El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que por causa del aumento de homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado en el Valle de Toluca (72 en lo que va del año con respecto a enero de 2012 con 57 ejecutados) se pondrán retenes, se aumentará la presencia policial y se solicitó la presencia del Ejército Mexicano. La decisión fue tomada después de un año de gobierno de Ávila, de manera intempestiva, sin explicación clara de cómo con estas medidas se reducirá la violencia,  y se combatirá el crimen organizado.

La Comisión Nacional de Seguridad (entidad sucesora de la Secretaría de Seguridad Pública), definió como una de sus acciones: …el control de las principales vías de comunicación en áreas de alta incidencia delictiva, a través de puntos móviles de revisión que detecten la logística criminal. La lógica del control de vías principales de comunicación (avenidas, entradas a las ciudades, transporte público) para detectar la logística criminal parte de al menos tres supuestos: 1) En las vías de comunicación principales las organizaciones criminales transitarán eventualmente, 2) Se disuade a las organizaciones criminales de transitar hacía las zonas urbanas, 3) Entre la disuasión y la “detención de la logística criminal” (es decir, detener un automóvil y en el momento detener en flagrancia a los supuestos criminales) no se cometan delitos en las zonas urbanas.

Sin embargo, hace falta tener un indicador para conocer la efectividad de los retenes. La información estadística disponible del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene datos suficientes sobre el número de detenciones en retenes y remisiones al ministerio público como para demostrar que los retenes por sí mismos generan más seguridad a partir de detenciones. Los datos relacionados a retenes que la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal presentaba en sus respectivos reportes anuales son una numeralia el tipo de delitos que se detectaban en carreteras, por ejemplo, en el año 2004 los “Operativos de seguridad, control y vigilancia en tramos carreteros” 272 personas fueron detenidas por relación con el narcotráfico, incautadas 97 armas largas, 530 armas cortas y un millón de pesos incautados aproximadamente, mientras que la mayor cantidad de incidencias en estos operativos era recuperación de autos robados, más de 4000, 264 mil infracciones de tránsito aproximadamente y más de 99 mil verificaciones. Es decir, más allá de enumerar los delitos detectados en carreteras, nos dice poco o nada sobre los retenes en sí.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación general número 2 menciona que en actividades de vigilancia y operativos hay detenciones arbitrarias. La CNDH ha documentado casos como el del municipio de Tirambaro, Michoacán, donde los policías participantes de un retén tomaron represalias –tortura entre ellas- contra personas al no confesar delitos que perseguía la policía y el ejército en ese municipio. En recomendación general sobre detenciones arbitrarias la CNDH afirma lo siguiente:

 Al respecto, también cabe precisar que no obstante que las autoridades de la policía preventiva  tengan  precisamente  dichas  facultades  (prevención  del  delito),  esto tampoco   les  permite   detener   a  persona   alguna   por  encontrarse   en  “actitud sospechosa” y/o “marcado nerviosismo”(…)

El uso por parte de las autoridades policiales de criterios no específicos para detener personas en retenes policiales por la “actitud sospechosa”, “marcado nerviosismo” o la posibilidad poco explorada en México pero documentada en otros países como Estados Unidos de perfiles raciales es un agravante discriminatorio en el mecanismo de los retenes. Las recomendaciones de la CNDH han solicitado de manera reiterada la existencia de criterios no discriminatorios y protocolos para la realización de los operativos donde hay retenes policiales.

Es necesaria una evaluación profunda para definir sin poner retenes en una ciudad es una estrategia efectiva para disminuir la violencia y reducir el índice delictivo y no sólo una respuesta mediática, sobre todo cuando existe evidencia de casos relativamente exitosos. Por ejemplo, Alejandro Hope propone un modelo diferente de retén, basado en la experiencia de Ciudad Juárez conocida como Zona PRONAF ; la Zona PRONAF está enfocada en acciones de inteligencia, retenes específicos en calles y mecanismos de vigilancia en las zonas más violentas de las ciudades. A esto se le agrega una evaluación con indicadores que los retenes en calles y zonas específicas deberían ofrecer 1) Número de detenciones en los retenes, 2) Número de consignaciones ante el Ministerio Público después de detención en retenes, 3) Número de sentenciados que fueron consignados al Ministerio Público en retenes,  4) Índice delictivo en las zonas de implementación, y 5) protocolos de derechos humanos.

Si parte del planteamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública es realizar una nuevo diagnóstico y planeación de las políticas de seguridad en el país, entonces una de las acciones concretas debe incluir revisar todos los mecanismos y estrategias policiales que se realizan de manera cotidiana – como los retenes – y a partir de su análisis y crítica generar nuevas estrategias de seguridad efectivams. Tal vez así, se podrá evitar cometer el mismo error que cometió el gobierno Felipe Calderón al usar la fuerza sin estrategias más complejas que comprendan la mecánica y el comportamiento del crimen organizado, y respetar los derechos humanos.

Raúl Zepeda Gil. Politólogo por la UNAM.