Temporada de agravios: el SNI

El inicio del otoño se acompaña de una sucesión de agravios en contra de la ciencia mexicana. Cada nueva medida que adopta el gobierno en este sector, entraña un golpe contra las comunidades dedicadas a la investigación científica, tecnológica, humanística y a la innovación. Como el estancamiento presupuestario proyectado para el próximo año, o la extinción de fondos y fideicomisos cuya decisión final se ha puesto en manos de una mayoría parlamentaria que hasta ahora se ha mostrado servil. Cada nueva medida parece significar una cortina de humo para ocultar la anterior. Pero en esta humareda de ultrajes corre el riesgo de quedar oculta la reciente reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI.

Ilustración: David Peón

Para quienes no estén familiarizados con lo que es el SNI, se trata de un Sistema dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al cual los investigadores solicitan su ingreso o también su permanencia (si ya fueron aceptados en una promoción anterior). La solicitud va acompañada de sus trabajos que son revisados por grupos de expertos reunidos en Comisiones Dictaminadoras divididas en especialidades o campos del conocimiento, lo que se conoce como evaluación por pares. Quienes son aceptados, reciben el nombramiento de Investigador Nacional y un estímulo económico cuyo monto varía de acuerdo con el nivel que se les asigna de acuerdo con el resultado de la evaluación (Candidato, Niveles I, II o III y eméritos).  

No me voy a remontar aquí al surgimiento de este Sistema nacido en 1984, cuando los bajos salarios alentaban una fuga de cerebros que amenazaba con desmantelar el sistema científico de nuestro país. Sólo mencionaré que su creación fue resultado del esfuerzo de instituciones como la Academia de la Investigación Científica (actualmente Academia Mexicana de Ciencias) y la subsecretaría de educación superior de la Secretaría de Educación Pública, así como del talento de grandes científicos y políticos mexicanos, entre los que me gustaría mencionar, con los riesgos de la memoria, a Jorge Flores, Salvador Malo, José Sarukhán, Pablo Rudomín y Jesús Reyes Heroles. Pero eso es historia que para algunos, como es mi caso, puede importar mucho; pero a otros, que he escuchado y leído no, ya que consideran por ignorancia que es herencia de un “pasado neoliberal”.

Pero atendamos al presente, ya que la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, decidió realizar una reforma al reglamento del SNI, la cual fue publicada, con todo y errores (como suele ser ahora característico de los documentos y convocatorias de ese Consejo), en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 21 de septiembre.

Eludir la ley

Hay hechos que pueden ser útiles para entender este cambio. Luego de la publicación en febrero de la convocatoria para el ingreso o permanencia al SNI, no fueron convocados los representantes electos de los investigadores a las sesiones del Consejo de Aprobación, órgano máximo de este sistema, por lo que el actual procedimiento de evaluación bien podría ser ilegal. Así lo consideró una de las representantes electas, la doctora Gloria Soberón Chávez, quien obtuvo de un juez federal una medida cautelar a su favor dentro de un juicio de amparo contra el Conacyt, por impedir la participación de los representantes de los científicos. En un comunicado que se difundió ampliamente en las redes sociales, la investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que “…el procedimiento de evaluación para ingreso o permanencia del SNI 2020 no puede ser considerado válido si no se respeta la representatividad de la comunidad del SNI en la toma de decisiones del Consejo de Aprobación”.

La resolución del Juez tiene otra implicación muy importante, pues una vez electos, los representantes de los investigadores al SNI, pasan a ser miembros de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), organismo que también forma parte del Consejo de Aprobación. El juez determinó además que a la demandante se le reconozca “el carácter de miembro de la Mesa Directiva del FCCyT… y para que se respete la autonomía, patrimonio propio y personalidad jurídica del FCCyT hasta en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo”.

Lo anterior ocurrió antes de la publicación del nuevo reglamento. En la versión actual del mismo se elimina el “Consejo de Aprobación” ya citado, y se sustituye por un “Consejo General”. Se trata más bien de un cambio de nombre, pues quienes lo integran son prácticamente los mismos, con un agregado (se añade a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuies), pero se elimina al Foro Consultivo. Sobre la representación de los científicos se dice que formarán parte del Consejo tres investigadores miembros del SNI, de acuerdo con lineamientos que se emitirán en el futuro, es decir, por lo pronto esa representación no existe. 

Hasta aquí  parece claro que uno de los propósitos de la nueva reglamentación es intentar eludir el cumplimiento de los mandatos judiciales en curso, con el Foro y los representantes electos. No soy abogado, pero no estoy seguro que con eso le alcance a la dirección del Conacyt para librar las determinaciones judiciales pendientes, entre otras cosas porque en un comunicado fechado el 23 de septiembre, Gloria Soberón  hace notar que luego de la publicación de la nueva reglamentación las irregularidades siguen presentes lo que “…dará lugar a la ampliación de la demanda de amparo en curso”.

Las prisas y los tropezones

Otra grave irregularidad es el momento en el que se produce esta modificación. Para empezar ocurre cuando está en marcha el procedimiento de evaluación pues aún no se han dado a conocer a los participantes los resultados de la convocatoria de este año. Como la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación (22 de septiembre), no estaría claro cuál de los dos reglamentos (el actual o el anterior) será el que prevalezca en la evaluación en curso. Como lo ha hecho notar Antonio Lazcano, esto puede dar lugar a impugnaciones. Lo anterior sugiere que había mucha prisa para realizar este cambio.

Pero quiero llamar la atención aquí sobre un hecho que considero muy importante. El proceso de evaluación de este año aparentemente no ha concluido, sin embargo el primero de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados su Segundo Informe de Gobierno, un documento que está acompañado de los correspondientes anexos en los que se detallan las acciones realizadas en el periodo que abarca dicho informe. Al revisarlo me encontré con una sorpresa, pues ahí ya se incluyen los resultados de este año: 

La convocatoria 2020 del SNI, publicada el 14 de febrero de 2020 tuvo como resultado la aceptación de 32,768 científicos y tecnólogos. De éstos, 26.4% (8,636) son Candidatos, 51.4% (16,854) son Nivel I; 14.4% (4,720) son Nivel II y,7.8% (2,558) son nivel III (p. 453).

A continuación el anexo detalla con números y porcentajes la distribución por áreas del conocimiento. Yo sinceramente no entiendo cómo los resultados de una evaluación que supuestamente se encuentra en  marcha se conocen mucho tiempo antes, al grado que se incluyen en el informe presidencial. Esto no deja lugar a dudas de que el procedimiento se realizó con base en el reglamento previo y que es a todas luces ilegal pues se excluyó tanto al Foro como a los tres representantes de los investigadores en todo el proceso.

La guerra contra la biotecnología

Como puede verse el cambio en el reglamento del SNI se encuentra inmerso en serios problemas, pero quizá uno de los más graves es la eliminación de la biotecnología. Las Comisiones Dictaminadoras son las encargadas de evaluar la calidad, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores. Están formadas por científicos de alto nivel en cada disciplina, lo que garantiza la evaluación por pares. Pero este campo del conocimiento fue borrado de un plumazo.

Esto provocó de inmediato la reacción de diversos sectores de la comunidad científica. Entre las múltiples expresiones de rechazo como las expresadas por organizaciones científicas como la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y diversos especialistas de forma independiente. Me detengo en una carta firmada por ex presidentes de dicha sociedad científica, varios de ellos galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y con reconocimientos internacionales. En la misiva señalan que México cuenta con más de 9 mil profesionales activos en biotecnología que representa casi la tercera parte de la investigación nacional, recuerdan que en el país hay más de 300 posgrados en esa especialidad con más de 7 mil inscritos que nutren a la investigación y a empresas biotecnológicas. Destacan además el papel que está desempeñando la biotecnología para enfrentar la pandemia en la caracterización genómica de los virus circulantes en México, el desarrollo de vacunas, pruebas de diagnóstico y agentes terapéuticos. Señalan además que “La vacuna contra el SARS-CoV-2 será, sin duda alguna, un logro de la biotecnología moderna”

La carta incluye un mensaje muy claro: “La biotecnología tiene raíces históricas inmersas en prácticamente todas las civilizaciones y, contrario a creencias populares sin sustento, no se restringe a la ingeniería genética, la cual es solamente una de sus herramientas más recientes y poderosas”.

