Hay 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) dependientes del CONACYT más el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), localizado en el Banco de México. La gran mayoría de los CPIs se fundaron en la década de los años 70 y respondieron a un programa de inversión en investigación científica descentralizada de la capital del país y de las grandes instituciones nacionales de educación superior.

La inversión que ha hecho el país para desarrollar el sistema de investigación científica formado por los CPIs en casi medio siglo ha conseguido importantes resultados para el bien de los mexicanos. Uno de los más tangibles es el de contar, a la fecha, con más de 150 programas de posgrado registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Más de un 25% de ellos tienen el más alto reconocimiento, estando calificados como “programas con nivel internacional”, mientras que la media nacional en este mismo nivel es de alrededor de un 10% solamente.

Además, el número de programas registrados en el PNPC que suman los CPIs está casi a la par (y ligeramente por encima) del número que suman los de la UNAM, según datos presentados por el propio CONACYT hacia el final del sexenio anterior en el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE) —uno de sus CPIs.

Ilustración: Estelí Meza

Lo que esto significa es, entre otras cosas, que los estudiantes que hubieran cursado o cursan actualmente estudios de maestría en alguno de estos programas de posgrado, tienen los conocimientos y la capacidad para competir contra aspirantes de todo el mundo que buscan realizar estudios de doctorado en las principales instituciones del orbe y la competencia para ser admitidos tiene muy altas posibilidades de éxito. También significa que los estudiantes que realizan o realizaron estudios de doctorado en los programas registrados en el PNPC, tienen la capacidad para competir, igualmente, con altas posibilidades de éxito, por posiciones o estancias posdoctorales en instituciones de investigación científica de clase mundial. Desde el inicio de este siglo XXI, la cantidad de mexicanos realizando estudios de doctorado o con posiciones posdoctorales en el extranjero ha sido considerablemente alta como consecuencia de una política de inversión nacional para formar personal científico, tecnológico y en general, humanista, del más alto nivel; todo ello, a través de un sistema de becas cuya fuente principal ha sido el CONACYT.

¿Y para qué ha servido esta inversión? De manera sobresaliente ha servido para “reforestar” los departamentos y facultades de ciencias, ingenierías, letras o humanidades de prácticamente todas las universidades públicas y privadas del país. Esto es, que la labor de formación de recursos humanos de alto nivel realizada en los CPIs, junto con la de los principales centros educativos de excelencia de México, ha contribuido significativamente a formar los nuevos cuadros de profesores universitarios cuyo perfil cuenta ahora con una fuerte componente en materia de investigación científica, de acuerdo a lo que las propias universidades han considerado deseable para su nuevo personal docente. Por ejemplo, las universidades ponderan con gran orgullo en sus informes y reportes de actividades, la manera en que su personal académico ingresa y asciende dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Esto significa que los egresados de los programas de posgrado se mantienen activos como investigadores y son evaluados con estándares de productividad de nivel internacional, de acuerdo a los criterios del propio SNI. Y para conservar los niveles de productividad que exige el SNI, es prácticamente imprescindible mantenerse ligado a muy competitivas redes de investigación científica o actividad académica en las artes o humanidades con niveles de excelencia internacional.

Paradójicamente, los CPIs no han visto “reforestada” su planta científica en la forma en la que un desarrollo científico sano para el avance del conocimiento requiere. Al contrario, lo que se observa en general es que el personal académico se hace viejo y no hay tampoco planes dignos para su jubilación. En el año 2000 se impuso un plan de austeridad para la administración pública federal que se mantuvo en la siguiente administración y que, como principal consecuencia para los CPIs, interrumpió por 12 años la creación de nuevas plazas para técnicos académicos y jóvenes científicos que era necesario incorporar para mantener actualizado el conocimiento generado.

En los países mejor desarrollados, se reconoce que son los jóvenes doctorandos y los jóvenes posdoctorantes los que empujan significativamente la frontera del conocimiento. Hay modelos que han probado ser muy exitosos en materia de desarrollo científico y tecnológico y que están basados precisamente en capitalizar la actividad creativa de los jóvenes. Conscientes de que esto no significa “echar a los viejos para dar oportunidad a los jóvenes”, sino que la ciencia requiere mantenerse en cambio continuo y respondiendo a una sana dinámica de renovación, es imaginable que miembros de la comunidad científica del país advirtieran a los políticos —y concretamente, al Presidente de la República del sexenio anterior— del riesgo que corría la inversión ya realizada si no se corregía el rumbo que se había tomado.

