El debate reciente por los libros de texto gratuitos trae a la memoria el enfrentamiento que los mismos textos generaron en su origen durante el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964). Si bien la iniciativa presidencial para crear la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito se recibió con entusiasmo por quienes veían en la educación pública gratuita uno de los mayores logros del régimen que se decía heredero de la Revolución de 1910, muy pronto los libros se convirtieron en uno de los ejes de la rivalidad entre las fuerzas políticas radicalizadas por la Guerra Fría pero sobre todo por el efecto que tuvo en México el triunfo de la Revolución cubana. El activismo renovado de los distintos grupos que conformaban tanto a izquierdas como a derechas y que buscaba ganar espacios en la opinión pública, tenía en el centro del enfrentamiento su interés por presionar al gobierno de López Mateos para inclinarlo en su favor en una coyuntura especialmente polarizada.
Desde los primeros meses de 1959 la iniciativa que pretendía hacer de los libros de texto gratuitos una lectura obligatoria (aunque no exclusiva) en la educación primaria reavivó el conflicto entre el régimen y los diversos grupos que defendían la libertad de enseñanza y la autonomía de la educación privada y religiosa. Estos grupos reactivaron las baterías utilizadas en los años treinta en contra de la educación socialista impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas.1 Esta disputa por la educación se empalmó a su vez con una intensa movilización anticomunista en la que la campaña de propaganda dirigida por la jerarquía eclesiástica —“cristianismo sí, comunismo no”— fortaleció la presencia política de los católicos organizados. Aunque esta movilización no se planteó como de oposición al régimen, sí buscó orientar al gobierno de López Mateos hacia la derecha, en contraparte a la intensa movilización que a su vez propagaron las fuerzas de la izquierda, tanto oficial como partidaria, impulsadas por el triunfo de la revolución en Cuba.
Tal y como ocurriera desde la formulación del artículo 3.º de la Constitución, se acusó al régimen de imponer el peso del Estado en ámbitos que pertenecían al libre albedrío ciudadano, lo que equivalía a ejercer una vocación totalitaria, propia de “los países comunistas”. Como sucediera durante el gobierno cardenista en los años treinta, el debate por la educación se insertó entonces en una campaña anticomunista de más largo aliento, que en la coyuntura de los primeros años sesenta se magnificó por la beligerancia ideológica de la Guerra Fría y, en específico, por el triunfo y la radicalización de la revolución en Cuba.
Entre los grupos que se opusieron con mayor contundencia a la propuesta gubernamental destacó el Partido Acción Nacional (PAN), ya que la defensa de la libertad de enseñanza era uno de sus planteamientos fundamentales desde 1939 cuando desde su origen pugnó por una reforma radical del artículo 3.º constitucional. Veinte años después de su fundación, el PAN había logrado sobrevivir como partido opositor y mantenerse como un referente crítico, más allá de los espacios reducidos en la competencia electoral.
El debate en torno a los libros de texto hizo evidente el acercamiento con las organizaciones de la Iglesia católica que los dirigentes panistas promovieron desde 1949, no sin cierta división interna. Mientras el grupo encabezado por Adolfo Christlieb Ibarrola cuestionó el autoritarismo gubernamental y enarbolaba la libertad de enseñanza como una reivindicación democrática, los partidarios de una línea más cercana a la iglesia (encabezados por el militante católico José González Torres, presidente del PAN entre 1959 y 1962) argumentaron su oposición desde una defensa de la identidad católica. La propia jerarquía eclesiástica contribuyó a alimentar la imagen de un acercamiento con el PAN cuando al acercarse las coyunturas electorales, y siguiendo los lineamientos del Vaticano, buscó promover la participación cívica y convocar a sus fieles a ejercer derechos ciudadanos por medio del voto, lo que ocasionó la inconformidad de quienes veían en esto un proselitismo en favor de ese partido.2
Las organizaciones católicas y la jerarquía participaron también activamente en la campaña en contra de los libros de texto y, tal y como lo habían hecho en los años treinta, la insertaron en el espectro más amplio de la lucha contra las tendencias “comunistas” que en su opinión permanecían infiltradas en el gobierno mexicano. Preocupadas especialmente por “los corazones y las mentes” de los ciudadanos, la jerarquía y las organizaciones laicas pusieron el acento en los terrenos educativos, como la propia SEP y las universidades, así como en los espacios de la opinión pública en los que desde su perspectiva la presencia “comunista” era perfectamente documentable.3 El conflicto por los libros de texto tenía entonces como uno de sus ejes combatir la posibilidad de que mediante ellos “los comunistas” lograran moldear la mentalidad de los estudiantes mexicanos.
