A finales de marzo de este año, el gobierno federal actualizó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y anunció que 132 mil 534 personas siguen desaparecidas en México. Con ello, especificó que los registros se dividían en tres subgrupos según el estado de cada caso: personas con datos insuficientes para su búsqueda, personas que han dejado rastros administrativos de vida pese a figurar como desaparecidas, y personas que continúan desaparecidas al no tener ningún rastro administrativo posterior. La actualización generó preguntas inmediatas: ¿cómo se revisaron los registros para obtener esta nueva cifra? ¿Significa que las autoridades sólo van a priorizar la búsqueda de un subgrupo? ¿Se eliminaron casos de manera arbitraria? Estas preguntas son legítimas y necesarias, pero también encierran un problema: nos llevan a discutir sobre un solo número, producido por una sola fuente, como si fuera el único espejo posible de una crisis que llevamos casi dos décadas sin medir correctamente.
El problema no es únicamente si 132 mil personas son la cifra correcta. El problema es que hemos aceptado, casi sin cuestionarlo, que el RNPDNO es el registro de las desapariciones en México, cuando en realidad es sólo uno de los instrumentos que la propia Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares ordena construir —y que, en su mayor parte, aún no existen o funcionan a medias. Debatir sobre esa cifra sin preguntarnos qué otros datos deberíamos tener, por qué no los tenemos y qué sesgos porta el registro que sí existe es un error que tiene consecuencias. Es como intentar navegar con un mapa al que le trazaron el contorno del territorio, pero le faltan las escalas, las rutas y aún quedan zonas sin trazar porque no hemos logrado cartografiarlas.
La experiencia internacional en contextos de conflicto y de violaciones graves a derechos humanos muestra que ningún registro oficial —ni el más robusto— logra capturar por sí solo el universo de víctimas de la violencia. Siempre hay personas que no son contadas: las que viven lejos de las ciudades, las que no tienen redes para difundir su caso, las que desaparecen en lugares donde la violencia hace inaccesible la documentación. Esto no invalida los registros, pero sí exige que sepamos leerlos con honestidad: como muestras parciales, atravesadas por sesgos técnicos y políticos, que sólo adquieren sentido cuando se contrastan con otras fuentes. Por lo general, es igual de importante conocer por qué se generó una determinada cifra, cómo se obtuvo dicho número y qué víctimas fueron o no contadas. En México, esa conversación —la que reconoce los límites de lo que medimos y pregunta por lo que no medimos— todavía está pendiente.
El caso más cercano a un conteo completo fue el del Centro de Investigación y Documentación de Sarajevo, creado para documentar a las víctimas de crímenes de guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-1995). El Centro tuvo acceso a fuentes oficiales y no oficiales, logrando contabilizar más de 95 mil nombres de víctimas del conflicto. Peritajes posteriores e independientes confirmaron que esta base de datos tenía una alta calidad y que, a pesar de no contabilizar a todas las víctimas, el registro era casi completo. Una estimación posterior estableció que el centro faltó por contabilizar aproximadamente diez mil personas.
El caso de Sarajevo es, sin embargo, la excepción. Por lo general, las fuentes y registros de personas víctimas de violencia presentan sesgos distintos y un problema de visibilidad que debe entenderse e intentar solucionarse. Los retos de visibilidad pueden deberse a dos factores. El primero se refiere a las propias características sociales o políticas de las víctimas, y el segundo a las limitaciones de las instituciones u organizaciones encargadas de documentarlas.
Respecto a lo primero, pensemos en dos personas que desaparecen el mismo día. Una es profesionista, vive en una ciudad con cobertura mediática y cuenta con una red amplia que puede difundir su caso. La otra es una persona indígena que trabaja en el campo, vive en una comunidad con menor cobertura mediática y su red social es menor. La primera tiene más probabilidades de ser reportada y registrada como desaparecida. Las desigualdades sociales también determinan quién es registrado y buscado por el Estado.
Respecto a lo segundo, las instituciones, organizaciones, colectivos o investigadores que registran la violencia pueden estar generando información con una serie de sesgos que no necesariamente se toman en cuenta. Expertas han establecido que pueden existir al menos catorce tipos de sesgos en bases de datos que documentan conflictos o violencia, como las desapariciones, los cuales pueden tener un origen técnico, político o ambos. Por ejemplo, puede haber un sesgo urbano, en el que sólo se documentan hechos ocurridos en grandes ciudades. En Perú, expertas que trabajaron en la Comisión de la Verdad y Reconciliación notaron este sesgo y que existía una cifra incorrecta de víctimas. En un inicio, se pensaba que 24 mil personas habían sido víctimas de asesinatos o desapariciones durante el conflicto armado interno (1980-2000). Sin embargo, la mayor parte de estas víctimas había sido documentada en las zonas urbanas de Perú. Se identificó que había otro número de víctimas “no observadas” que eran sistemáticamente distintas. Estas víctimas fueron asesinadas o desaparecidas en zonas rurales del Perú. Tras realizar una serie de correcciones y estimaciones estadísticas, se determinó que el número real de víctimas podría ascender a 69 mil 280.
También pueden existir sesgos por el tamaño del evento, en los que solo se documentan los que registraron un mayor número de víctimas. Este sesgo se identificó en Irak tras la invasión estadounidense de 2003. Ante la falta de cifras oficiales generadas por el ejército norteamericano, diversas instituciones, como el Iraq Body Count, generaron esfuerzos por subsanar la falta de información y conocer el número de civiles que habían sido asesinados en el conflicto. Para el caso del Iraq Body Count, evaluaciones han determinado que sus datos tienen este segundo sesgo, ya que sus registros se generaron verificando información proveniente de medios internacionales o nacionales que hablaran sobre ataques a civiles. Sin embargo, los estudios notaron que, en este conflicto, los medios por lo general reportaban un evento solo cuando había un número alto de civiles asesinados. Por lo que eventos con pocos números de víctimas no eran reportados porque no habría interés de los medios en difundirlos.
Además, puede haber sesgos de acceso, en los que los lugares donde se genera la violencia se vuelven inaccesibles en determinados momentos para quienes documentan los hechos, debido a la propia violencia. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Darfur, catalogado como el “genocidio silencioso”. Ha habido múltiples momentos en los que organizaciones locales e internacionales han aceptado que la violencia se vuelve inobservable porque simplemente no hay condiciones de acceso. Por ejemplo, en la ciudad de Bor, en 2013, la violencia alcanzó tal nivel que actores independientes pudieron acceder meses después, y las cifras de las masacres aún fluctúan significativamente.
Los ejemplos previos se aplican al contexto mexicano y nos plantean varias cuestiones para llevar al debate. El RNPDNO es solo una de las diversas fuentes o registros que documentan oficialmente a las personas desaparecidas. Como ya se mencionó, la experiencia internacional ha mostrado que casi siempre las listas oficiales y no oficiales están incompletas, y en el caso mexicano aún no sabemos qué tan marcado es su sesgo.
A pesar de que la cifra de 130 mil personas desaparecidas nos puede dar una aproximación, la realidad es que todavía no se puede conocer con precisión este número y parece que aún no existen condiciones políticas y técnicas para evaluar esta herramienta y la calidad de sus datos. Esto no significa que herramientas como el RNPDNO se vuelvan automáticamente inservibles; sin embargo, debe haber una mayor responsabilidad tanto en quien genera los datos como en quien los usa y comunica para diferentes fines.
Con esto en mente, señalo seis puntos concretos para mejorar la discusión técnica y política en torno al RNPDNO.
1) Tener una verdadera trazabilidad de los datos. Uno de los problemas de los registros oficiales es que no sabemos cuáles son las verdaderas razones por las que se ingresan o se eliminan los nombres de personas desaparecidas. Simplemente tenemos cortes en el tiempo y las explicaciones no son claras, como se ha reiterado en múltiples ocasiones. Además, tampoco hemos identificado la multiplicidad de fenómenos que pueden existir en torno a los casos de personas reportadas como desaparecidas.
2) Conocer con certeza qué variables o indicadores alimentan al RNPDNO, cómo se registran y cuál es su calidad. A pesar de que se menciona que el RNPDNO cuenta con 450 variables o atributos para cada persona desaparecida que ingresa, la realidad es que esto permanece meramente anecdótico. Saber cuántos campos en realidad se tienen, cómo se registran y cuáles permanecen con información nula es una tarea básica que debe realizarse con cualquier herramienta informática.
3) Contar con datos verdaderamente abiertos del RNPDNO, así como de fiscalías estatales y comisiones de búsqueda locales. Uno de los problemas de varios años que hemos tenido respecto al fenómeno de desapariciones es la falta de información y de transparencia en el acceso que tenemos, como sociedad, a estos datos. En el caso del RNPDNO, los datos son medianamente consultables en un tablero que solo permite acceder a ellos de manera parcial y resulta casi imposible cruzarlos o descargarlos para una evaluación o un análisis. Además, desde hace años se han documentado las contradicciones y las decisiones de fiscalías o comisiones de no compartir datos sobre el fenómeno. Por ejemplo, casos como el de Guanajuato o Guerrero, donde las fiscalías han negado sistemáticamente la existencia de datos o incluso de fenómenos asociados como los hallazgos de fosas clandestinas. Como se mencionó en este ensayo, las mejores experiencias para estimar el número de víctimas son aquellas que logran acceder a más datos desde el inicio.
4) Evaluar cómo las fiscalías y las comisiones de búsqueda comparten datos con el RNPDNO. El RNPDNO, por su diseño, se alimenta de información que existía en el antiguo Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como de los datos que envían las comisiones de búsqueda locales y las fiscalías estatales. La realidad es que no sabemos cómo se comparten estos datos ni si existen estándares mínimos. También se han documentado discrepancias significativas en los datos registrados por los estados y la Comisión Nacional de Búsqueda, a pesar de que, en teoría, deberían contar con los mismos datos.
5) No condicionar la creación de un registro y una búsqueda a una carpeta de investigación. Condicionar que una persona sea registrada y buscada a partir de la creación de una carpeta de investigación es problemático por varias razones. Lo más importante es que es contradictorio con lo que la propia Ley General establece. La segunda es ignorar las fallas sistemáticas de las autoridades en materia de investigación para crear estos datos y detonar las acciones pertinentes. Tercero y último, está limitando aún más la calidad de la información y la visibilidad de las personas que podrían ser reportadas o no reportadas como desaparecidas.
6) Exigir la implementación del resto de las herramientas informáticas contempladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Recordemos que el RNPDNO es solo una de las siete herramientas que generan datos contempladas en el artículo 48 de la Ley General. Estos son el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas; el Registro Nacional de Fosas; el Registro Administrativo de Detenciones; la Alerta Amber y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. De estas herramientas, los plazos previstos desde la entrada en vigor de la ley en 2018 para su creación no se cumplieron y aún no sabemos qué ha ocurrido con el Registro Nacional de Personas Fallecidas ni con el Registro Nacional de Fosas. Respecto al Banco Nacional de Datos Forenses, también se han documentado el retraso y la falta de transparencia. Es importante recordar que la discusión también debe trasladarse a los estados, ya que, al ser una Ley General, las autoridades correspondientes también están obligadas a replicar y contar con su propio registro de personas desaparecidas, sus registros de fosas clandestinas y sus registros de personas fallecidas.
En resumen, se necesita mucha mayor transparencia técnica y metodológica tanto en el RNPDNO, que sí existe, como en el resto de bases y registros oficiales que deberían existir. Existen, además, otras muestras o registros de casos, como los producidos por los propios colectivos de familiares, organizaciones y universidades. Conocer la verdadera cifra de personas desaparecidas implicaría un esfuerzo monumental para evaluar gradualmente todos estos datos y confrontarlos con los de las autoridades. Solo de esta forma podríamos estimar la verdadera magnitud del fenómeno. Lograrlo exigirá un esfuerzo independiente y la cooperación sostenida de múltiples actores durante varios años. Incluso la reciente decisión , en virtud del Artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, por parte del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, respecto al caso mexicano, podría ser una oportunidad para avanzar con esto. Como las propias familias mencionan, las personas desaparecidas son más que números y tienen historias que no debemos olvidar. Desde el punto de vista estadístico, resulta preocupante que, desde que inició este periodo de desapariciones a finales de 2006, aún no generemos ni discutamos sobre todas las herramientas necesarias para poder saber a cuántas personas desaparecidas deberíamos estar buscando.
Jorge Ruiz Reyes
Investigador Asociado del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame.