glifo

La deseabilidad sobre el matrimonio entre homosexuales es motivo de una cruzada cultural. No se trata de debatir argumentos y razones, sino de afirmar dogmas de fe. Así, la lógica de los cruzados ha secuestrado la discusión pública. Quienes se oponen aducen razones religiosas para rechazarlo, mientras que sus más ardientes proponentes consideran ilegítimo siquiera cuestionar la deseabilidad o la oportunidad política de la medida. Sin embargo, ambos bandos coinciden en lo indeseable del escrutinio racional y la crítica mesurada del asunto. La naturaleza humana y los designios divinos están más allá de la voluntad de los seres humanos, sostienen unos. La medida no debe ser cuestionada sino sólo afirmada, afirman otros. Cualquier opinión contraria debe ser perseguida por el CONAPRED, que amenaza con convertirse en la Inquisición de la corrección política. Sin embargo, ambas posturas son indefendibles. La justificación y la conveniencia del matrimonio entre personas del mismo sexo deben ser sometidas a debate público como cualquier otra política pública. Su discusión no es parte de ningún coto vedado: ni el derecho divino ni la corrección política deben impedir el examen racional y mesurado. La intolerancia es una de las desafortunadas consecuencias de las guerras culturales. Personas razonables pueden diferir legítimamente en este tema.

El hecho de que algunos países, como España, Dinamarca, Holanda Bélgica y Canadá hayan adoptado esta figura quiere decir que ciertamente existen razones a su favor. Sin embargo, al mismo tiempo es cierto que la mayoría de los países democráticos y liberales no lo han hecho. Han adoptado alternativamente diversas figuras jurídicas, como las uniones civiles, para acomodar las relaciones entre personas del mismo sexo. Ello nos debería hacer dudar de la idea simplista de que oponerse a ese tipo de propuestas significa en automático defender la discriminación. En la mayoría de los países democráticos y liberales no se considera discriminatorio impedir que personas del mismo sexo se casen. El caso admite matices y no blanco y negro, como quieren los cruzados. Se puede aducir que en el futuro más países se moverán hacia el reconocimiento del matrimonio gay. Tal vez, pero no necesariamente. La tendencia no es clara.

En todas las sociedades la distinción entre hombres y mujeres es un elemento central de la organización social. Todas las sociedades reconocen relaciones de matrimonio y parentesco y le confieren expectativas normativas a los papeles de esposos y esposas, padres e hijos, y a menudo a otras relaciones dentro de familias extendidas. Las personas que consideran pecaminoso o inmoral que los homosexuales se casen tienen derecho a sostener tal opinión, y también, a expresarla en público. Sin embargo, sus argumentos, si están basados en la religión, no pueden ser la base de la discusión pública. Por otro lado, casarse no es un derecho fundamental. Es un derecho convencional que depende de los consensos normativos de una sociedad determinada que se plasman en leyes positivas. Esos consensos –y las leyes que los reflejan—no son inmutables; a menudo se transforman, en parte debido a que grupos e individuos se esfuerzan en cambiarlos en aquellas direcciones que les parecen más justas. Esto es exactamente lo que estamos observando hoy en México. La única vía legítima para tratar estos temas a través del sistema político. No existe ninguna justificación para evitar que los congresos voten y los tribunales fallen respecto a este tema. Mientras tanto, podemos vociferar con los cruzados o discutir con argumentos.

José Antonio Aguilar Rivera. Profesor-investigador del CIDE. Entre sus libros: El sonido y la furiaLa persuasión multicultural en México y Estados Unidos.

Sobre el mismo tema, el autor publicó en la revista Nexos de febrero el artículo “¿Victoria Gay?