Es concebible que el programa de “Cátedras para Jóvenes Investigadores” del CONACYT creado en el año 2014, haya respondido a una bien intencionada medida correctiva. Sin embargo, el programa nace con importantes deficiencias estructurales. Para explicarlo, baste un ejemplo del tipo “experimento pensado”: imaginemos a un joven científico mexicano educado en el sistema de posgrados nacionales con una beca del CONACYT y que después consiguió realizar, digamos, dos estancias posdoctorales de tres años cada una, en dos importantes laboratorios internacionales. Con esta experiencia y una obra científica de buena calidad publicada en seis o siete años, la comunidad científica internacional lo podría ubicar entre los más destacados científicos jóvenes del mundo dentro de su área de especialidad.

Pero él siente ser producto de las becas mexicanas y de la educación pública del país, lo que le impone un fuerte compromiso por volver a México y tratar de adherirse al personal académico del sitio que lo formó originalmente —su alma o red máter. Después de 2014 encuentra una opción de conseguirlo con una cátedra del CONACYT. Sin embargo, bajo este esquema, debe subordinarse a algún proyecto. Muy posiblemente se trate de un proyecto de ciencia ya establecida en el país cercana al tema de su tesis de posgrado, pero tal vez lejos de la línea vanguardista en la que el joven ya se encontraba trabajando en el extranjero. Imaginemos de paso que para poder desarrollarse como lo estaba haciendo en los sitios donde realizó las estancias posdoctorales que le permitieron florecer, y para mantener la continuidad de su trabajo de vanguardia, necesita de equipo de laboratorio que podría costar alrededor de medio millón de dólares. ¿Quién pagará medio millón de dólares para el laboratorio de este joven? ¿La institución a la que quedó adscrito con el programa de cátedras o el CONACYT? La respuesta real es que nadie en México le financiará el laboratorio que necesitaría para seguir haciendo esa ciencia de vanguardia. Fin de este “experimento pensado”. Y hay muchos otros fallos en el Programa de Cátedras del CONACYT, pero debemos reconocer que al menos el programa ofreció una posibilidad para renovar la planta científica del país y, en particular, después de 14 años sin nuevas plazas, vino muy significativamente a renovar las plantas de académicas de los CPIs; aunque, también es cierto y viene bien decirlo, el esfuerzo ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades y la demanda.

Para entender ahora cómo se ven afectados los CPIs por los recortes presupuestales planteados en el actual plan de austeridad republicana, recordemos lo dicho párrafos antes: que desde el año 2000 ha sido prácticamente imposible tener nuevas plazas para técnicos académicos (no investigadores). En estos casi 20 años hubo también una presión muy grande por vincular el conocimiento científico generado en los CPIs y en las instituciones de educación superior, a las demandas de la sociedad y a las grandes necesidades del país. Estas instituciones desarrollaron unidades de vinculación u oficinas de transferencia de tecnología (conocidas en el medio como OTT’s) que les permitieron, de acuerdo a la ley de ciencia y tecnología vigente, dar servicio a diversos sectores que necesitaban solucionar problemas que requerían de conocimiento técnico especializado y con ello recaudar ingresos propios.

Solamente por mencionar un ejemplo de proyecto de vinculación, señalaría la intervención de los científicos en el rescate de la crisis en la producción de agave para la industria tequilera de finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI. El haber intervenido en la crisis y haber salvado la inminente caída de la producción tequilera por la enfermedad del agave, permitió mantener los niveles de ventas en el mercado internacional y consecuentemente, conservar los empleos de las familias mexicanas de los trabajadores de esta industria.

