El caso Rocha Moya ha causado un terremoto en la política mexicana y en la opinión pública nacional. Actores políticos, funcionarios públicos, analistas, intelectuales y hasta los ciudadanos —todos— lucen desconcertados. Y no es para menos: México enfrenta una de las coyunturas más complicadas que ha encarado en el siglo XXI.
No hay salida fácil para la presidenta Sheinbaum. En todos los escenarios, pierde algo importante. Si decide entregar a Rocha (y a los demás acusados), peligra la cohesión y la reputación de Morena, corre el riesgo de que sus copartidarios la tachen de vendepatrias y no hay garantías de que Trump quede satisfecho. Por el contrario, con este precedente, podrá exigir que entregue a otros políticos con presuntos vínculos criminales. Además, Rocha y los demás implicados podrían “cantar” y dar información (en parte verdadera, en parte falsa y en parte exagerada) que satisfaga las expectativas de las fiscalías estadounidenses y la DEA sobre los vínculos de otros políticos morenistas con el crimen organizado.
Si Sheinbaum decide no entregar a Rocha y juzgarlo en México, intentando balancear la defensa de la soberanía con satisfacer las demandas de Trump de castigar a los “narcopolíticos” (odioso e impreciso término que se utiliza en Washington), corre el riesgo de que Trump se moleste, intensifique las operaciones unilaterales, redoble sus exigencias de capturas y extradiciones de otros criminales mediáticos y utilice la revisión del T-MEC para castigar la supuesta “indisciplina” de México. También corre el riesgo de que Morena se fracture: una vez quebrado el pacto de impunidad y complicidad que une al partido, podrían surgir tribus internas en conflicto bajo la lógica de “sálvese quien pueda”.
Por último, si Sheinbaum decide no entregar a Rocha pero tampoco lo juzga en México, entonces crecen las probabilidades de operaciones unilaterales estadounidenses para “extraerlo” y para combatir directamente al crimen organizado en territorio nacional. Además, mandaría un mensaje de total inmunidad para varios cuadros oficialistas de dudoso historial, que empoderaría a personajes como Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado y Ricardo Gallardo.
Por supuesto, hay escenarios intermedios entre estas tres opciones, pero a lo que quiero llegar con este recuento es a que nadie en el mundo político y la opinión pública parece saber qué hacer. Todos lucen —lucimos— descolocados y confundidos. Me parece que esta confusión deriva de que los marcos de la política nacional han cambiado: escenarios que hasta hace unos meses parecían imposibles ahora son probables; acciones que antes eran rutinarias hoy son riesgosas; y ya ninguna decisión de política nacional se puede tomar sin pensar en su impacto en Washington.
Los cambios en los marcos que delimitan las posibilidades de la política nacional se desprenden de dos factores: el viraje del orden internacional y el nuevo imperialismo de Washington. Por un lado, estamos viviendo un cambio de era marcado por el declive del multilateralismo, la consolidación de China como potencia mundial, el gradual debilitamiento de la hegemonía estadounidense, la erosión de las democracias liberales, la emergencia de nuevas tecnologías y el agotamiento del orden económico neoliberal basado en la libre circulación de productos y servicios. Estamos en un momento de tránsito hacia otro sistema internacional cuya forma final aún es incierta. Esta época de tránsito histórico produce la inestabilidad y la incertidumbre que vivimos día con día, pues distintos actores internacionales están intentando moldear el nuevo orden, empujando sus intereses de manera unilateral y sin apego a una serie de reglas escritas y no escritas que aún están por acordarse entre los distintos actores.
