Soy una persona que sale todos los días a buscar a mi hija en campo. He ido a barrancas, […] he ido a buscarla en zonas de prostitución también. He entrado a lugares que nunca en mi vida había yo entrado a buscar a mi hija […] [tengo] miedo de que si me pasa algo, [mi hija] ya no va a tener quien buscarla.
Blanca Gallardo, madre de la buscadora asesinada en Puebla, el 4 de octubre de 2022.
En 2018, durante una jornada de la Búsqueda Nacional en Vida (BNV) que se realizaba en la ciudad de Iguala, Guerrero, un comando armado bloqueó el paso de las camionetas en las que viajaban las familias participantes. Más tarde se supo que se trataba de policías municipales mal identificados, pero en ese momento el desconcierto y el miedo se hicieron presentes. Aún así, prevalecía una afirmación que parecía incuestionable: nadie se atrevería a agredir a un grupo de madres buscadoras, menos en Iguala, marcada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se asumía que ningún actor institucional o criminal estaría dispuesto a cargar con ese costo político y social.
Hoy, en 2025, esa afirmación envejeció dolorosamente mal. La realidad ha desmentido cualquier supuesto límite. De 2010 a noviembre de este año, en México 33 personas buscadoras han sido asesinadas y tres más desaparecidas. Esto es una muestra devastadora de que el abandono estatal y la impunidad han convertido en blancos a quienes buscan a los que hacen falta en casa.
La lista está integrada por madres, padres, hermanos, hijas y esposas que, frente a la indolencia y la indiferencia de las instituciones, asumieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos. Convirtieron su dolor en acción y tomaron las riendas de investigaciones que corresponden al Estado, que nunca realizó con la debida y necesaria diligencia. Buscar la verdad y la justicia, y enfrentar el olvido gubernamental, les costó la vida.
Hace unos días, el 22 de noviembre, la cruda realidad del país irrumpió con su implacable violencia: Yerli Yaritza, de apenas 18 años, que llevaba meses buscando a su padre, fue localizada sin vida en Ocosingo, Chiapas. En sus primeros reportes, la Fiscalía del estado de Chiapas intentó clasificar el crimen como suicidio, una narrativa común que tiene como objetivo desviar la atención sobre el riesgo y abandono en el que se encuentran las personas buscadoras. No obstante, la versión oficial fue descalificada rápidamente por colectivos y acompañantes ya que el cuerpo de Yerli mostraba signos evidentes de violencia física y sexual. Hoy, su nombre se suma a la lista de personas que han sido asesinadas por buscar a un ser querido.
Una lista interminable de vidas arrebatadas
Como se observa en el mapa, los estados con mayor número de asesinatos son Guanajuato, con cinco víctimas: María del Rosario Zavala, Francisco Javier Barajas, Jorge Ulises Cardona Zavala, María del Carmen Vázquez Ramírez y Aranza Ramos. A Guanajuato, le siguen Jalisco y Michoacán, con cuatro y tres casos.
En Jalisco, fueron asesinados Pablo Iván Miramontes, Teresa Gonzáles Murillo, María del Carmen Morales y su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales. En Michoacán fueron asesinados Zenaida Pulido, José Iván Orozco Medina y Griselda Armas. Zacatecas, por su parte, concentra tres asesinatos: María Luisa Peña, José Nicanor Araiza y Sofía Raygoza Ceballos.
En Guerrero, Sinaloa, Sonora y Veracruz se registran dos víctimas en cada estado, respectivamente. Entre ellas se encuentran Bernardo Carreto, Noé Sandoval Adame, Sandra Luz Hernández, Rosario Lilián Rodríguez Barraza, Nepomuceno Moreno Núñez, Brenda Jazmín Beltrán Jaime, José de Jesús Jiménez Gaona y Magdaleno Pérez Santos.
Mapa 1. Número de personas buscadoras asesinadas por entidad federativa
Otros estados en los que también se han documentado homicidios son Baja California con el asesinato de Ángela Meraz León; en Chiapas, Yerli Yaritza Gómez; en Chihuahua, Marisela Escobedo; en Durango, Leopoldo Valenzuela; en el Estado de México, Cornelia San Juan Guevara y Ana Luisa Garduño Juárez; en Hidalgo, Grisell Pérez Rivera; en Morelos, Ana Luisa Garduño Juárez; en Puebla, Blanca Esmeralda Gallardo; y en Tamaulipas, Miriam Rodríguez.
En los últimos años se ha registrado un preocupante estallido de violencia contra las personas buscadoras. 63 % de los homicidios han ocurrido en los últimos 5 años, con 21 personas buscadoras asesinadas entre 2021 y 2025. Los años más letales fueron 2022, con 9 homicidios, y 2025 –hasta noviembre– con 7 homicidios.
