La deseabilidad sobre el matrimonio entre homosexuales es motivo de una cruzada cultural. No se trata de debatir argumentos y razones, sino de afirmar dogmas de fe. Así, la lógica de los cruzados ha secuestrado la discusión pública. Quienes se oponen aducen razones religiosas para rechazarlo, mientras que sus más ardientes proponentes consideran ilegítimo siquiera cuestionar la deseabilidad o la oportunidad política de la medida. Sin embargo, ambos bandos coinciden en lo indeseable del escrutinio racional y la crítica mesurada del asunto. La naturaleza humana y los designios divinos están más allá de la voluntad de los seres humanos, sostienen unos. La medida no debe ser cuestionada sino sólo afirmada, afirman otros. Cualquier opinión contraria debe ser perseguida por el CONAPRED, que amenaza con convertirse en la Inquisición de la corrección política. Sin embargo, ambas posturas son indefendibles. La justificación y la conveniencia del matrimonio entre personas del mismo sexo deben ser sometidas a debate público como cualquier otra política pública. Su discusión no es parte de ningún coto vedado: ni el derecho divino ni la corrección política deben impedir el examen racional y mesurado. La intolerancia es una de las desafortunadas consecuencias de las guerras culturales. Personas razonables pueden diferir legítimamente en este tema.
El hecho de que algunos países, como España, Dinamarca, Holanda Bélgica y Canadá hayan adoptado esta figura quiere decir que ciertamente existen razones a su favor. Sin embargo, al mismo tiempo es cierto que la mayoría de los países democráticos y liberales no lo han hecho. Han adoptado alternativamente diversas figuras jurídicas, como las uniones civiles, para acomodar las relaciones entre personas del mismo sexo. Ello nos debería hacer dudar de la idea simplista de que oponerse a ese tipo de propuestas significa en automático defender la discriminación. En la mayoría de los países democráticos y liberales no se considera discriminatorio impedir que personas del mismo sexo se casen. El caso admite matices y no blanco y negro, como quieren los cruzados. Se puede aducir que en el futuro más países se moverán hacia el reconocimiento del matrimonio gay. Tal vez, pero no necesariamente. La tendencia no es clara.
En todas las sociedades la distinción entre hombres y mujeres es un elemento central de la organización social. Todas las sociedades reconocen relaciones de matrimonio y parentesco y le confieren expectativas normativas a los papeles de esposos y esposas, padres e hijos, y a menudo a otras relaciones dentro de familias extendidas. Las personas que consideran pecaminoso o inmoral que los homosexuales se casen tienen derecho a sostener tal opinión, y también, a expresarla en público. Sin embargo, sus argumentos, si están basados en la religión, no pueden ser la base de la discusión pública. Por otro lado, casarse no es un derecho fundamental. Es un derecho convencional que depende de los consensos normativos de una sociedad determinada que se plasman en leyes positivas. Esos consensos –y las leyes que los reflejan—no son inmutables; a menudo se transforman, en parte debido a que grupos e individuos se esfuerzan en cambiarlos en aquellas direcciones que les parecen más justas. Esto es exactamente lo que estamos observando hoy en México. La única vía legítima para tratar estos temas a través del sistema político. No existe ninguna justificación para evitar que los congresos voten y los tribunales fallen respecto a este tema. Mientras tanto, podemos vociferar con los cruzados o discutir con argumentos.
José Antonio Aguilar Rivera. Profesor-investigador del CIDE. Entre sus libros: El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México y Estados Unidos.
Sobre el mismo tema, el autor publicó en la revista Nexos de febrero el artículo «¿Victoria Gay?«
Bueno, además disculpe las faltas de ortografía. Hasta ahora caigo en que no revisé con atención.
¿No podemos abordar este asunto desde la perspectiva de la acción afirmativa?
Por ello quiero decir «política de estado que afirma los valores democráticos por encima de las tradicones y las costumbres».
Opino que podemos. Mire, estimado amigo José Antonio, hace no demasiado tiempo, era socialmente aceptable, legítimo y legal golpear a las esposas desobedientes en México. Un poco más tarde, sólo era socialmente aceptable. Últimamente, a través de acciones afirmativas de estado que obligan a la equidad de género en ciertas esferas, cada vez lo es menos.
Pero no en todo México, desafortunadamente. Yo sólo le voy a hacer una pregunta: ¿le parece justo que el Estado Mexicano no defienda el derecho que tienen todas las mexicanas no ser sobajadas y golpeadas, a ser electas a un cargo popular, en el caso de algunas etnias, en virtud de la doctrina de «Usos y Costumbres»?
Ningún demócrata podría afirmar que ese es el ideal del estado democrático. Ninguno. Quizás se pueda argumentar que es algo temporalmente necesario mientras la educación moderna se implanta en ciertas regiones, pero no que en ese lugar o etnia, se ejerza una democracia real. Simplemente, se destruye el concepto de igualdad y la democracia no soporta leyes o costumbres hechas leyes, que diferencien derechos entre quienes son iguales.
Lo mismo, creo yo, sucede en este caso. Este país asesina a un homosexual cada dos días, sólo por ser homosexual. En este país políticas como Mariana Gomez del Campo pueden difamar a través de sus generalizaciones a todos los homosexuales, acusándolos prácticamente a todos, de ser abusadores de menores. ¿Es esto cercano al ideal democrático? ¿Preservar entre nuestra población la homofobia por ser «costumbre» en la religión predominante, es ser demócrata?
Si así se hubiera pensado en el caso del voto de la mujer, en el caso de los derechos civiles de los negros, éstos grupos jamás hubieran ejercer su voto en el primer caso, ni obtener educación en igualdad en el segundo.
¿Qué debe hacer un demócrata, mi estimado José Antonio? ¿Debe tolerar que costumbres antidemocráticas se arraiguen en su gobierno? ¿Debe tolerar que costumbres lesivas a la democracia, sean apuntaladas desde el estado? ¿Debe tolerar que mañosamente se haya pretendido la aplicación de un referéndum, como los ayatolas hicieron en Irán tantas veces, para dotar o no de más derechos a una minoría?
No, mi estimado, claro que se requiere una cruzada: una cruzada que afirme a la democracia por encima de costumbres anquilosadas e injustas.