La cascada de acontecimientos recientes han colocado en un punto crítico las relaciones entre México y Estados Unidos, y han mostrado al mundo la terrible magnitud de las crisis de derechos humanos en México. Estos hechos ponen al gobierno de Claudia Sheinbaum en una situación que exige decisiones de calado histórico. No se trata de una crisis pasajera, creada por la confluencia de factores diversos, sino de una crisis de régimen, no sólo de gobierno. La ceguera ante los problemas que se acumulan, el intento de convertir las demandas de Estados Unidos en fuente de resistencia nacionalista a la manera del cardenismo, y la obvia parálisis económica derivada de la falta de inversión, son procesos que indican que las cosas no pueden seguir como están. No puede mantenerse el pacto con poderes criminales regionales, no puede usarse el poder judicial como botín político, no puede negarse la brutal ineficacia del Estado en virtualmente todas las áreas sin pérdida de legitimidad política y sin riesgo de alimentar el intervencionismo imperial de Trump. No hay espacio ni tiempo para simular que no pasa nada. Y por ello la presidenta tendrá que tomar decisiones, sea en el sentido de “institucionalizar” las erosionadas bases de un régimen semipopulista y tornarlo cada vez más autoritario, o romper con ellas e intentar crear un régimen que todavía mantenga la promesa de la democracia y funde su legitimidad en un Estado de Derecho (a construirse a largo plazo) y en la articulación de nuevas alianzas políticas entre gobernantes y sociedad.
Factores internos e internacionales hacen inviable no hacer nada y dejar que las crisis del día caigan en el olvido. Desde dentro, la estrategia de seguridad que se vende como exitosa ha consistido en la captura más o menos sistemática de cabecillas regionales del crimen organizado, sin tocar las bases de las alianzas de éstos con las clases política y empresarial. Tenemos miles más de detenidos en cárceles de suyo saturadas, a sabiendas de que el sistema de justicia no puede procesar sus casos y que su permanencia en prisión depende del uso abusivo de la prisión preventiva, por lo cual, más temprano que tarde esos detenidos saldrán o se les inventarán “pruebas” basadas en las delaciones de otros criminales, delaciones que para la presidenta no constituyen prueba aceptable en el caso de los políticos mexicanos indiciados por Estados Unidos. La presidenta ha comprado tiempo con la campaña de García Harfuch, pero no ha hecho nada para crear un sistema de justicia operativo. La Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales continúan sin recursos humanos, tecnológicos ni financieros, por lo que son inoperantes para todo fin práctico, de ahí el inconcebible índice de impunidad de 96% que sufre México. Apenas se plantean las autoridades “profesionalizar” las policías estatales y municipales, siguiendo el patrón de los gobiernos anteriores, pero al igual que antes, sin plan ni sistema, y sin crear una policía de investigación federal y sus correspondientes locales. Continúa vigente el pacto de impunidad con los políticos oficialistas que han tenido tratos con alguna fracción del crimen organizado y/o que se han corrompido en el ejercicio del poder en el gobierno de López Obrador y el actual. Procesar a un par de gobernadores y funcionarios estatales y municipales representa el riesgo de causar pánico en las filas morenistas. Procesar a los marinos, militares, políticos y empresarios que usaron el “huachicol fiscal” para enriquecerse en años muy recientes implica la posibilidad de exponer unas redes de colaboración en las que participan o han participado cientos de políticos, funcionarios y empresarios en activo. Dado que, de manera deliberada, no hay investigaciones sobre estas redes de macrocriminalidad, si la presidenta intentara dar un golpe en la mesa y sancionar, así sea selectivamente, a los más conspicuos políticos corruptos y/o aliados del crimen organizado, arriesgaría una rebelión en la granja, una reacción defensiva a la que le está dando pretexto la propia mandataria con su precaria reacción nacionalista frente al embate de Trump.
En la misma dirección apunta la negativa oficial a admitir la magnitud dantesca de las tragedias de desaparición forzada de personas, documentada, esta sí, de manera abrumadora por decenas de estudios y, más recientemente, por la Comisión contra la Desaparición Forzada de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es ya un escándalo internacional la inacción del gobierno actual ante la demostración palpable de la continuidad de estos delitos de lesa humanidad, y peor aún, ante la negativa a aceptar colaboración internacional para iniciar un proceso de justicia transicional, que es la vía única para tratar de sancionar a los culpables de estos execrables delitos. La negación enfática de la presidenta a enfrentar este problema la debilita ante la sociedad civil nacional e internacional. Es increíble que a la fecha la presidenta Sheinbaum se haya negado a recibir a las líderes de las colectivas de familiares de víctimas de desaparición forzada. Y ahora, si no acepta la cooperación internacional, convertirá a México en un paria frente al mundo, perdiendo el prestigio que había ganado en décadas pasadas. Habrá perdido además la mejor oportunidad que ha tenido México para intentar reformar el sistema de justicia y atacar la intolerable impunidad.
Para colmo, el gobierno de Sheinbaum enfrenta una crisis fiscal sin precedente, causada por decisiones de López Obrador y agravada por la falta de valor de la presidenta para variar de rumbo. Desde el sexenio pasado, el gobierno federal padece un ajuste de gasto tan brutal que ha causado un desastre en el sector salud, la precarización aún mayor a la existente en la educación en general, pero en especial en la educación superior y el desarrollo de ciencia y tecnología. Asimismo, el reemplazo de la tecnocracia anterior significó la llegada de cientos o tal vez miles de cuadros impreparados, improvisados e inexpertos en casi todas las áreas de la administración pública. Los gobernadores oficialistas han reproducido este esquema en grados aún mayores. La calidad de la gestión gubernamental, de suyo precaria, está hoy por los suelos, problema del que tomará mucho tiempo recuperarse. El gasto improductivo en las obras faraónicas del sexenio pasado y los subsidios sin criterio y sin reformas estructurales a PEMEX y la CFE dejaron las arcas públicas vacías y la deuda pública aumentada a grado tal que su servicio ya exige más recursos que la salud y la educación juntas. El gobierno de Sheinbaum no tiene capital estatal para invertir en necesidades impostergables de todo tipo, incluida la infraestructura de trenes, caminos, electricidad y capacitación que demanda el capital privado para invertir en México. La falta de inversión pública y privada está generando una recesión que, en el contexto del conflicto político con Estados Unidos y la revisión del TMEC, no tiene para cuándo superarse.
Es en este contexto que se ha producido la última crisis con el gobierno Trump, que ha exigido, con base en el Tratado de Extradición vigente, la prisión preventiva de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa (sede del más famoso cártel mexicano), la mayoría en funciones, incluyendo al gobernador del estado, Rubén Rocha. Todos ellos han estado involucrados en tratos con el Cártel de Sinaloa (hoy en el segundo año de una guerra civil interna), como diversos sucesos y testimonios del conocimiento público demuestran plenamente. La presidenta ha actuado a la defensiva, exigiendo “pruebas” al gobierno norteamericano. Después de que México enviara a Estados Unidos de manera ilegal (sin procesos de extradición) a casi 100 delincuentes de gran calibre el año pasado, la justicia de aquel país tiene ya muy armados estos casos con la información proporcionada por los propios criminales, que buscan reducir su pena aprovechando las ventajas del sistema estadounidense. Enfundarse en la bandera nacional y reclamar intervencionismo en este caso particular no defiende a México en términos legales ni políticos, pero puede justificar, a los ojos del imperio, la necesidad de intervenir directamente en México, un país “gobernado por criminales” según alega Trump. El conflicto se ha manipulado políticamente por ambos presidentes, Sheinbaum y Trump, que tienen necesidad de apuntalarse electoralmente. La presidenta mexicana alega que no hay pruebas, con la desventaja de que éstas están en Estados Unidos, donde llevan años reuniéndolas, y no en México, donde las Fiscalías federal y local nunca han iniciado ninguna investigación sobre los 10 personajes.
Las autoridades del sistema de justicia de Estados Unidos tienen más casos de políticos en activo vinculados de alguna manera con el crimen organizado, que seguramente seguirán dando a conocer a conveniencia. Es probable que, de no haber una negociación con el gobierno mexicano, Trump calcule que una intervención militar focalizada y rápida puede darle dividendos electorales de cara a una elección de medio término en noviembre que pinta muy desfavorable para él. Esta posibilidad constituye un enorme riesgo de escalamiento de una confrontación, justo cuando están por empezar las negociaciones para la renovación (o no) del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Dada la absoluta incapacidad fiscal del gobierno mexicano, una crisis de la relación bilateral implicaría una crisis económica para México, en un año de por sí complicado por la ausencia de confianza de los inversionistas en el gobierno mexicano.
Las increíbles contradicciones en que ha incurrido el gobierno en este año, más aún, en los pasados dos meses, hablan de un gobierno que no tiene mando central ni reglas de autoridad funcionales y predecibles. A principios de año, un enorme derrame de petróleo en el Golfo de México que empezó en febrero y terminó dos meses después, fue primero negado por la presidenta y sus funcionarios, incluyendo destacadamente a la gobernadora de Veracruz, cuyas extensas costas fueron las más afectadas por el derrame, para luego dar lugar a la duda y un mes después a la confirmación de lo que ya se sabía por fuentes extranjeras: el derrame venía de una fuga de un campo petrolero de PEMEX en Campeche. Tres funcionarios de rango medio fueron despedidos por este trance criminal con las aguas del Golfo, sin que el director de PEMEX renunciara ni la gobernadora reconociera sus mentiras. Hace unos días, a principios de mayo, el Secretario de Educación informó de la reducción del calendario escolar en ¡seis semanas¡ en todo el país, para no coincidir con el torneo mundial de futbol y evitar una “ola de calor” (que sucede ahora, a principios de mayo, no cuando tenga lugar el mundial). Días después del anuncio, marcha atrás sin que el secretario haya sido despedido o sancionado. El Tren Interocéanico descarriló hace tres meses, causando 15 muertes, y los únicos sancionados fueron tres trabajadores del tren, no los constructores. Lo mismo ha pasado con los accidentes frecuentes del Tren Maya, obra emblemática de López Obrador, que falla continuamente y cuya operación anual es deficitaria en casi 50 millones de dólares anuales. Mientras los errores de gobierno son perdonados de origen, las fallas de los gobiernos de oposición son denunciados con fanfarrias nacionalistas. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, del PAN, está bajo fuego porque se descubrió la participación de dos agentes de la CIA en el aseguramiento y desmantelamiento del más grande laboratorio de metanfetaminas descubierto a la fecha, sin que el gobierno federal estuviera enterado de ello. La verdad es que desde hace muchos años esto sucede en varias partes del país, pero un fatal accidente de tránsito de los agentes norteamericanos condujo a la publicitación de su presencia en México. Gran ataque nacionalista contra la oposición, que es virtualmente inexistente, para crear una nueva cortina de humo.
La elección popular de todos los jueces, llevada a cabo en junio de 2025, rompió la escasa confianza que había entre inversionistas privados y gobierno, pues ello condujo a la politización plena del sistema de justicia. La celebración en un solo día de elecciones de todos los jueces era técnicamente imposible y fácticamente fraudulenta. Apenas está considerándose ahora una rectificación, pues faltan de elegirse la mitad de los jueces. Por otra parte, el viejo sistema corporativo de control sindical, que implicaba la alianza entre dirigentes sindicales y gobierno, una herencia directa del régimen autoritario del PRI, ha sido reconstruido en pleno. Todo esto ha conducido a que muchos académicos consideren que la democracia “ha muerto en México”.
La presidenta Sheinbaum carga con todos esos negativos en un momento crítico. Nadie quisiera estar en sus zapatos en este momento. Ha llegado el momento de la verdad: o se inicia el desmantelamiento real de los pactos entre políticos y criminales a escala regional, y se castiga el lavado de dinero por manos privadas, o se perdona todo delito en la práctica y, bajo pretexto de la defensa de la nación, se le da oxígeno al pacto de impunidad. O se castiga la incompetencia y la mentira o se sigue tolerando si el engaño viene del campo de la 4T. O se corrigen los excesos de la reforma judicial, o nadie creerá en el sistema de justicia. Si la decisión fuese por la continuidad, será necesario profundizar la deriva autoritaria del régimen, atizando las llamas de un nacionalismo por lo demás falto de autenticidad, terminando de controlar el Instituto Nacional Electoral, atacando cualquier pensamiento crítico. Daríamos un salto hacia el autoritarismo pleno de la política mexicana.
Hay otra salida a la crisis actual. Puede aprovecharse la oportunidad de extraditar a políticos aliados con el crimen. Puede hablarse con la verdad sobre los errores del gobierno y sancionar a los auténticos responsables. Puede hacerse un esfuerzo por corregir los errores más brutales de la malhadada reforma judicial. Pero todo ello implica acabar con el extraño y fallido proyecto de institucionalizar el régimen populista heredado de López Obrador, un proyecto de por sí inviable, que hace agua por muchos lados a esta temprana hora de su desarrollo. Sería un verdadero shock al sistema, pero un golpe que puede ser absorbido ahora que no hay oposición a la vista y la confusión y el miedo se propagan en las filas de la 4T. Pretender conservar el sistema será muy costoso en términos de legitimidad, del riesgo de confrontación desigual con los Estados Unidos, y de consolidación de lo peor del régimen: los pactos de impunidad. La presidenta, que hasta ahora no ha tenido verdadero control del poder, podría hacerse de él, y tratar de construir una “4T” con auténtico respaldo popular y capacidad de transformar en sentido democrático el régimen casi autoritario que de facto sufrimos. Es mucho pedir, es cierto, de una política sin capacidades estratégicas y valor civil. Pero si la sociedad se moviliza y apoya acciones decisivas de la presidenta, puede generarse una dinámica de cambio político positiva. Si no, todo será decadencia, que puede ser cobrada tan pronto como las elecciones intermedias de 2027, a pesar de la miseria de la oposición. La experiencia demuestra que cuando una sociedad se cansa de la mentira y la incompetencia, protesta como puede.
Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador emérito del SNI y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Tiene un Canal de YouTube: https://www.youtubecom/@porque_estamoscomoestamos