Figura 1. Número de personas buscadoras asesinadas por año
De las 33 personas buscadoras asesinadas, 21 son mujeres y 12 de ellas eran madres, un dato que revela la profunda dimensión de género que existe en la búsqueda de personas desaparecidas. Para las madres buscadoras, la desaparición de un ser querido no solo implica la ruptura emocional y material del hogar, sino la asunción de una triple carga: el trabajo doméstico y de cuidados, la propia labor de búsqueda y la administración cotidiana de las consecuencias emocionales y económicas que deja la ausencia.
Figura 2. Género de las personas buscadoras asesinadas
En esa línea, el trabajo de cuidado recae de manera desproporcionada en las madres, quienes no sólo asumen un papel central en las acciones de búsqueda, sino que también sostienen el funcionamiento cotidiano del núcleo familiar y, en muchos casos, su estabilidad económica. Del total de las 33 personas asesinadas, 36 % corresponde a mujeres que desempeñaban este rol de cuidado múltiple, lo que evidencia la carga estructural que enfrentan en contextos de desaparición.
Aunado a lo anterior, 27 % de las víctimas eran padres, tradicionalmente responsables del sustento económico en los hogares mexicanos; su asesinato no solo interrumpe la búsqueda, sino que acentúa la precariedad económica y profundiza las condiciones de vulnerabilidad de sus familias.
Figura 3. Vínculo afectivo/social de las personas buscadoras asesinadas
Sin seguridad, ni en sus propios domicilios
Un número significativo de estos asesinatos ocurrió en los lugares que deberían ser espacios de seguridad y resguardo: 12 personas buscadoras (36 %) fueron atacadas en su propia casa, en la puerta de su domicilio o dentro de sus negocios. Al menos ocho fueron ejecutadas frente a familiares, principalmente hijos y parejas. Lo anterior pone en evidencia la alta vigilancia criminal de la que son objeto las personas buscadoras y las pocas garantías de protección que tienen.
Casi la totalidad de los homicidios (82 %) fueron perpetrados con armas de fuego y con un gran número de disparos y en tres casos se observaron signos de tortura. Además, antes de ser asesinadas, muchas de estas personas recibieron amenazas y solicitaron protección al Estado, que una vez más les falló. Esa omisión permitió que la violencia se infiltrara en sus rutinas diarias y en sus espacios más íntimos, mandando un claro mensaje a la sociedad: quienes luchan por la justicia nunca están completamente a salvo.
La justicia escasa y de difícil acceso
Todavía más grave: de los 33 homicidios documentados, solo dos han derivado en una sentencia condenatoria: el de Miriam Rodríguez y el de Grisell Pérez. Miriam Rodríguez fue abatida el 10 de mayo de 2017, el Día de las Madres, a las afueras de su casa en Tamaulipas. Su agresor, Yoel R., cumple una pena de 131 años y seis meses de prisión. Miriam buscó durante dos años a su hija, Karen Salinas, a quien finalmente localizó en una fosa clandestina. Encontrarla no detuvo su lucha; por el contrario, la intensificó. Días antes de su asesinato, había denunciado amenazas de muerte.
Tras un juicio atropellado que se prolongó durante dos años, se dictó una sentencia de 31 años y tres meses contra Esteban Z. C., responsable del asesinato de Grisell Pérez, abogada que dedicó su vida a acompañar a familias buscadoras y que fue desaparecida en 2021 para ser localizada sin vida meses después, en 2022. Los casos de Miriam y Grisell son la trágica excepción que confirma la regla: existe un manto de impunidad que envuelve al resto de las personas buscadoras y, en general, a las víctimas de la violencia.
El caso de Magdaleno Pérez evidencia esta falta de justicia. Padre buscador, fue víctima de una detención arbitraria y murió a causa de los golpes propinados por policías el 9 de marzo de 2025. Aunque los agentes involucrados ya fueron vinculados a proceso y están a la espera de que se fije la fecha del juicio, las investigaciones avanzan con una lentitud que parece anticipar otro caso sin resolución.
Una situación similar enfrenta Cornelia San Juan Guevara, asesinada frente a su hija en su domicilio en el Estado de México en enero de 2016. Aunque uno de los tres implicados fue vinculado a proceso por el homicidio de “Cony”, como le decían con cariño, a casi una década del crimen el caso continúa sin una sentencia condenatoria.
Por último, los asesinos de la emblemática luchadora y activista Marisela Escobedo –quien buscó y localizó a su hija Rubí y mantenía un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua en 2010 cuando un sujeto armado le arrebató la vida. El perpetrador cumple una condena por homicidio, pero no por el de Marisela. A 15 años de su homicidio, tanto ella como su hija siguen sin recibir justicia.
Los nombres reflejados aquí son historias de lucha, de resistencia, de amor, pero también de abandono institucional, de indolencia, y de impunidad. Resulta casi absurdo pensar que buscar a quienes se ama puede costar la vida. Honramos la memoria de estas personas, su legado y su lucha, que seguiremos manteniendo viva en la búsqueda de sus seres queridos.
Penny Ramírez Robledo
Investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.