En efecto, no es un secreto la aversión de la directora general del Conacyt hacia este campo el conocimiento, en especial en lo que se refiere a la ingeniería genética y particularmente a los estudios sobre organismos genéticamente modificados (OGM). Elena Álvarez-Buylla ha expresado públicamente su rechazo no sólo a la investigación sobre plantas transgénicas, sino además al empleo de otras técnicas de vanguardia a nivel mundial como la edición genética o la biología sintética.

Aquí hay una discusión importante, pues si bien es cierto que ha existido y existe un debate en diversos países en relación con los cultivos de plantas transgénicas, no ocurre lo mismo —salvo en México— con la investigación científica y tecnológica sobre estos organismos. Se trata de dos temas distintos, pues los debates científicos se resuelven con más investigación y no prohibiendo o limitando la indagación científica.

El activismo de la directora del Conacyt y sus seguidores, que persigue la defensa del maíz nativo, lo traslada indebidamente al campo de la investigación científica, cuando no se trata de cosas equivalentes, pues no es lo mismo la siembra de plantas a cielo abierto, que la investigación bajo condiciones controladas para avanzar en el conocimiento de los posibles riesgos y beneficios de estos organismos.

El Conacyt publicó el 25 de septiembre un “Aviso aclaratorio” en el que afirma que la biotecnología no desapareció del nuevo reglamento pues los investigadores de esa disciplina ahora pueden ingresar su solicitud a través de tres comisiones diferentes, señala que “sólo se eliminó la nomenclatura anterior” y arremete contra quienes sostienen lo contrario acusándolos de emitir declaraciones falsas y distorsionadas para confundir a la opinión pública. Pues sí, sólo que a quienes se refiere incluyen, como hemos visto, a los investigadores de esa rama del conocimiento y varias sociedades científicas, lo que confirma el constante enfrentamiento de la directora de este organismo con los investigadores (se trata de una servidora pública) a quienes teóricamente debería apoyar y servir.

La democracia soy yo

Para proceder a la publicación del nuevo reglamento en el Diario Oficial, Elena Álvarez-Buylla tuvo que pasar el filtro del la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). No se trata de una relación nueva, más bien hay ahí una historia breve pero sustanciosa de complicidades, donde unos hacen como que revisan e imponen restricciones y los otros hacen como que las cumplen, como lo hemos relatado aquí en el caso de la modificación del Estatuto Orgánico del Conacyt cuyo objetivo fue anular la autonomía del Foro Consultivo.

Esta Comisión inicialmente solicitó al Conacyt que su proyecto de reforma al reglamento se sometiera a una consulta pública. La repuesta fue que ya se habían recogido las reflexiones del “público usuario” los investigadores y ayudantes. ¿Cómo y cuándo se recogieron esas reflexiones? La realidad es que nunca se realizó una consulta entre investigadores que integran este sistema, que como hemos visto suman ya casi 33 mil miembros, por lo que se actuó a espaldas de la comunidad científica. Paradójicamente en un comunicado de la dirección general, el Conacyt señala que el nuevo reglamento es más representativo de la comunidad científica. Su lectura es muy recomendable, pues informa sobre los que a su juicio son los beneficios del nuevo reglamento.

¿Anticipo de la nueva Ley de CTI?

Queda muy poco tiempo para que se de a conocer el proyecto de nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación el cual tendrá que aprobarse por mandato constitucional antes que concluya 2020. Algunos investigadores como Rafael Lozoya y Judith Zubieta han examinado los cambios legales recientes impulsados por el Conacyt, como su Programa Institucional 2019-2024 (en el que advierten también sesgos ideológicos). Si consideramos ahora el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, ambos contienen elementos que anticipan la orientación que tendrá la nueva Ley, como lo ha advertido recientemente Alejandro Canales, lo que de ser así se añadirá a la lista de agravios contra los investigadores y  la ciencia mexicana.

Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico.