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¿Cuál es el futuro de las autodefensas? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias posibles ahora que el gobierno mexicano ha legalizado a algunos de los grupos en Michoacán?

Para ver algunas posibilidades, vale la pena pensar en otros países en los que los gobiernos han legalizado a los grupos de “vigilantes”.

Alrededor del mundo, casi todos los grupos de este tipo que han actuado con permiso del estado han perpetrado violaciones serias a los derechos humanos y otras consecuencias negativas. Las organizaciones de “vigilantes”, como muchas otras organizaciones, casi no desaparecen por voluntad propia. A veces mutan en grupos más siniestros.

El ejemplo que más se discute en los medios es el de Colombia. Las autodefensas colombianas terminaron por cometer más violaciones de derechos humanos que los grupos de los que originalmente “defendían” a la gente. No obstante, esto ocurrió después de décadas de guerra civil, y con un importante apoyo presupuestario de altas esferas del gobierno y el ejército.

Colombia tal vez no sea la situación más comparable al México de hoy en día, pero representa el peor escenario posible.

La experiencia de Guatemala con los grupos de defensa ciudadana es otra que queremos evitar. A principios de los ochenta, el ejército guatemalteco obligó a la población civil a formar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Estos grupos, en esencia, eran agentes del Estado, y también cometieron una gran cantidad de abusos durante la guerra civil que terminó en 1996.

Después de la guerra, el gobierno intentó desbandar a estos grupos, pero los miembros del PAC continuaron con la violencia, y fueron implicados en varios linchamientos. Más aún, muchos comandantes del PAC continuaron ejerciendo un control (antidemocrático) sobre sus comunidades.

Una vez abierta la caja de Pandora, a veces es imposible cerrarla.

Los grupos de autodefensa peruanos son un ejemplo más optimista. Muchos de ellos, llamados Comités de Autodefensa (CAD), fueron formados de manera orgánica a principios de los ochenta, sin coerción gubernamental. Eventualmente, todos los CADs fueron regulados por el gobierno.

Estos grupos peruanos han perpetrado menos violaciones de derechos humanos que las autodefensas colombianas o guatemaltecas. Las autodefensas peruanas también han sido más democráticas que sus contrapartes guatemaltecas; sus líderes son elegidos democráticamente.

Los grupos peruanos todavía existen, y de hecho aumentaron en número después de la guerra civil. Están prácticamente integrados al estado de derecho. Hay algunas lecciones que podemos aprender de los CADs peruanos. Con suerte los encargados de las políticas públicas en México estudiarán el caso peruano.

Más allá de América Latina, otros países han experimentado efectos negativos a largo plazo con este tipo de organizaciones.

En Irlanda del Norte, los grupos lealistas como la Ulster Volunteer Force y la Loyalist Volunteer Force fueron creados para “proteger” a la comunidad protestante. Aunque la amenaza de violencia separatista se ha dispersado, estos grupos o sus esciciones todavía existen: atacan a migrantes y trafican drogas.

En Nigeria, a final de los noventa, los comerciantes que enfrentaban al crimen financiaban a un grupo de autodefensas denominado los Bakassi Boys, quienes atacaban a presuntos criminales. En el corto plazo, crímenes como el robo bajaron. Pero los “vigilantes” torturaban y quemaban vivos a los detenidos con frecuencia. También decapitaban a los miembros de los grupos rivales.

Nigeria declaró ilegales a los Bakassi Boys en 2002, pero aparentemente fueron apoyados por gobiernos a nivel local, y todavía cometen delitos.

Éstos son sólo algunos breves ejemplos para mostrar que los grupos de autodefensa generalmente se salen de control y causan una variedad de problemas. Muchos otros países, por ejemplo Sri Lanka, las Filipinas, Irak y Estados Unidos han llegado a ver consecuencias similares.

En México, algunas consecuencias negativas ya son claras. Las autodefensas podrían voltear hacia el narcotráfico, al menos una de las organizaciones de narcotráfico en el país comenzó así. O los grupos de autodefensa podrían volverse brazos armados de los narcotraficantes, como tal vez ya sucede.

También hay que hacer hincapié en que la aparición reciente de los grupos de “vigilantes” en México es comprensible. Cuando el Estado deja de proveer protección a los ciudadanos, los ciudadanos se protegen a sí mismos.

La respuesta del Estado a las organizaciones de este tipo, sin embargo, ha sido variada hasta ahora. La legalización de algunos grupos presenta una solución temporal, pero el gobierno necesita enfrentarse a las raíces que llevaron a la formación de estos grupos.

Tan pronto sea posible, el Estado debe o regular severamente a las autodefensas, o desarmarlas de forma efectiva y permanente. Si la experiencia en otros países indica algo, nadie debería aguantar la respiración en espera de que algo así suceda.

Brian J. Phillips es profesor/investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE.

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