Las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre su disposición para considerar una amnistía para lidiar con el problema de la violencia han sido un regalo caído del cielo para sus adversarios. Probablemente haya sido un error estratégico de parte del candidato que va arriba en las encuestas y que por lo tanto tendría más que perder si se apartara del camino fácil de los lugares comunes de campaña. Es desconcertante que él mismo haya abierto ese flanco para los ataques en su contra cuando durante tantos años había evadido formular una plataforma coherente sobre el tema, limitándose por lo general a culpar a la desigualdad, los Estados Unidos y la corrupción por el crimen y la violencia. La plataforma de Morena para estas elecciones se carga más hacia la mano dura que hacia la conciliación.

Pero lo más irónico de la situación es que las críticas vienen de sectores políticos en que son en buena parte responsables del estado de la violencia actual en el país. En el sexenio de Vicente Fox se capturó algunos capos, aunque de una manera que parecía dispareja, favoreciendo a ciertos grupos sobre otros. Muchos sospechaban que eso ocurría desde gobiernos anteriores. En el de Felipe Calderón se continuó con esa política de decapitación (aunque ya se sabía que esa cabeza era la de la Hidra), se profundizó la colaboración con el aparato policial de Estados Unidos, y se “sacó el ejército a la calle” para atacar a los narcos en múltiples frentes. Las comillas son porque el ejército nunca había estado encerrado en los cuarteles y llevaba décadas involucrado en el combate al narcotráfico, la guerrilla y otros enemigos internos. Si acaso el papel central otorgado a la marina sobre el ejército fue una novedad. Calderón también recurrió a una versión extrema de una retórica que ya existía pero que en la era del PRI nadie se tomaba demasiado en serio: la ley se debía aplicar inflexiblemente, sin negociaciones, con todo rigor. En boca de Calderón esto implicaba una crítica a las componendas de los gobiernos anteriores tanto como de una falsa promesa —puesto que el gobierno federal a su cargo nunca intentó seriamente darle al sistema judicial la autonomía y los medios que son necesarios para una aplicación rigurosa de la justicia. Esta fantasía de un estado de derecho sin matices, una ley pensada como absoluta, sin ambigüedades, también tiene una antigua raigambre republicana en México.

Los críticos actuales de López Obrador repiten estas acusaciones sin aparentemente haber aprendido nada de la experiencia nacional desde 2006, o desde el origen mismo de esa fe republicana en el país. La realidad, desde el siglo XIX, pasando por Benito Juárez, acentuándose bajo Porfirio Díaz, y con más descaro tras la Revolución, es que la ley en México se aplica discrecionalmente, es decir, los delitos que se persiguen son los que los agentes del estado y la sociedad civil quieren que se persigan, mientras que otros se dejan ser en la impunidad. Este contraste es claro hoy en día: es el que opone, por ejemplo, a algunos casos de homicidio o secuestro particularmente visibles contra la multitud de casos de violencia doméstica; mientras los recursos estatales son desplegados en abundancia (independientemente de los resultados) para resolver casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, muy pocos se preocupan por la realidad cotidiana y frecuentemente mortal del abuso de mujeres y menores en el ámbito supuestamente privado del hogar. La discrecionalidad en la aplicación de la ley es inevitable desde el momento en que las instituciones penales y policiales tienen recursos escasos y la ilegalidad en sus múltiples formas es extensa y parece que sólo tiende a crecer. En lugar de reconocer esas limitaciones y someter las decisiones que las autoridades tienen que tomar a una discusión inteligente y abierta, las voces que critican a López Obrador desde una posición absolutista de la ley hacen más difícil cualquier debate que dé a la sociedad civil más influencia en la determinación de las prioridades para la investigación y el castigo del crimen. El absolutismo legal es en este contexto una forma de mantener los escasos recursos represivos del estado en manos de un grupo pequeño de expertos cuya autoridad se basa en la premisa de que, dejada en manos de la gente normal, la justicia se convierte en libertinaje corrupto o ira de linchamiento.

No hace falta repetir, por otra parte, que la versión del discurso absolutista adoptado desde Calderón ha llevado al peor fracaso imaginable para el estado mexicano, con un aumento de la corrupción a todos los niveles, el crecimiento y la multiplicación de los negocios ilegales, y una cantidad de víctimas que nunca se había visto en el país fuera de tiempos de conquista o guerra civil.

