“Fui privado de mi libertad en territorio nacional, mediante coacción física y engaños, posteriormente fui trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia los Estados Unidos de América, por un particular mexicano, sin autorización de las autoridades mexicanas”.
Así comienza la solicitud de asistencia consular y repatriación a México presentada por Ismael, el Mayo Zambada. Su afirmación coincide con la declaración del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien sostuvo que la llegada no fue organizada por el gobierno estadounidense: “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestros agentes en México”. A partir de ello, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, inició una investigación sobre los posibles implicados en el traslado del narcotraficante por el delito de traición a la patria, criterio que también compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la teoría política, la soberanía se refiere al poder de mando que, en última instancia, sostiene a una comunidad política dentro de un territorio determinado y la distingue de otras comunidades políticas. El concepto remite, por tanto, al ejercicio del poder político y a por lo menos tres mecanismos mediante los cuales este se impone: el jurídico, el coercitivo y las redes formales e informales de dominación.
La grieta en la soberanía nacional se abrió el 25 de julio de 2024, cuando Ismael, el Mayo Zambada, fue extraído ilegalmente de territorio mexicano. La produjo el sistema político y criminal articulado en torno Rubén Rocha Moya y organizado por Enrique Inzunza. La intención habría sido doble: mantener la alianza narcogubernamental con los Chapitos y deshacerse de Héctor Melesio Cuén, principal opositor de Rocha tanto en el estado como en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fausto Corrales, chofer de Cuén, declaró que tanto Rocha como Inzunza estuvieron presentes en el rancho donde Cuén fue asesinado y el Mayo Zambada secuestrado; declaración que coincide con los hechos relatados en una carta redactada por el Mayo Zambada. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar dichas declaraciones, mientras que la Fiscalía General de la República sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía de Sinaloa eran falsas. También se conoció la participación de integrantes de seguridad estatal en los hechos. Finalmente, la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada presentó su renuncia.
Los indicios apuntan a que las redes formales e informales de dominación estatal actuaron sin conocimiento de las autoridades federales; también, que los mecanismos coercitivos del estado operaron en favor de un grupo delictivo y que la Fiscalía de Sinaloa utilizó discrecionalmente su poder para intentar ocultar los hechos. Todo ello permitió el traslado de un ciudadano mexicano hacia Estados Unidos sin que, conviene insistir, el poder político central tuviera conocimiento de la operación.
El 21 de abril de 2026, dos agentes de la CIA murieron tras un accidente en la sierra Tarahumara, junto al director local de la Agencia Estatal de Seguridad, Pedro Oceguera, y su escolta, Manuel Méndez. El hecho tuvo repercusiones políticas inmediatas: el oficialismo acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de traición a la patria, por haber permitido que agentes estadounidenses hubieran entrado a suelo mexicano sin que lo supiera el gobierno federal, de haber usado las redes formales e informales del gobierno estatal para ocultarlo y que la Fiscalía del estado fue partícipe de ello. El Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó posteriormente su renuncia.
Los agentes de la CIA participaron en un operativo para desmantelar uno de los laboratorios más grandes del Triángulo Dorado (donde colindan Chihuahua, Durango y Sinaloa), en el municipio de Morelos, en la sierra Tarahumara, en Chihuahua. El laboratorio pertenecía al Cártel de Sinaloa. Quizás por un mal cálculo, o por la soberbia del poder, fue Enrique Inzunza quien fungió como vocero en el Senado para pedir que la gobernadora rindiera cuentas al respecto.
El senador sostuvo que la soberanía nacional constituye un principio irrenunciable de la historia política de México y afirmó que la Constitución prohíbe cualquier forma de intervención extranjera en asuntos que competen exclusivamente al Estado mexicano. A partir de esa premisa, acusó al gobierno de Chihuahua de haber permitido y encubierto la participación de agentes extranjeros en operaciones realizadas en territorio nacional, lo que, a su juicio, vulneraba directamente los artículos 39 y 40 constitucionales.
Durante esos días, el embajador estadounidense y ex oficial de la CIA, Ronald Johnson, visitó Sinaloa para participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol, en Topolobampo, acto encabezado por Rubén Rocha Moya. Durante su intervención, el diplomático subrayó que la inversión depende de la existencia de condiciones de certidumbre institucional y no es posible en entornos marcados por la corrupción. También señaló que las empresas difícilmente destinan capital a lugares donde prevalecen reglas ambiguas, falta de transparencia y mecanismos débiles de rendición de cuentas.
