Las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, actores políticos vinculados al gobierno estatal y ex policías han causado mucho ruido en un momento crítico para la historia de las relaciones bilaterales, este, que inició con la declaración como terroristas a los grupos delictivos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y con el corolario de la doctrina Monroe de Donald Trump, que ha tensado las relaciones entre nuestros países. Internamente, nos obliga a mirar un proceso mucho más largo: la configuración de una gobernanza criminal profundamente arraigada en el territorio sinaloense, construida a partir de acuerdos, lealtades, redes económicas y relaciones sociales que se han sedimentado durante décadas.
Gobernanza criminal en Sinaloa
Sabemos que la gobernanza criminal en Sinaloa no surgió como una estructura externa impuesta sobre comunidades pasivas. Tiene raíces históricas y sociales complejas. Durante años se consolidó a través de una red que involucró distintos niveles de participación y beneficio. En esa red conviven bases sociales que sostienen o toleran a los grupos delictivos (por convicción, necesidad, miedo o conveniencia), sectores empresariales que establecieron arreglos funcionales con las economías ilícitas y actores políticos que aprendieron a administrar un equilibrio territorial antes que a desmontarlo. Este tipo de configuración se aproxima a lo que Benjamin Lessing describe como formas de gobernanza criminal incrustadas dentro de dominios estatales, donde organizaciones delictivas no sustituyen completamente al Estado, sino que producen autoridad y regulación dentro de estructuras institucionales ya existentes.
Sinaloa desarrolló una modalidad particular de este orden: una gobernanza híbrida en la que coexistieron instituciones formales, mediaciones políticas y mecanismos informales de control territorial. Durante años, esa coexistencia produjo una estabilidad relativa. No era paz. Era un equilibrio sostenido mediante reglas conocidas, jerarquías tácitas y acuerdos que delimitaban márgenes de acción para actores legales e ilegales. Cada gobernador, al menos desde la segunda mitad del siglo veinte y hasta la fecha, ha tenido que gobernar en este marco implementando diferentes estrategias.
La llegada del actual gobierno estatal debe entenderse dentro de esta genealogía. El “primer piso de la 4T” llegó reconociendo la complejidad de la violencia en Sinaloa y la densidad histórica de las relaciones territoriales. Ese reconocimiento pudo haber abierto la posibilidad de administrar la transición mediante cierta distancia institucional. Sin embargo, la dinámica política terminó integrándose de forma hiperactiva a la red existente. Lo que inicialmente parecía una gestión pragmática de una realidad heredada comenzó a transformarse en una reconfiguración intensa de acuerdos y lealtades.
Este proceso ocurrió en paralelo a un cambio generacional. Por un lado, emergieron jóvenes actores políticos vinculados a nuevas élites gubernamentales; por otro, aparecieron generaciones más jóvenes dentro de las estructuras delictivas, herederas de capital económico, relaciones territoriales y prestigio simbólico acumulado. El encuentro entre ambas generaciones no produjo renovación institucional. Produjo una disputa por recursos, reconocimiento y acceso al poder. Las fronteras entre capital político, capital social y control económico se volvieron más porosas.
Desde hace casi una década, Sinaloa vive los efectos de ese desequilibrio. La inestabilidad no comenzó con la violencia reciente. Los Culiacanazos mostraron fracturas dentro de los arreglos previos y dejaron claro que el Estado ya no podía controlar los ritmos de negociación. El secuestro y posterior traslado de Ismael “El Mayo” Zambada abrió una nueva etapa, porque rompió equilibrios internos y desencadenó una confrontación más abierta entre facciones que antes coexistían bajo reglas relativamente previsibles.
Relación bilateral y preocupaciones de Washington
Pero reducir este momento a una crisis local sería insuficiente. La relación entre Sinaloa y Estados Unidos ha sido históricamente constitutiva de los mercados ilícitos. La agenda de la llamada “guerra contra las drogas” también ha sido una forma de ordenar territorios, controlar flujos económicos y redefinir alianzas regionales. Por ello, las acusaciones recientes deben leerse dentro de una relación bilateral marcada por intereses geopolíticos, económicos y comerciales.
