La desaparición de personas en México es una de las crisis de derechos humanos más profundas y persistentes del país. El fenómeno refleja dinámicas estructurales de violencia, impunidad y debilidad institucional que se han acumulado durante décadas, y que se han intensificado significativamente desde 2006, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En este registro se reportan 133 199 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que, por sí sola, permite dimensionar la magnitud del problema, pero que no alcanza a capturar sus efectos sociales, familiares y comunitarios.
Esta crisis deriva de los problemas para la identificación de los cuerpos que son localizados por el Estado. El rezago ha derivado en la acumulación de miles de restos humanos sin identificar en servicios médicos forenses y fosas comunes, a lo que se suma el constante hallazgo de fosas clandestinas en distintas regiones del país, muchas de ellas localizadas gracias al trabajo de colectivos de búsqueda.
Esta realidad evidencia la incapacidad institucional para procesar, identificar y devolver los restos a sus familias, lo que no es únicamente un problema técnico, sino también un reflejo de la falta de inversión, de la debilidad de los sistemas de registro y de la ausencia de políticas integrales de identificación humana.
En muchos casos, los restos recuperados no cuentan con información genética sistematizada o no están vinculados a bases de datos confiables, lo que dificulta enormemente los procesos de identificación. Además, la dispersión de registros entre distintas fiscalías y entidades federativas limita la posibilidad de cruces de información oportunos.
En este contexto, el papel de la ciudadanía organizada ha sido fundamental, pues los colectivos de familiares de personas desaparecidas han asumido tareas que en muchos casos corresponden al Estado: búsqueda en campo, documentación de casos, presión política y visibilización de la crisis. Su labor no sólo ha permitido localizar fosas y restos humanos, sino también mantener el tema en la agenda pública. Sin embargo, esta situación también evidencia una ausencia de responsabilidades que no deberíamos normalizar.
Desafortunadamente, la violencia que enfrentan las personas buscadoras es alta y la mayoría de las veces la protección que les brinda el Estado es insuficiente. En lo que va de 2026, se han registrado asesinatos de madres buscadoras: Cecilia García Ramblas en Guanajuato el 31 de marzo y Rubí Patricia Gómez-Tagle en Sinaloa el 27 de febrero. Las personas buscadoras no sólo se enfrentan a la violencia estructural, también muchas veces terminan en confrontación directa con grupos criminales.
El escrutinio internacional y la respuesta institucional
El pasado 2 de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó a la Asamblea General examinar la crisis de desapariciones en México, al advertir indicios de prácticas sistémicas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En respuesta, el Gobierno Federal rechazó el pronunciamiento y lo calificó de “tendencioso”, negándose a la oportunidad de recibir apoyo internacional y mostrando poca apertura a este proceso. Frente a esta respuesta, resulta pertinente preguntarse: ¿cuál es la voluntad política del Estado mexicano para atender la crisis que está afectando a miles de personas?
En los últimos años, se han impulsado diversas acciones desde el ámbito gubernamental. Por ejemplo, en julio de 2025 se aprobaron las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, cuyo elemento central es la creación de un sistema de identificación que integrará datos personales y biométricos mediante la CURP.
Este cambio no busca evitar que las desapariciones ocurran, sino responder cuando el delito ya se cometió. Es decir, deja de lado la prevención primaria y se concentra en acciones posteriores (prevención secundaria). Y aunque localizar a las personas es fundamental para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, también es indispensable implementar medidas que prevengan las desapariciones desde su origen.
Otra acción reciente está ocurriendo en el Congreso de Jalisco, que actualmente se encuentra dictaminando una iniciativa de reforma a su Código Penal que puede limitar la colocación de fichas de búsqueda en espacios públicos. Lo anterior, debido a que se contempla que cometerán abuso de autoridad los servidores públicos que: “impidan la colocación de las cédulas o fichas de búsqueda en medios digitales o físicas en espacios públicos no prohibidos o las borre, manipule, oculte o retire sin causa legal para ello”.
Al respecto, la redacción de “espacios públicos no prohibidos” sugiere la existencia de espacios en los que sí estaría restringida la colocación de fichas, mismos que no están claramente definidos y que resultan problemáticos, dado que la pega de fichas en el espacio público sin restricciones es una herramienta clave para la localización de personas desaparecidas. En ese sentido, la aprobación de esta disposición podría invisibilizar la crisis de desaparición que vive Jalisco, entidad que ocupa el tercer lugar de las entidades con más personas desaparecidas y no localizadas en México desde 2018 de acuerdo con el RNPDNO.
Sin embargo, este registro presenta limitaciones, ya que desde 2022, la información de Jalisco se actualiza principalmente a través del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD de Jalisco), lo que dificulta contar con una visión completa y homologada.
Sobre el RNPDNO, el pasado 27 de marzo en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que, tras una revisión de los datos contenidos en el registro, se identificó que 36 % no cuentan con información suficiente para realizar una investigación, 31 % cuentan con actividades registradas después del reporte de su desaparición y las autoridades están en proceso de confirmar su localización, mientras que 33 % no presentan actividades que ayuden a identificar su paradero en vida.
Para estos últimos, de 43 128 registros, sólo 3869 cuentan con una carpeta de investigación a pesar de que 30 480 fueron realizados por Fiscalías, 10 854 por comisiones de búsqueda y únicamente 1794 por medio del portal público. Esta información, lejos de brindar certeza, ha generado nuevas dudas y desconfianza sobre la respuesta institucional frente a la problemática.
Entre los cuestionamientos generados se encuentra la falta de publicación —con las debidas salvaguardas— de la base de registros para corroborar la información presentada. También, persiste la incertidumbre sobre cuántas personas “con actividad registrada” han sido efectivamente localizadas, ya que dicha actividad no necesariamente implica que se encuentren con vida ni que haya sido generada por ellas mismas. Otra preocupación central es que en la mayoría de los casos, no se han iniciado carpetas de investigación, a pesar de que 87 % de los registros provienen de autoridades.
Ante este panorama, las opciones de acción requieren un enfoque integral. Desde el gobierno, es indispensable no sólo crear instituciones y herramientas, sino garantizar su funcionamiento, su coordinación y su evaluación constante. Asimismo, se debe fortalecer la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios periciales, así como establecer mecanismos claros de rendición de cuentas.
También es fundamental garantizar la participación efectiva de las familias en los procesos de búsqueda e investigación, no sólo como observadoras, sino como actoras con capacidad de incidencia. La implementación de políticas debe construirse en diálogo con quienes han vivido directamente la desaparición, reconociendo su experiencia y su conocimiento del territorio.
La pregunta que queda abierta es si existe voluntad política para emprender estos cambios de fondo. La respuesta del Estado Mexicano frente a la ONU no sólo definirá el rumbo de las políticas públicas, sino también la posibilidad de avanzar hacia un país donde la desaparición deje de ser una constante, y en donde las familias puedan, finalmente, acceder a la verdad y la justicia.
Mónica Daniela Osorio Reyes
Investigadora en México Unido Contra la Delincuencia. Socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de Ingeniería en Ciencia de Datos en la Universidad del Valle de México. Focalizada en temas de seguridad, prevención e interesada en los temas de acciones antidrogas, armas y feminismo.
Noemí Na-yhan Núñez Mejía
Abogada en México Unido Contra la Delincuencia. Egresada de la FES Acatlán-UNAM. Actualmente se enfoca en la construcción de estrategias jurídicas en materia de seguridad y política de drogas. Colaboró en el área jurídica de ASILEGAL, A.C., en el tema de personas privadas de libertad y ejecución penal.