, por medio de la Abogacía General de la Unión, ya que, en opinión del Titular de esta dependencia, José Eduardo Cardozo, la suspensión no está justificada jurídicamente.

Como consecuencia de la divulgación de los audios y del nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil, la noche del 16 de marzo se registraron diversas manifestaciones contra el gobierno PT y a favor de las investigaciones anticorrupción del juez Sergio Moro en por lo menos 15 estados y el Distrito Federal. 

La tensión se hizo nuevamente presente en el acto de la toma de posesión de Lula como ministro de la Casa Civil, cuando simpatizantes del PT y opositores se enfrentaron en los alrededores del Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo, en Brasilia, y durante la misma ceremonia cuando alguien gritó “¡Vergüenza!, al principio del acto oficial, a lo que el público respondió gritando “No habrá golpe”, uno de los lemas de los movimientos en favor del gobierno. 

La polarización política y el descontento social son cada día más evidentes en Brasil, que está sumido en una crisis política y en el marco de una difícil situación económica. Al ser tan dinámica la situación política, es difícil predecir qué pasará con el gobierno de la presidenta Rousseff, ya que los eventos controvertidos han venido sucediendo vertiginosamente durante las últimas semanas.

La Redacción

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