Donald Trump ha construido parte de su narrativa política alrededor de la idea del “timing” estratégico. La coincidencia entre estas acusaciones y el contexto de revisión del T-MEC obliga a observar la dimensión económica y comercial del momento. La revisión del acuerdo representa una oportunidad política para reforzar promesas vinculadas al empleo industrial, al fortalecimiento de sindicatos y a la protección de cadenas de suministro estratégicas en Estados Unidos.
A esto se suma la guerra comercial con China y la disputa por recursos esenciales para la producción tecnológica y militar. Estados Unidos busca reducir vulnerabilidades en su frontera inmediata y limitar el acceso de actores rivales a redes económicas o territoriales que puedan fortalecer su posición regional. En este escenario, la relación entre grupos criminales de Sinaloa y redes vinculadas a agentes chinos adquiere relevancia estratégica.
Desde hace años existen reportes sobre la comercialización de precursores químicos para drogas sintéticas y sobre vínculos comerciales que incluyen actividades extractivas y explotación de recursos naturales. Estas relaciones preocupan porque conectan economías ilícitas con disputas globales por control de mercados, minerales y cadenas logísticas. La presencia de actores chinos en territorios donde operan organizaciones criminales es observada por Washington como un problema de seguridad ampliada.
Las acusaciones recientes deben entenderse también como parte de una negociación. El T-MEC no se renegocia únicamente en mesas oficiales. Existen presiones laterales, mensajes mediáticos, investigaciones judiciales y narrativas de seguridad que operan como instrumentos de influencia. Seguridad, inversión y comercio forman parte de una misma conversación. Las acusaciones públicas, especialmente cuando se dirigen a actores políticos relevantes, funcionan como señales dentro de procesos de negociación dura.
Ahora, con riesgo de caer en especulaciones, es importante pensar qué puede ocurrir en Sinaloa. Para comenzar, debemos evitar la tentación de las comparaciones fáciles. Resulta poco probable que se produzcan formas abiertas de intervención como las observadas en otros países, incluso bajo discursos particularmente agresivos. Los intereses económicos, comerciales y políticos entre ambos países son demasiado amplios para sostener una hostilidad prolongada.
Las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump parecen moverse dentro de una lógica distinta: presiones fuertes acompañadas de márgenes de coordinación. La política exterior mexicana reciente ha mostrado que la imposición no siempre ocurre mediante confrontaciones visibles. Existen formas de presión consensuada, donde los movimientos se negocian aun cuando públicamente parezcan tensos.
En Sinaloa, esto podría traducirse en ajustes de actores, desplazamientos de alianzas y reacomodos institucionales antes que en rupturas abiertas. Cambiarán nombres, interlocutores y equilibrios, pero no necesariamente desaparecerán las estructuras profundas que sostienen la violencia.
Guerra en Sinaloa y lo que sigue
Mientras tanto, la sociedad sinaloense vive otra realidad. La guerra reciente ha dejado más de 6000 muertos y desaparecidos, mucho miedo y un gran agotamiento. Algunos sinaloenses esperan cambios, otros observan con escepticismo. Existe dolor acumulado y una sensación persistente de incertidumbre. Sin embargo, también existe una construcción silenciosa desde abajo: redes vecinales, organizaciones civiles, grupos de búsqueda, iniciativas culturales y formas de resistencia cotidiana que intentan reconstruir vínculos sociales fuera de las lógicas de captura territorial.
Quizás ahí reside una diferencia importante. Las transformaciones que espera la población difícilmente llegarán únicamente desde acusaciones internacionales o disputas diplomáticas. Las estructuras de violencia se sostienen porque están insertas en relaciones sociales, económicas y políticas profundamente arraigadas.
Iliana Padilla Reyes
Profesora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, UNAM