Pero es en esta situación que, sin plazas para técnicos académicos, los CPIs debieron recurrir a contratar técnicos por honorarios; en una gran mayoría de casos, estos técnicos trabajan en los servicios y proyectos de vinculación con los que las instituciones consiguen los recursos propios faltantes para mantener sus niveles de operación y cumplir con sus compromisos y metas registradas y fiscalizadas por sus órganos de gobierno. Lo perverso de esta lógica es que al topar o incluso prohibir los pagos por honorarios, las instituciones pierden a estos técnicos. Al perderlos, se pierden también las capacidades institucionales para atender las demandas de la sociedad en general —incluyendo instancias gubernamentales— cuando los diferentes sectores sociales recurren a los CPIs y a las universidades en busca de soluciones a problemas  que requieren tanto del conocimiento como de la especialidad técnica que dichas instituciones generan. Debemos insistir en que, sin esta capacidad, no solamente se deja de atender la demanda por resolver problemas importantes, sino que se dejan de captar los ingresos que requieren los CPIs para su operación básica y para enfrentar los déficits con los que inicia cada año fiscal.

Conviene saber que al final de cada ejercicio fiscal, los ingresos propios no ejercidos podían llevarse a un fideicomiso cuyas reglas de operación permitían destinarlos a financiar diferentes actividades sustantivas de los CPIs y a cubrir también los déficits observados entre el presupuesto aprobado de cada año y el gasto realmente ejercido el año anterior, sin dejar de mencionar los gastos de operación y cumplimiento de compromisos que se enfrentan al inicio de cada año, antes de siquiera comenzar a recibir las ministraciones presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda.

La diferencia mayor entre el presupuesto aprobado de cada año y el gasto realmente ejercido el año anterior, no solamente se observa en la partida relativa al pago de nómina, sino también en el pago de servicios básicos como la energía eléctrica y las telecomunicaciones, entre muchos otros.

Ciertamente hay revisiones serias que tenemos que hacer en cada institución para hacer mucho más eficiente el ejercicio del presupuesto anual sin ir en perjuicio de las labores sustantivas y buscando ser justos en cuanto a las condiciones laborales de todo el personal que labora en los CPIs. En particular, las medidas de austeridad a la administración pública federal aplicadas desde el año 2000 dejaron estacionados en niveles muy bajos los salarios de quienes ocupan plazas administrativas en los CPIs (mandos medios), situación que difiere enormemente con respecto a lo que ocurre en otras dependencias gubernamentales; los pocos ajustes salariales que se les han hecho no responden ni siquiera mínimamente al alza del costo de vida; y sin embargo, la demanda ha seguido siendo “hacer más con menos”.

La pregunta obligada es: ¿es en los CPIs donde se están fugando los recursos de la nación? ¿De verdad la Nación Mexicana desea pagar el alto precio de seguir mal-invirtiendo y mal-ahorrando en su ciencia? ¿Sabemos cuántos kilómetros de carretera, por ejemplo, se pueden construir con lo que cuesta en este momento no agravar la operación del sistema de CPIs? Según cifras comparativas de hace más de 5 años, el precio de un kilómetro de carretera en América Latina podía costar un millón de dólares. ¿Es posible que con tan solo lo que costarían 30 kms de carretera se alivien un poco los déficits presupuestales de todos los CPI’s al inicio del año fiscal?

Por otra parte, no son desconocidos los efectos causados por las medidas de ahorro en el gasto público que de vez en cuando han sido demandadas súbitamente desde la Presidencia de la República y que una vez aplicadas se traducen en dejar de recibir completos los recursos del presupuesto aprobado para el año en cuestión. Crisis de este tipo las vivimos en 2009 y en 2016. La preocupación expresada por la comunidad de los CPIs ante el memorándum presidencial del 3 de mayo se debe a que “ya hemos visto esta película”. Al dejar de contar con el total de los recursos que se daban por aprobados, los CPIs quedan endeudados con ellos mismos por haber financiado labores sustantivas que no podían haberse interrumpido desde el inicio del año fiscal hasta la fecha de anuncio del “recorte”. Se deben reprogramar “sobre las rodillas” casi todos los gastos para cerrar el año y casi siempre se hace invocando milagros en la captación de recursos propios. Muchas de las consecuencias se ven reflejadas directamente en los ingresos del personal, en pérdida de personal técnico importante contratado por honorarios y en la merma del buen estado de salud académica que deben conservar los programas educativos del PNPC; estos es, pega en lo fundamental; pega en los viveros.

 

Adolfo Sánchez Valenzuela
Centro de Investigación en Matemáticas