El 10 de abril se celebró la primera consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República en México. No fue, sin duda, el ejercicio de participación ciudadana que se hubiera deseado. Veamos por qué.
En principio, no es un mal arreglo —y es incluso deseable— incrementar los mecanismos de participación ciudadana y de democracia directa. Sin embargo, hay que preguntarse por los alcances de las vías de la democracia representativa moderna y los efectos nocivos que esos mecanismos pudieran tener. El primer ejercicio de revocación de mandato en México encuadra en esto último: de principio a fin, estuvo plagado de errores, rijosidad e infortunio.
Partamos del hecho de la aparente buena intención que persigue la revocación de mandato: dar por terminado de manera anticipada el mandato de un gobierno impopular o incompetente. Ya desde ese supuesto, la primera revocación de mandato presidencial en México surgió con una noción equivocada.
Mal de origen
Desde su incorporación en la legislación mexicana en 2019, los partidos promotores de la revocación —la coalición parlamentaria que respalda al lopezobradorismo— aprobaron una ley de la que habrían de quejarse acremente. Después de eso vino una sucesión de infortunios. En teoría, son las oposiciones partidistas, pero particularmente la ciudadanía, la que debería de promover la revocación de mandato de un gobernante. No fue el caso de México, donde el principal impulsor fue el gobierno mismo y sus aliados políticos.
Desde entonces el ejercicio transcurrió de forma torcida. Para el requisito legal de juntar las firmas mínimas necesarias para iniciar el proceso, los promotores solicitaron los apoyos ciudadanos no para revocar el mandato, sino para ratificar al presidente de la República. Desde ese origen, el engaño no era menor. Fue así que se juntaron 11 millones de firmas, cumpliendo sobradamente con el mínimo requerido y la dispersión geográfica necesarias. Al día de hoy, no ha quedado a cabalidad resuelta y explicada la irregularidad documentada en la presentación de algunas de esas firmas. Sin embargo, el INE avaló la legalidad de las firmas requeridas para continuar con el proceso.
Después vendría una larga cadena de desencuentros entre las autoridades electorales y la amplia coalición política del lopezobradorismo: el presidente de la República, dependencias del gobierno federal, legisladores y gobernadores —destacando la jefa de Gobierno capitalina— y otros servidores públicos alineados al discurso presidencial.
Cabe señalar que el INE no solicitó organizar la revocación de mandato, ni se contempló ésta en la última reforma político-electoral de 2014; pero lo que sí se le exigió fue que organizara la revocación con estándares de una elección constitucional. Ante esa situación, el INE solicitó en 2021, en su presupuesto, los recursos necesarios para garantizar la organización de la revocación. La historia es bastante conocida: no se consideró en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2022, ni tampoco la Secretaría de Hacienda concedió una ampliación presupuestal.
Conflictos en la búsqueda de certezas
Ante las indefiniciones de cara al arranque de los preparativos de la revocación de mandato, en una decisión muy cerrada (seis votos a favor y cinco en contra) el Consejo General del INE decidió —correctamente, a mi juicio— poner en pausa el arranque de los preparativos del proceso de revocación de mandato, hasta que no hubiera certezas sobre el presupuesto destinado y el aval legal para las decisiones que eventualmente se adoptaran como resultado de las restricciones impuestas. Estaban en juego decisiones cruciales, como la compactación de la instalación del número de casillas —en términos legales, lo ideal hubiera sido que se pusieran las mismas que en el proceso electoral del año pasado, pero sin el presupuesto necesario eso no era posible— u otras ajustes y medidas de ahorro —por ejemplo, el tipo de papeleta electoral y la compactación de personal eventual y materiales relativos a la capacitación electoral de funcionarios integrantes de mesas directivas de casilla, entre otras economías—.
Lo que vendría a continuación de ese acuerdo sería una compleja cadena impugnativa, incluyendo la presentación de controversias ante la Suprema Corte por parte de la Cámara de Diputados y la Consejería Jurídica, la emisión por parte de la Comisión de Receso de la Suprema Corte del incidente de suspensión, las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y un nuevo acuerdo del Consejo General del INE para reanudar las actividades de la revocación de mandato, emitido el 30 de diciembre de 2021. En virtud de esos retrasos, la jornada de revocación de mandato, que estaba originalmente contemplada para celebrarse en marzo, terminó finalmente por hacerse el 10 de abril.
Ante este desgaste litigioso, el INE obtuvo dos certezas fundamentales: que el propio INE, ante la ausencia del presupuesto necesario, podría realizar la revocación de mandato en una versión compactada, sin cumplir con los extremos previstos en la ley en cuanto al número de casillas a instalar, y que el calendario y programación de actividades quedaba aprobado.
Sin embargo, hay que señalar que durante este proceso litigioso y rijoso se presentó una de las más deleznables acciones por parte del oficialismo: iniciar procedimientos penales contra los seis consejeros electorales que votaron en su momento por la posposición del inicio de actividades de la revocación de mandato (y, en un inaudito exceso, incluyeron en ese bloque al secretario ejecutivo del INE). Dentro del extenso catálogo de acciones que el gobierno y sus aliados han utilizado para agredir y amedrentar a quienes no están de acuerdo con ellos —donde ciertamente las autoridades electorales, y particularmente el INE, son blanco favorito y reiterativo de ataques—, se atrevieron a cruzar una línea particularmente peligrosa para la democracia: de la crítica pública a la persecución penal contra quien exprese argumentos y legítimamente tome decisiones que el oficialismo considere contrarias a sus intereses.
La pregunta misma que estaría a consideración de la ciudadanía fue impugnada por la oposición, dada la evidente distorsión que genera en un ejercicio de revocación de mandato. En lugar de preguntarse de forma simple y llana si al presidente se le debía revocar el mandato y que las opciones de respuesta fueran un sí o un no, la pregunta aprobada, si bien contiene el componente de revocación, también hace un guiño a la ratificación. Dentro de las peculiaridades de nuestro sistema jurídico, resulta que una mayoría de ministros de la Suprema Corte (siete de once) estuvo de acuerdo con la inconstitucionalidad de la pregunta; sin embargo, para declararla como tal, se requiere de una mayoría más exigente: ocho votos, uno más. O sea: siendo que una amplia mayoría se pronunció por la inconstitucionalidad, resulta que el veto de una coalición minoritaria de ministros impidió que ello tuviera efectos. De nueva cuenta, la atención pública estuvo en los ministros que suelen “no confundirse” cuando se presentan decisiones que implican un férreo interés gubernamental.
Feria de ilegalidades
Uno de los aspectos más conflictivos con los impulsores de la revocación de mandato fue la suspensión de la propaganda gubernamental desde la emisión de la convocatoria y durante todo el proceso de desarrollo de la revocación de mandato, dado que el INE es el único ente facultado para realizar tale acciones de difusión. Así lo establecieron en la Constitución. Pero cuando se dieron cuenta del bozal que se habían autoimpuesto, sencillamente no les gustó y, por un lado, culparon al INE por no difundir a su juicio adecuadamente la revocación y, por el otro, desplegaron todo tipo de acciones en contravención a la Constitución y la ley, con diversos servidores públicos promoviendo no sólo la consulta, sino la opción de mantener a Andrés Manuel López Obrador en el cargo.
Fue así que observamos una gran variedad de conductas rayanas en la ilegalidad o de plano ilegales, como la de los legisladores que solicitaron licencia a sus cargos para dedicarse a promover activamente la revocación. Como tal audacia pareció insuficiente, promovieron luego y avalaron en el Legislativo un “decreto interpretativo”, que contradecía la Constitución, para que servidores públicos tuvieran carta abierta para promover la revocación de mandato. Dada su flagrante inconstitucionalidad, ese tristemente célebre “decretazo”, fue impugnado ante el Tribunal Electoral, y acertadamente anulado. Entonces el lopezobradorismo inconforme redobló la apuesta, en abierta violación de las restricciones constitucionales y legales respecto a difusión de propaganda gubernamental y de promoción de la opción de la permanencia del presidente en el cargo. Así, fuimos todos testigos de una indignante y bochornosa feria de ilegalidades, sin ningún pudor, particularmente en los días más cercanos a la jornada electoral.
Entre ese cúmulo de transgresiones estuvieron la polémica gira del secretario de Gobernación del domingo 3 de abril acompañado del comandante de la Guardia Nacional —lo cual en sí mismo representó cruzar una línea delicada—, y algo que bien se puede calificar como el “cierre de campaña” de la estrategia oficialista en la promoción del voto por la permanencia López Obrador en el cargo: el mitin convocado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México el miércoles 6 de abril, en la víspera del inicio de la “veda electoral”, convocado bajo el pretexto de respaldar la reforma eléctrica, pero que terminó siendo una arenga en favor de López Obrador ante la revocación de mandato. Camina como pato, grazna como pato, nada como pato, tiene patas de pato y pico de pato. No nos confundamos: fue, a todas luces, un majestuosamente ilegal acto partidista propagandístico de cierre de campaña. Consistente con todo lo anterior, la cereza en el pastel de las violaciones constitucionales y legales fueron los operativos de acarreo en la jornada electoral y la publicación por parte de la Secretaría de Hacienda en Twitter, ese mismo día, promoviendo la participación. Las imágenes del presidente de Morena llamando y llevando a votar son por sí mismas muy elocuentes de la conducta transgresora del partido a la normatividad electoral.
Los resultados
A reserva de contar con los resultados definitivos, que corresponde determinar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que anunció al término de la jornada electoral el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, arroja luz sobre los saldos del ejercicio.
Por supuesto, se pueden hacer interpretaciones del tipo “vaso medio vacío” o “medio lleno” sobre los resultados del domingo hasta ahora consignados en los cómputos distritales; y ahora la batalla es por ganar la narrativa sobre el resultado. Pero definitivamente, el dato más contundente es la rotunda indiferencia con la que la enorme mayoría de la ciudadanía, un 82 %, tomó la revocación de mandato: un enorme vacío de 75 millones. Esa es, y ninguna otra, la más patente realidad.
Es cierto que los votos superaron los 11 millones de firmas de apoyo para avalar la realización de la consulta, pero quedaron en un nivel muy inferior a la votación obtenida por Morena y sus aliados legislativos en la elección intermedia de 2021, y a una distancia sideral de los más de 30 millones de votos obtenidos por López Obrador en la elección presidencial de 2018. Por supuesto, como era de esperarse, más del 90 % de las opiniones fueron en el sentido de la permanencia de López Obrador en la Presidencia. Tras toda la operación gubernamental destinada para llevar a la ciudadanía a las urnas, dados estos resultados —y más allá del también muy previsible discurso triunfalista—, uno pensaría que tendrían que encenderse las alertas en los búnkers del oficialismo.
Lo que sin duda hay que reconocer y resaltar es el estupendo papel que desempeñó el INE, así como la participación de las ciudadanas y los ciudadanos convocados para integrar las mesas directivas de casilla. Se instalaron 57 449 mesas receptoras de opinión y, por distintas problemáticas políticas y sociales, sólo 20 casillas aprobadas en el país no pudieron instalarse. Como en toda elección nacional de esta magnitud, se presentaron incidentes aislados que de ninguna manera pueden opacar el espléndido desarrollo del proceso electoral. Si a alguien respaldó la ciudadanía en este proceso constitucional fue al INE; su servicio profesional, la conducción de su Consejo General, y particularmente el liderazgo de Lorenzo Córdova, dieron como resultado a un INE que sale más fortalecido desde el 10 de abril.
En este sentido, cobra interés no sólo el expediente que el INE remitirá al Tribunal Electoral para validar los resultados de la revocación de mandato, sino también el informe detallado que habrá de presentar sobre el enorme cúmulo de irregularidades documentadas. El estudio que realice la Sala Superior para validar los resultados definitivos será sumamente relevante, así como la evaluación integral del proceso.
Reflexiones finales
Sin duda, hay mucho que analizar sobre los efectos de la revocación de mandato para el país. Más que abrir opciones de participación política, este tipo de procesos suelen alentar formas de demagogia y cesarismo plebiscitario que representan auténticos riesgos de regresión democrática. En agosto de 2021 tuvimos una muy mala experiencia con la consulta popular celebrada en la que ciertamente, coexistieron en la agenda pública dos tipos de consultas: la de sus promotores —de nueva cuenta, el gobierno y sus aliados—, que buscaban someter a juicio a los expresidentes, y la que terminó aprobando la Corte, una cosa rarísima e incomprensible relativa a investigar a “personajes del pasado”. Como en la revocación, el gobierno incidió para generar distorsiones importantes que pervirtieron la naturaleza de los ejercicios de participación ciudadana.
Específicamente en la revocación de mandato, hay que considerar tanto las consecuencias del ejercicio que recién concluye, como sus implicaciones a futuro. Dentro de las primeras, habría que señalar la irracionalidad de realizar un proceso electoral constitucional, con todo lo que ello implica en término de costos, sólo para validar una decisión que ya se conocía: un ejercicio de vanidad para que, en su biografía política y su perfil histórico, el presidente en funciones —quien desde 1988, y de forma ininterrumpida, ha participado como candidato cada seis años— pueda acreditar que “ganó una elección” a medio camino de su mandato; ello, con desprecio absoluto a las reglas del proceso electoral y en confrontación permanente y con constantes descalificaciones a las autoridades electorales, específicamente al INE. Si de por sí es muy complejo y caro realizar elecciones en México ¿tenía algún sentido realizar un proceso en donde había total certidumbre sobre el resultado?
Usualmente se señala que los procesos electorales verdaderamente democráticos son aquellos en los que hay certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado. En la revocación de mandato hubo, desde el principio, certidumbre en el resultado, y —con sus flagrantes violaciones al marco constitucional y legal— el gobierno federal y sus aliados generaron incertidumbre en las reglas. La conclusión, pues, sobre si este fue un proceso realmente democrático —más allá de que hubiera una jornada electoral limpia y un árbitro imparcial— queda a la vista de todos.
Ahora unas consideraciones sobre los contrafactuales e implicaciones a futuro. Vamos a suponer, por un momento, que un presidente fuera revocado y se activaran los mecanismos establecidos. ¿En qué abona a la consolidación democrática que se sucedan dos presidencias provisorias para concluir el sexenio, cuando ninguna de esas dos personas recibió un solo voto popular para ese cargo? Eso podría generar, sin duda, una crisis política y constitucional más indeseable que el “mal menor” de seguir con el presidente que fue electo para durar seis años, aunque posiblemente haya perdido la confianza de la ciudadanía.
Hay que reflexionar sobre esta manzana envenenada que se deja a los siguientes gobiernos. En el caso actual era evidente que se trataba de un ejercicio de autoconfirmación, pero para los próximos gobiernos se presenta un incentivo perverso para poder “tirar”, de manera anticipada, a un presidente contra el cual se configure un clima de opinión adversarial.
En suma, la revocación de mandato no es un ejercicio que contribuya a fortalecer la democracia. Por algo será que, a nivel nacional o federal, está prevista en un “selecto” club de países, todos en América Latina: Bolivia, Ecuador, México y Venezuela (en el ámbito local también existe en Argentina, Canadá, Estados Unidos, Suiza, entre otros, pero no en el nacional, seguramente porque ahí sus efectos negativos se multiplican exponencialmente, superando los posibles beneficios). En el caso específico de su inauguración en nuestro país, la rijosidad y la forma en que fue desvirtuado su sentido por parte del lopezobradorismo produjeron como resultado algo muy por debajo de lo que se requiere para consolidar el régimen democrático, el Estado de derecho y el equilibrio de poderes en México.
Horacio Vives Segl
Profesor de Ciencia Política en el ITAM y consejero electoral del INE ante el Consejo Local de la Ciudad de México.