Hablar de amnistía, como lo hizo López Obrador, no es la mejor manera de atacar esa hipocresía, pero al menos abre la puerta para usar la imaginación sin abandonar el realismo. Es difícil otorgar una amnistía si no está anclada en un antes y un después históricos. Solo puede funcionar la gracia del perdón como instrumento para la paz si viene de un nuevo régimen con gran legitimidad, uno en el que los abusos del pasado no se podrían repetir. La idea de amnistía implica una autoridad superior que otorgue esta gracia por su soberana voluntad. Es posible que López Obrador y sus seguidores más fervientes crean que su presidencia significará el advenimiento de una nueva era de moralidad, igualdad y justicia, un milenio populista de felicidad. Pero este es un sueño que para otros mexicanos puede parecer una pesadilla, la de un régimen personalista donde se aboliese la división de poderes y los adversarios del líder se convirtieran en enemigos del pueblo.

Una amnistía parece imposible en una situación como la actual en la que los beneficiarios potenciales del perdón todavía son poderosos, y que probablemente lo serían más de no pender sobre sus cabezas la posibilidad de la cárcel o la deportación. Sólo funcionaría, si hemos de guiarnos por la experiencia de otros países que sí vivieron un nítido cambio de régimen con un nuevo gobierno lo suficientemente poderoso para decidir entre la represión o el perdón, sobre la base de un consenso muy amplio en la sociedad civil que reconociera ese cambio de régimen y que aceptara perdonar a actores criminales o terroristas del pasado a cambio de que depusieran sus armas y se acogieran a la legalidad. El fin de un conflicto armado interno también puede servir para señalar ese antes y después que justifique el consenso. Fue posible, por ejemplo, imaginar una amnistía para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a cambio de que entregaran las armas al gobierno de Juan Manuel Santos, y eso sólo después de largas negociaciones que aún son el objeto de ataques desde la derecha por el ex presidente Álvaro Uribe y otros absolutistas de la ley. Pero el éxito parcial colombiano sólo ha sido posible sobre los hombros de experiencias anteriores de desmovilización, como la de los paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia, negociada por Uribe, en las que muchas promesas no se cumplieron en términos de justicia y pacificación. También podría funcionar una amnistía, como en el caso de Uruguay en 1986, con la “Ley de Caducidad” que impedía el procesamiento penal de los responsables de abusos cometidos por la dictadura militar de 1973-1985. Esta forma de amnistía sólo pudo suceder después del retorno a la democracia (es decir, un cambio nítido de régimen), y fue confirmada por referéndum en la que la mayoría de los ciudadanos decidieron anteponer la “reconciliación” (otros dirían el olvido) a la justicia. Aún en este caso la necesidad de conocer la verdad sobre los excesos del pasado se mantuvo como una demanda política después de confirmarse el cese de cualquier persecución.

Una amnistía en México requeriría una ruptura drástica, un corte histórico que justificara distinguir los crímenes del pasado de los que ocurrieran a partir de ese momento. Esto solo sería posible si a) se interrumpiera el orden constitucional o b) se declarara terminada una guerra civil que pocos han reconocido como tal, y c) si existiera un fuerte consenso en favor de la paz por sobre la justicia. La primera condición se ve difícil dado la fortaleza del régimen partidista existente. La segunda también es difícil a causa de la creciente militarización de la denominada “guerra contra las drogas.” La tercera podría, sin embargo, ser objeto de una discusión matizada, sin absolutismos ni mesianismos.

Un consenso verdadero sobre la paz sólo podría establecerse sobre el conocimiento socialmente compartido de la verdad. Esa fue la secuencia en Sudáfrica, con la Comisión de Verdad y Reconciliación de 1998, después del final del apartheid y bajo el gobierno de Mandela, y en Argentina en 1983. En el primer caso se ofreció el perdón a los que confesaron sus crímenes durante el antiguo régimen. En el segundo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas produjo en 1984 el informe Nunca Más, en el que se exponían las atrocidades del régimen militar de 1976-1983. La persecución judicial de los principales instigadores del terrorismo de estado siguió al establecimiento de la verdad. Los intentos de amnistía posteriores al gobierno de Raúl Alfonsín no tuvieron éxito definitivo porque la verdad registrada por el Nunca Más y ahondada por otras organizaciones en años subsecuentes lo hicieron políticamente inviable.

Una comisión de la verdad en México sobre la violencia tendría una labor enorme ante sí, aunque probablemente no tan grande como las que enfrentaron las comisiones de Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1994) y Perú (Comisión de Verdad y Reconciliación, 2001). Esta labor sería necesaria para llegar a un consenso sobre la paz, aunque emprenderla ya significaría aceptar el fin de una era. Empezaría por contestar preguntas básicas y urgentes: ¿Cuántos han muerto y cuántos han desaparecido? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Dónde están? ¿Cuántos fueron víctimas del crimen organizado y cuántos de las fuerzas armadas o la policía? Otras preguntas se volverían necesarias muy pronto: ¿Dónde está el dinero que se ganó gracias a esa violencia? ¿Cómo se va a restituir lo que se le debe, moral y económicamente, a los que fueron despojados de bienes, familiares o libertad por el crimen común o el abuso de las fuerzas de seguridad?

Estas preguntas hoy en día son incómodas y difíciles de contestar. En primer lugar porque la violencia no ha terminado ni va a terminar repentinamente. Intentar la pacificación es necesario pero no hay que hacerse ilusiones dada la fragmentación de las organizaciones criminales y la descoordinación de las autoridades. En segundo lugar, porque cualquier respuesta será provisoria y limitada por fechas más o menos arbitrarias: ¿Empezando en 2006? ¿2000? ¿1988? ¿Terminando en 2018? Y, finalmente, porque esa búsqueda de la verdad tendría que tener el respaldo político pleno del estado, no sólo del presidente sino también de los otros poderes federales, estatales y municipales. La sociedad civil tendría que imaginar el perdón como una salida hacia la paz.

Pero el obstáculo principal para llegar a la verdad sería el hecho de que decirla representa, en este momento, un peligro. Quien se atreviera a dar información sobre asesinatos del pasado reciente se expondría a ser víctima de los autores de esos crímenes. Más aún, lo más probable sería que esa información sólo pudiera ser obtenida de testigos que también fueron cómplices de los crímenes. La experiencia de la lucha contra la mafia siciliana sugiere que sacar información de “arrepentidos” es, junto a la acción de jueces autónomos y valientes, la mejor vía para llegar a la verdad y castigar a los capos y sus peores asesinos. En El Salvador y en Estados Unidos, para nombrar dos casos cercanos, los testigos protegidos han sido útiles —aunque su uso está plagado de problemas éticos y logísticos. Para que estos arrepentidos o testigos negociados puedan testificar es necesario otorgarles protección. Esto significa una eficacia y honestidad de parte de los actores estatales que pocos creen posible en nuestro país. Ahí está el ejemplo del sistema de protección para periodistas, criticado incluso por los que podrían beneficiarse de él, e infructuoso para mejorar las condiciones de seguridad de reporteros y fotógrafos amenazados. Un problema relacionado es el de la legitimidad y autonomía de los tribunales que autoricen inmunidad a cambio de información. Sería necesario establecer mecanismos que garantizaran la confidencialidad de los declarantes pero también la prevención de los abusos, para que los fiscales no fabriquen testigos a sueldo. Probablemente habría que hacer cambios en la ley, aunque esto no sería tan difícil si los principales partidos políticos estuvieran de acuerdo.

Aquí volvemos al problema inicial: cómo llegar a dar ese primer paso si la posibilidad misma de discutir soluciones alternativas está limitada de antemano por la retórica de campaña. En lugar de atacarse mutuamente, los partidos y los candidatos deberían acordar que la papa caliente de la violencia criminal es más fácil y segura de manejar si no se la convierte en propiedad de un partido o arma de ataque contra un candidato. Esto evitaría el uso de la violencia por los grupos criminales para influir el proceso electoral y limpiaría la mesa para una discusión más sensata y productiva que la que se ha visto en los últimos días.

Pablo Piccato es historiador y profesor en Columbia University.