Si bien en los primeros meses de su gobierno López Mateos recibió el apoyo de grupos empresariales, representantes de la jerarquía católica y de los vociferantes anticomunistas que aplaudieron la mano dura ejercida en marzo de 1959 contra Demetrio Vallejo, Valentín Campa y muchos ferrocarrileros más en todo el país, en 1960 estos mismos grupos ya lo criticaban con dureza. Cuando el 1.º de julio de 1960, un mes después de la visita a México del presidente cubano Osvaldo Dorticós, López Mateos declaró que su gobierno era “de extrema izquierda dentro de la Constitución”, fue acusado por muchos de caer bajo la presión que se articulaba desde la izquierda cardenista en favor de Cuba.
En ese sentido, si para las derechas los libros de texto oficiales eran una prueba del peligroso avance del “comunismo”, otra lo era sin duda la renovada presencia pública del expresidente Cárdenas, quien pronto se colocó a la vanguardia del movimiento en defensa de Cuba y su revolución. En un contexto de progresiva polarización social se llevó a cabo en los primeros días de marzo de 1961 la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, organizada y presidida por el propio Cárdenas, que pocos meses después daría origen al Movimiento de Liberación Nacional, un reagrupamiento de las izquierdas. El fortalecimiento de estas fuerzas y el entusiasmo que la revolución cubana suscitaba ya entre jóvenes, intelectuales y estudiantes incrementó la reacción de la derecha anticomunista que atacaba a Cárdenas desde hacía más de veinte años.
Dado este contexto “cristianismo sí, comunismo no” se convirtió en grito de batalla para los católicos movilizados originalmente por el conflicto de los libros de texto, en una ecuación que hacía del anticomunismo la mejor defensa de la libertad religiosa frente al Estado. Pronto las escuelas católicas privadas se sumaron con entusiasmo a la campaña de propaganda y sus estudiantes se convirtieron en repartidores de volantes y pequeños carteles que proclamaban la defensa del cristianismo frente a su enemigo comunista. La jerarquía eclesiástica sabía tan bien como el gobierno que la fuerza política de los comunistas mexicanos era prácticamente inexistente, en especial tras la intensa campaña en su contra a la que se les había sometido desde el gobierno de Miguel Alemán. Por ello, la cruzada anticomunista pareció responder más bien a otro propósito, el de ganar influencia ideológica en los espacios de la opinión pública que fortalecieran su capacidad de negociación frente al Estado.
Además de la Iglesia católica y del PAN, diversos grupos participaron en esta coyuntura, articulados bajo el manto del anticomunismo. Por un lado, las fuerzas oficiales que se organizaron en el Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria, que surgió como contrapartida del Movimiento de Liberación Nacional. Por otro lado, diversos personajes veteranos de movimientos de oposición, como Jorge Prieto Laurens, Miguel Henríquez Guzmán o Mario Guerra Leal, quienes se disputaron la conducción (y los recursos) de organizaciones anticomunistas, en un entorno marcado por la formación de grupos de choque o paramilitares integrados por estudiantes católicos, como el Frente Universitario Anticomunista (FUA) y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO). A estas alturas el conflicto por los libros de texto se había trasladado a los campus universitarios en donde la ultraderecha se radicalizaba a pasos agigantados. Detrás del MURO se encontraba entre otros Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, quien ahora utiliza su influencia mediática para renovar la campaña anticomunista que, al igual que lo hicieran algunos de sus antecesores hace sesenta años, busca en realidad presionar por sus intereses.
No deja de ser una lástima entonces que el proyecto de renovación de la educación pública del gobierno actual tenga como uno de sus representantes más vocales a un funcionario que parece estar más interesado en provocar a las fuerzas de la ultraderecha que en argumentar en torno a los beneficios que, desde su perspectiva, tendrán los nuevos libros de texto gratuitos como parte del nuevo proyecto de la educación pública. Creo que habría hecho menos daño y él se hubiera divertido más en 1961.
Elisa Servín
Dirección de Estudios Históricos, INAH
1 El conflicto es analizado a profundidad en Soledad Loaeza, Clases Medias y política en México, El Colegio de México, 1988.
2 María Martha Pacheco Hinojosa, La iglesia católica en la sociedad mexicana (1958-1973), Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México, 2005, pp. 51 y ss.
3 Ibid., p. 91