Por otro lado, Washington ha entrado en una nueva fase de imperialismo abierto. Este nuevo imperialismo, contrario al imperialismo liberal de otros momentos históricos, no se basa en una mezcla de pragmatismo e idealismo: es decir, una combinación de promover los intereses inmediatos de Estados Unidos y moldear al mundo a su imagen y semejanza (democracia liberal, facilidades para el capital, promoción de la libertad individual, etc.). Se basa en la búsqueda de ganancias de corto plazo alineadas a los intereses (y el ánimo cambiante) de Trump y la imposición de la voluntad unilateral de Washington para mantener su hegemonía por la fuerza sin buscar construir un orden estable y duradero. Inmediatismo, unilateralismo, militarismo y voluntarismo son los adjetivos que describen el nuevo imperialismo de Washington, que en su faceta actual ofrece muchos garrotes y muy pocas zanahorias.
Debido a estos dos factores globales e históricos —el viraje del sistema internacional y el nuevo imperialismo trumpista—, en todos los países del mundo la política nacional y la política internacional están cada vez más entreveradas. Lo interno y lo externo están entrelazados. Y esto es especialmente cierto en México, que, a su vez, tiene tres particularidades que complican la situación: la inevitabilidad de la geografía al ser vecinos de Estados Unidos (un poder imperial agresivo y obsesionado con el combate al “narcoterrorismo”), la dependencia económica frente a ese vecino (que se gestó con el TLCAN y se ratificó con el T-MEC) y el proceso de consolidación de un nuevo régimen político con un partido hegemónico —Morena— en proceso de adaptación y reajustes por la salida de su líder histórico —AMLO— que dejó arreglos de gobernabilidad particularmente frágiles e inestables en varios frentes. Entre ellos, destacan la ausencia los mecanismos internos de resolución de pugnas en la coalición gobernante, un poder concentrado en la alianza oficialista pero disperso entre distintos actores con poder de veto y acuerdos político-electorales con poderes fácticos locales (incluyendo grupos criminales).
Lo hecho, hecho está: AMLO, efectivamente, dejó crecer el control territorial del crimen organizado; Morena, en efecto, selló pactos inconfesables con actores regionales de todo tipo —legales e ilegales— para ganar elecciones; Sheinbaum, es cierto, se tardó en procesar a Rocha y no se anticipó a las exigencias de Washington; la actual administración mexicana, en efecto, ha sido más reactiva que proactiva al lidiar con los estadounidenses; la dependencia económica de México, sin duda, es tan grande que es imposible desligarse de Estados Unidos; y, desde hace décadas, los gobiernos mexicanos vieron a Washington más como un socio comercial y un aliado político que como una amenaza, por lo que dejaron de procurar hacerse de fichas y espacios de negociación y contención, como sí lo hicieron los gobiernos priistas durante la Guerra Fría.
Ahora, sin embargo, lo que importa es el futuro inmediato. Dentro de esos nuevos marcos estructurales, esas agravantes y esas condiciones inmediatas, se disputa, se construye y se decide, en este momento, la política nacional. Y esto aplica tanto para el gobierno como para las oposiciones. Me duele decirlo pero es cierto: las opciones de política internacional y nacional son limitadas; hay cosas que son simplemente implausibles o de plano riesgosas ante el imperialismo estadounidense, y México tendrá que ceder en mucho ante las exigencias de Washington durante los siguientes años.
Pero eso no quiere decir que toda la soberanía esté perdida y que tengamos que resignarnos a simplemente seguir los dictados de Trump. ¿Qué sí puede hacer México? Primero, el gobierno puede —y desde mi punto de vista, debe— acomodar las presiones de Washington a su agenda. Es decir, utilizar las presiones estadounidenses para poner en marcha proyectos que también sirvan para avanzar su proyecto político o para procurar el bienestar de los mexicanos. Hasta ahora, el gobierno ha sido reactivo en satisfacer las exigencias de Washington en materia de seguridad y crimen organizado, entregando criminales mediáticos y desmantelando laboratorios de fentanilo, pero ¿qué tal si mejor diseña una estrategia de seguridad que satisfaga las expectativas de Washington y, a la vez, le arrebate el control territorial al crimen organizado, que es lo que más lastima a los mexicanos de a pie? Me parece que hay maneras de empalmar ambas agendas. Y así con otros elementos, como la inversión en infraestructura eléctrica que desesperadamente necesita el país para reactivar el crecimiento económico.