El 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York presentó acusaciones contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros integrantes de su administración, a quienes vincularon con actividades del narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa. Tras darse a conocer la información, varios de los señalados, incluido el gobernador, solicitaron licencia a sus cargos mientras se esclarecían los hechos. Inzunza, en cambio, no acudió al Senado y tampoco presentó licencia.
Entre los señalamientos formulados por la fiscalía destaca uno que ha recibido menor atención pública: la presunta participación directa de la estructura política y policial encabezada por Rocha y operada por Inzunza en la tortura y asesinato de un informante de la DEA que colaboraba en investigaciones sobre el actuar del Cártel de Sinaloa. La acusación adquiere una dimensión particularmente delicada por involucrar a una agencia del gobierno de Estados Unidos y por sostener que funcionarios estatales habrían utilizado instituciones públicas para favorecer las operaciones del grupo criminal.
A partir de estos acontecimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo han buscado reivindicar un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional: México, sostienen, es un país soberano y ninguna potencia extranjera puede decidir sobre sus asuntos internos. El problema radica en que la fractura de esa soberanía provino, precisamente, de actores vinculados al propio oficialismo.
La grieta en la soberanía no se abrió en Chihuahua, sino en Sinaloa, cuando la estructura política y de seguridad del gobierno estatal participó en el secuestro de Ismael, el Mayo Zambada, y en su traslado ilegal hacia Estados Unidos, así como en el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Ahí se resquebrajó la autoridad soberana del Estado mexicano. Más tarde, pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador calificó aquellos hechos como una posible traición a la patria (y la investigación de la Fiscalía al respecto sigue en curso) el oficialismo acusó a otro gobierno estatal de vulnerar la soberanía nacional por la presunta participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio ligado al Cártel de Sinaloa.
El costo político de esa narrativa aumentó cuando Enrique Inzunza subió a la tribuna del Senado para señalar al gobierno de María Eugenia Campos de haber facilitado la injerencia de un gobierno extranjero en asuntos nacionales. La contradicción resultó inevitable: el mismo senador que denunciaba intervención extranjera enfrentaba acusaciones por su presunta participación, como secretario de Gobierno de Sinaloa, en la extracción ilegal del Mayo Zambada hacia territorio estadounidense.
La grieta en la soberanía nacional se ensanchó todavía más el 15 de mayo de 2026, cuando se hizo público que Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Rubén Rocha Moya, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregaron voluntariamente al gobierno de los Estados Unidos con la intención de colaborar como testigos. Esto después de que el director de la DEA declarara que los funcionarios mexicanos “son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadunidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera […] esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”. La noticia adquirió una dimensión todavía mayor cuando comenzó a circular la información (que posteriormente fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum) de que la Unidad de Inteligencia Financiera había congelado las cuentas de Rocha, Enrique Inzunza y otros presuntos implicados.
Paradójicamente, mientras esto ocurría, Morena impulsaba en Chihuahua una movilización en defensa de la soberanía nacional y en contra de la gobernadora del estado. Encabezada por Ariadna Montiel, la marcha buscó construir un relato de intervención extranjera frente a la actuación de autoridades estadounidenses. El efecto político, sin embargo, resultó limitado, pues la discusión pública ya no se concentra únicamente en la injerencia externa, sino en la incapacidad del propio régimen para impedir que estructuras criminales penetraran el poder estatal.
Si el gobierno mexicano pretende restituir la soberanía nacional, el caso Sinaloa tendría que investigarse hasta sus últimas consecuencias. Ello implicaría desmontar la estructura política construida por Rubén Rocha y Enrique Inzunza y demostrar que ninguna persona, facción o red criminal puede colocarse por encima del Estado mexicano. El gran problema es que dos de los principales engranes de ese sistema, ya se encuentran en Estados Unidos dispuestos a colaborar con sus autoridades.
La negación y envolverse en la bandera no ayudan en nada a la soberanía nacional; recuperar la rectoría sobre la dirección política, jurídica y sobre las redes formales e informales de la comunidad política, sí. El problema es que la presidenta parece únicamente saber hacer lo primero y no tiene idea de cómo conseguir lo segundo. Peor aún: quizás ya es demasiado tarde para intentarlo.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente