Es un día habitual en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Una madre de familia llega con su hijo de un año al centro de salud más cercano a su domicilio para que le apliquen la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. No lo logra. En recepción le informan que no cuentan con la vacuna. La madre sale con las manos vacías y, preocupada, regresa a su casa pensando en el riesgo que corre su hijo dada la epidemia de este virus que ha azotado su estado, que ya registra más de 4500 contagios y veintiún muertes.
¿En dónde está la falla en el sistema para que aquel niño no haya podido recibir una vacuna que está disponible desde hace décadas? La causa no es técnica, ni administrativa, es resultado de una serie de decisiones políticas que han deteriorado la capacidad del Estado para cumplir con algo elemental: que cualquier ciudadano tenga acceso a vacunación.
Situémonos en contexto. Este no es un problema exclusivamente mexicano. A nivel global, los datos recientes muestran que el número de menores sin acceso a vacunación básica ha crecido: 14.5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna en 2023, frente a 12.9 millones en 2019. El resultado es visible en la expansión de brotes de enfermedades prevenibles: en 2024, 59 países reportaron epidemias de sarampión, casi el triple que en 2021. Los contagios de otros virus, como meningitis, fiebre amarilla o incluso difteria, están aumentando en distintas regiones del mundo.
Sin embargo, en América Latina la situación es particularmente preocupante: la región está cerca de convertirse en la menos inmunizada del mundo y pocos países alcanzan el umbral del 95% de cobertura necesario para evitar epidemias. México refleja esta tendencia. Según datos de la ENSANUT 2020-2023, para ninguna de las vacunas analizadas (tuberculosis, hepatitis, pentavalente, neumococo, rotavirus y triple viral) se alcanzó el nivel de cobertura óptima para la inmunidad poblacional, es decir, 95%. El resultado no tardó en manifestarse. El sarampión ha vuelto a circular en el país, junto con otras enfermedades prevenibles como la tosferina. En 2025 se registraron más de 6400 casos confirmados, y hasta abril de 2026 se han diagnosticado más de 15 000 con 36 defunciones. La mayor afectación se concentra en niñas, niños y jóvenes, evidencia de la falta de acceso a vacunación de una generación completa.
¿Qué decisiones políticas explican el problema de vacunación en el caso mexicano? Una primera respuesta tiene que ver con el desfinanciamiento sostenido de los programas de vacunación. Las coberturas de vacunación ya mostraban una tendencia a la baja antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia por covid agravó esta tendencia, pues una parte significativa de los recursos destinados a programas rutinarios de vacunación fue redirigida para atender dicha emergencia. El problema no fue únicamente coyuntural: cuando se esperaban esfuerzos para una recuperación del terreno perdido, vinieron recortes al presupuesto asignado a vacunación. El monto total asignado a este rubro registró aumentos de 2017 a 2022, pero comenzó a observar disminuciones a partir del 2023.
Los recortes, sin embargo, no son la única dimensión del problema presupuestario. Organismos como la Asociación Mexicana de Vacunología han reportado subejercicios importantes del presupuesto asignado a vacunación. En 2023, de los 58 127 millones de pesos asignados a la función salud que no se ejercieron, la vacunación representó 79 %, es decir, 5900 millones de pesos no aplicados. En suma, entre 2022 y 2025, el Programa de Vacunación acumuló más de 51 000 millones de pesos no ejercidos, documentados en los propios informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A esto se suma el desperdicio de vacunas. Según la Asociación Mexicana de Vacunología en México hay varias vacunas que presentan un alto nivel de desperdicio. Un ejemplo claro es la vacuna BCG (que protege contra las formas más graves de tuberculosis). En 2024 se compró la presentación multidosis pero solamente se aplicó 54 % de las dosis adquiridas. También existe el problema contrario: la compra insuficiente de vacunas. En los últimos años, la falta de planeación ha generado también una adquisición menor de vacunas que las necesarias para cubrir a la población objetivo.
La negligencia en el manejo de recursos con respecto a las vacunas no afecta a todos por igual. En los sectores más vulnerables —zonas rurales, poblaciones marginadas o con acceso limitado a servicios de salud— las coberturas han caído con mayor intensidad. Factores como la distancia a los centros de salud, los costos indirectos, los tiempos de espera o la falta de acceso efectivo a servicios de salud dificultan completar los esquemas. El resultado es un sistema fragmentado, donde la vacunación depende de condiciones individuales de acceso. Hablando específicamente del caso mexicano, 49.4 % de las niñas y niños de un año tienen el esquema completo de vacunación. Sin embargo, según la publicación más reciente de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), si se toma en cuenta sólo a la población indígena se observa que sólo 2 de cada 10 niños (19 %) de esta edad cuentan con el esquema completo, y si se considera sólo a la población rural este nivel es de 32 %.
A este deterioro se suma un proceso amplio de politización. La vacunación, históricamente tratada como una política técnica basada en evidencia, ha entrado en el terreno de las disputas ideológicas. Desde que las coberturas comenzaron a caer, la respuesta del gobierno fue defensiva e insuficiente. Se preocuparon más por negar el
problema, atribuir las brechas a administraciones anteriores y asegurar que la situación estaba bajo control, que por reforzar la comunicación efectiva y fortalecer campañas de vacunación. Solo cuando los contagios y las muertes se volvieron imposibles de ignorar, comenzaron a tomar acciones más contundentes, como campañas reforzadas de vacunación y llamados públicos a inmunizarse. Pero incluso entonces, la comunicación siguió siendo reactiva. En pleno pico del brote, funcionarios de alto nivel culparon a gobiernos pasados de las brechas de inmunidad, presentando en la Conferencia Mañanera datos parciales que omitían las caídas de cobertura más relevantes para entender la crisis. Profesionales de la salud criticaron, además, que la respuesta no fue suficientemente enérgica ni abarcativa.
El vacío comunicacional o la falta de contundencia del gobierno sobre la necesidad de la vacunación tiene un costo adicional. Y es aquí en donde vale la pena voltear a ver el contexto internacional. La desconfianza en las vacunas a nivel global ha llegado a niveles preocupantes. Grupos antivacunas que propagan, sobre todo a través de redes sociales, información infundada sobre los efectos nocivos de las vacunas, o sobre conspiraciones de la industria farmacéutica, han contribuido a la disminución de la cobertura de vacunación en poblaciones susceptibles. Desde antes de la pandemia por covid la OMS ya había declarado el rechazo creciente a la vacunación como uno de los diez desafíos prioritarios para la salud. Sin embargo, el debate y la propagación de información falsa sobre los efectos negativos de este tipo de inmunización se intensificó durante la pandemia. Hablando específicamente de Latinoamérica, la OPS ha señalado este fenómeno como un riesgo creciente para la región.
Esto ha sido, además, reforzado por políticos y funcionarios públicos, quienes han decidido tomar su plataforma y poder de toma de decisión para propagar una visión antivacunas. Un ejemplo claro es Robert Kennedy Jr., Secretario de Salud en EE.UU. Su llegada al gabinete de Donald Trump en 2025 marcó un punto de inflexión: por primera vez, un activista antivacunas con trayectoria documentada asumía el control del sistema de salud pública de la principal potencia mundial. Kennedy Jr. ha tomado acciones como sustituir a integrantes de la comisión asesora de vacunas (ACIP), un órgano con perfil técnico y apolítico hasta entonces, por conocidos miembros de grupos contrarios a este tipo de inmunizaciones. Otro es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha impulsado legislación que elimina la obligatoriedad de la vacunación y la convierte en una decisión voluntaria. Otros ejemplos en países de Latinoamérica, como Jair Bolsonaro, han puesto de manifiesto que, ante el gran reto de mantener la desinformación a raya y comunicar la vacunación como un tema apolítico, técnico y necesario, son los mismos representantes del Estado quienes propagan dudas sobre este tipo de inmunización.
Por ello, en un entorno en donde las redes sociales amplifican contenidos falsos más rápido de lo que cualquier institución puede desmentirlos, la ausencia de una estrategia de comunicación preventiva sostenida y enérgica puede costar vidas.
México no está aislado del problema de desinformación a nivel global que ha provocado un deterioro en la confianza en las vacunas. Cuando el Estado no actúa en este contexto, permite que la desinformación socave la política pública.
El Estado tiene el deber de proteger la vida de los ciudadanos. No podemos aceptar que, habiendo una vacuna efectiva y accesible desde hace años, las autoridades sean negligentes en la toma de decisiones cuyas consecuencias sean la enfermedad, secuelas graves o muerte de personas por enfermedades prevenibles. Si como ciudadanos no somos conscientes de eso, y no lo exigimos, normalizamos lo inaceptable. Un niño que no puede vacunarse porque no hay vacunas en su centro de salud no se puede atribuir a la mala suerte. Es una decisión política.
María Salgado Meade
Politóloga por el ITAM. Se especializa en análisis político, políticas de inclusión y comunicación pública.