En segundo lugar, la presidenta Sheinbaum puede —y desde mi punto de vista, debe— ponderar sus decisiones con un ojo en Washington y otro en México. Esto implica no comprarse pleitos absurdos con Estados Unidos. Morena ya lo hizo varias veces en el pasado, como, por ejemplo, con la reforma judicial, que en nada sirvió para crear un México más justo y con mayor acceso al sistema judicial para las clases populares, y sí produjo escozor entre los inversionistas y el gobierno estadounidense. Algo así no puede ocurrir nuevamente. Esto no quiere decir que el oficialismo debe renunciar a todos sus proyectos; significa que cuando promueva proyectos que disgusten a actores estadounidenses, debe valer la pena en términos de impactos socioeconómicos positivos para los mexicanos y debe ejecutarlos minimizando riesgos de confrontación.
En tercer lugar, Trump no se ha cansado de utilizar el T-MEC como punto de presión sobre México. Lamentablemente, la industria de nuestro país es dependiente de Estados Unidos y eso nos coloca en una situación de enorme vulnerabilidad. Sin embargo, como lo han demostrado las empresas y cámaras de comercio estadounidenses que se han manifestado con fuerza a favor de ratificar el T-MEC, la industria de Estados Unidos también necesita a la mexicana para ser competitiva frente a China y el consumidor estadounidense, en su hambre insaciable de productos accesibles, también necesita de los bienes mexicanos. El gobierno mexicano debe usar estas ventajas con mayor sentido estratégico, en vez de simplemente centrarse en renovar el T-MEC a toda costa.
La relación bilateral es asimétrica, pero eso no significa que México esté indefenso. Si Washington mezcla todos los temas de la agenda bilateral —seguridad, comercio, inversión, agua y demás—, México puede hacer lo mismo y utilizar el T-MEC para negociar, por ejemplo, un marco predecible con reglas claras de cooperación en materia de seguridad y migración. Para ello, el gobierno debe reactivar las redes de académicos, artistas, intelectuales, consultores y empresarios mexicanos ampliamente vinculados a actores poderosos en Estados Unidos, que lamentablemente ha descuidado desde la administración anterior.
Por último, a nivel interno, tanto Morena como los partidos de oposición deben ser responsables. El oficialismo ya está pintando a la oposición como vendepatrias de cara a las elecciones de 2027. Eso es sumamente peligroso. Al hacerlo y al carecer de autocrítica y de voluntad de combatir la corrupción de sus cuadros, Morena está arrojando a las derechas mexicanas —que históricamente han sido mucho menos proyanquis que sus homólogas en otras partes de América Latina— a los brazos de Washington. Me parece un grave y peligroso error de Morena que la presidenta debería frenar (aunque, sí, esto es wishful thinking).
Al mismo tiempo, es importante que las oposiciones no alienten ni faciliten el intervencionismo estadounidense. Pero no por eso deben dejar de ser oposiciones. Deben disputarle a Morena el concepto de soberanía para evitar que las facciones más dogmáticas y menos estratégicas de ese partido empujen al gobierno a una deriva nacionalista que concluya en una confrontación con Washington. Cuidar la soberanía nacional y la integridad territorial de México implica ser estratégicos y pragmáticos. Al mismo tiempo, las oposiciones pueden aprovechar el entorno internacional cambiante y lo descolocada que está la coalición oficialista para proponer agendas que resuenen con los mexicanos de carne y hueso, agendas que adapten a México al nuevo mundo y ofrezcan un mejor horizonte de futuro para los ciudadanos de todo el país, aunque sin descuidar el ámbito local, que es donde se disputa la política en el día a día.