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Las izquierdas mexicanas, dentro del amplio espectro ideológico que cubren, han tenido pocas batallas económicas y políticas comunes para sostener su oposición en los últimos 30 años. Los ejemplos por excelencia de esto son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la industria petrolera nacional, tan discutidos en las cúpulas políticas y académicas de las izquierdas mexicanas sin mayores resultados en la realidad. A raíz de esto, el discurso ortodoxo ha ganado la batalla de políticas económicas desde mediados de los ochenta del siglo pasado, avanzando el proceso de apertura y privatización de la economía mexicana a marchas forzadas.

En medio de este proceso, quizá por omisión, se han dejado de lado los temas de la agenda económica internacional que son de primer interés en la opinión pública de otros países por sus enormes consecuencias. Uno de ellos incumbe a México, pero dentro de nuestro país apenas resuena, y sus posibles implicaciones económicas, comerciales y sociales son preocupantes: el Acuerdo de Asociación Transpacífico (llamado TPP en inglés); un controvertido tratado regional de libre comercio, regulación e inversión que comenzó a discutirse desde 2005, a cuyas negociaciones México se incorporó en octubre de 2012 y que se espera concluya las rondas de negociación de sus 29 capítulos en las próximas semanas.

El TPP tiene su origen en un tratado de libre comercio entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunéi, llamado Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (P4), cuya negociación inició en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2002 y entró en vigor el primer día de 2006. En marzo de 2008, la administración de George W. Bush comenzó a manifestar su interés en el P4, a fin de tener un primer intento real de acercamiento económico y comercial de Estados Unidos con la región Asia-Pacífico, especialmente con las economías más abiertas de la región; esto en medio del auge de crecimiento acelerado de las economías del sudeste asiático y el surgimiento de China como potencia económica, política y militar tanto a nivel regional como a una escala global.

A partir de la inclusión de Estados Unidos en las negociaciones de una ampliación del P4, se unieron siete países más para conformar, hasta hoy en día, un posible bloque de doce economías de la Cuenca del Pacífico: los cuatro países que ya son parte del P4, más Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia, Canadá, Japón y México; y tres más han manifestado interés hasta el momento de formar parte del TPP: Filipinas, la República de China (Taiwán) y Corea del Sur.

El peso económico y comercial de las economías miembros del TPP no sería menor. Las 12 naciones que se encuentran actualmente en negociación del tratado suman casi el 11.5% de la población mundial, con alrededor de 800 millones de personas; así como el 40% del PIB global y el 30% de las exportaciones a nivel mundial, y se espera que el acuerdo incluya la reducción y la eliminación de poco más de 11 mil productos para todos los países participantes. Adicionalmente, como la mayor parte de los tratados regionales de libre comercio, el Acuerdo de Asociación Transpacífico incluye secciones sobre inversiones, propiedad intelectual y resolución de controversias; son estos apartados los que han levantado las mayores sospechas respecto al acuerdo.

La principal controversia que ha generado enorme recelo y oposición es que las negociaciones del TPP han sido a puerta cerrada y en absoluta secrecía, volviéndolo un proceso antidemocrático y opaco; bajo la premisa de que la confidencialidad es un aspecto clave de las negociaciones, por lo que se desconocen las posturas de los países participantes y los acuerdos alcanzados hasta el momento.

A pesar de lo anterior, una luz se asoma a través de las puertas cerradas: Wikileaks se ha encargado de publicar diversos documentos sobre las negociaciones del TPP en los últimos dos años. Lo que sabemos hasta el momento resulta preocupante: el acuerdo exige la modificación de legislación nacional en materia de propiedad intelectual, resolución de conflictos, comercio de servicios y asuntos ambientales.

De acuerdo con una filtración de 2013,[1] los países deberán realizar fuertes concesiones en las leyes nacionales de propiedad intelectual, que incluyen la criminalización de quienes violen las disposiciones en esta materia a nivel comercial, lo que podría ir desde vender mercancía apócrifa hasta descargar una canción de forma ilegal; esto recuerda al controvertido proyecto de ley SOPA (Ley contra la Piratería en Línea) y sus agresivas sanciones. Además, se considera la ampliación de los tiempos y estándares de las patentes, permitiendo pequeños cambios a éstas para renovar su vigencia. Esto afectaría directamente a industrias estratégicas como la farmacéutica, cuyas implicaciones resultan particularmente sensibles para los países en desarrollo ante la demora en la introducción de medicamentos genéricos; o la agroalimentaria, al obligar a los campesinos a comprar semillas directamente a distribuidores organizados, lo que implicaría un fuerte golpe al campo que eventualmente llevaría a protestas sociales.

Muchos de los tratados comerciales internacionales de nueva generación incluyen un capítulo referente a la solución de controversias entre Estados e inversores, que establecen cláusulas de protección respecto a la interpretación y aplicación de lo que los tratados estipulan en materia de inversión. Sin embargo, el TPP incluiría, de acuerdo a las filtraciones de Wikileaks, cláusulas y salvaguardas adicionales que limitarían fuertemente la capacidad regulatoria de los Estados. Esto incluye la creación de un tribunal internacional de arbitraje para la resolución de disputas Estado-inversores, que da una excepción a los inversionistas del estado de derecho y el sistema judicial nacionales.

Estos son los pocos capítulos que conocemos gracias a las filtraciones en los últimos meses, pero temas como la defensa de los subsidios a la agricultura y la protección de sectores económicos sensibles por parte de los Estados Unidos se conocen gracias a las pocas declaraciones de los actores involucrados en la negociación. Así, el proceso de negociación de los términos comerciales, más allá de los capítulos controvertidos, demuestra la correlación de fuerzas al interior del futuro bloque.

Uno de los principales reclamos que ralentizó el proceso de incorporación y negociación de Japón, uno de los miembros con mayor poder de negociación, fue la agenda agrícola y automotriz, donde Estados Unidos mantiene una postura agresiva para la entrada de sus productos en el mercado japonés; contrario a la posición proteccionista que Japón ha mantenido en la negociación de tratados comerciales anteriores, como ocurrió en el Acuerdo de Asociación Estratégica con México.

En este sentido, México tiene una posición de negociación por demás complicada. De las 12 economías participantes hasta el momento, México es la segunda que más cedería en la liberalización del comercio –tras Vietnam– ya que su arancel promedio de nación más favorecida para las economías con las que no tiene un acuerdo comercial es de 7.8 %; y establecería un acuerdo comercial por primera vez con seis de las economías participantes: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Pero, a pesar de los posibles beneficios, el TPP enfrenta una serie de obstáculos. Un estudio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)[2] sugiere que los tratados de libre comercio de la Cuenca del Pacífico aumentan las exportaciones de las economías participantes en un 50% en los primeros cinco años de su entrada en vigor, y que este impacto es mayor conforme aumenta el número de miembros. Esta evidencia confirma, coincidiendo con otros estudios económicos, que el TPP tiene un problema de tamaño, ya que no tiene el suficiente número de miembros para lograr los beneficios esperados por el intercambio comercial y las inversiones entre las economías miembros.

A raíz de lo anterior, surge otra de las controversias del TPP, reiterada en diversas ocasiones, respecto al papel de la mayor economía de la región de Asia-Pacífico: China ha quedado fuera de las negociaciones, aunque fue considerada en el proceso inicial. Sin embargo Petri, Plummer y Zhai,[3] en su ya famoso artículo académico sobre el impacto del TPP en las economías nacionales, estiman que la entrada de China aportaría mayores beneficios comerciales y económicos, pero requeriría de un enorme grado de cooperación de la mayor economía asiática con Estados Unidos, especialmente dado que ambos buscarían encabezar el bloque en su carrera por el liderazgo global. El mismo estudio de Petri concluye que los beneficios serían incluso mayores si se relajaran las reglas para las empresas estatales y en materia de propiedad intelectual.

Esto lleva a una conclusión considerable, a pesar de provenir de un modelo económico: contrario a lo que actualmente está ocurriendo, se debe buscar la entrada de un mayor número de miembros al bloque comercial y no una mayor rigidez de las reglas y acuerdos. Sin embargo, debido al avance del proceso, los nuevos miembros deberían aceptar lo que ya fue acordado hasta el momento, imponiendo una enorme barrera de entrada al proceso con costos económicos y políticos demasiado altos. Por ello, la oposición a la entrada al TPP ha ganado un peso considerable dentro de Filipinas, Taiwán y Corea del Sur, países que se encuentran en pláticas para ingresar al Acuerdo.

Pero la mayor oposición al proceso de negociación del TPP se encuentra dentro de Washington. El ala progresista, con cada vez mayor peso dentro del Partido Demócrata, ha jugado un rol esencial en la oposición al Acuerdo, cuestionando las condiciones opacas de la negociación y el estado de los puntos sensibles para la agenda estadunidense. Esto quedó de manifiesto tras el rechazo inicial de la aprobación de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA), que da al presidente Obama la facultad de negociar acuerdos comerciales sin modificaciones del Congreso y que apenas fue aprobada por la Cámara de Representantes para su revisión por la cámara alta. La principal figura de oposición en este proceso ha sido la senadora Elizabeth Warren, cuyo peso político dentro del partido ha crecido a pasos agigantados en los últimos meses, respaldada por el senador y precandidato presidencial Bernie Sanders; y a quienes se unió Hillary Clinton en días recientes, en medio de la carrera electoral y presionada por el alza de la popularidad de Warren y Sanders de cara a las primarias demócratas.

Así, México se enfrenta sin mayor oposición y crítica interna a un gigante político y comercial, con el que su poder de negociación es mucho menor que el del resto debido al peso económico y político de los otros países y a la debilidad política y económica de nuestro país. Fuera del acceso al mercado de la Cuenca del Pacífico, nuestro país tiene poco que aportar y mucho que ceder.

Los beneficios de la apertura comercial son hoy innegables, siendo uno de los pocos consensos entre las y los economistas. Como argumentan quienes defienden el TPP, este podría contribuir a un acceso privilegiado al mercado de Asia-Pacífico y una mayor integración de las cadenas de valor entre las diferentes economías miembros, pero, ¿a qué costo político y social? Sin duda, el Acuerdo de Asociación Transpacífico es una prueba de fuego del liderazgo político y económico de Estados Unidos ante el ascenso de China, pero también un enorme reto para las economías más pequeñas dentro de este proceso, especialmente México, ante un acuerdo agresivo y estricto en sus reglas y acuerdos.

Carlos Brown Solà es maestro en economía por El Colegio de México. Analista y consultor económico.


[1] Wikileaks. (2013). Secret Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) – IP Chapter. 18 de junio de 2015.
[2] APEC. (2015). Key Trends and Developments Relating to Trade and Investment Measures and their Impact on the APEC Region, May 2015. 18 de junio de 2015.
[3] Petri, P., Plummer, M. y Zhai, F.. (2012). “The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assessment”. Policy Analyses in International Economics, 98, 143. 16 de junio de 2015.

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