¿Crisis política en el régimen?

Es posible que, en el afán por desentrañar las características del nuevo régimen, se haya dejado en segundo plano un hecho de igual relevancia: mientras se consolida su arquitectura formal e informal se están gestando los factores que podrían anteceder a su primera crisis política. Como advierte Octavio Rodríguez Araujo, una crisis política es aquel momento en que los mecanismos de dominación entran en contradicción o se ven amenazados por una modificación sustantiva. A la luz de esta definición, me parece pertinente afirmar que asistimos a la conformación de ciertas condiciones que podrían desembocar en un escenario de inestabilidad y debilitamiento en el control del orden establecido.

El primer elemento es de naturaleza moral. El obradorismo, que alguna vez encarnó una promesa de ruptura con las inercias más corrosivas del sistema político mexicano, renunció desde hace años a buena parte de los principios que lo impulsaron, primero, a consolidarse como una oposición vigorosa, y después, a convertirse en la fuerza política en el gobierno con la aspiración de un cambio verdadero. Hoy, esa renuncia se ha transformado en un desdibujamiento de su imagen fundacional.

El episodio protagonizado por Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras constituye un ejemplo revelador de esta deriva. La manera en que procedieron contra una ciudadana que cuestionó un presunto caso de nepotismo —ocurrido durante el proceso de selección de candidaturas y que benefició de manera directa a Barreras— no sólo expuso un talante autoritario, sino que evidenció el abandono de toda proporción y mesura. La condena que enfrentó la ciudadana, que incluye la obligación de publicar disculpas públicas durante un mes en su cuenta de X, se convirtió en un símbolo de la intolerancia y el uso desmedido de instrumentos legales para acallar la crítica legítima.

De forma paradójica, el intento de disciplinar y silenciar terminó por volverse en su contra. En cuestión de semanas, las redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a difundir fotografías, videos y reportajes que documentaban los gastos excesivos de Gutiérrez Luna y Barreras. El episodio, que en un inicio parecía una muestra puntual de autoritarismo, desembocó en una crítica hacia la ostentación y el derroche como prácticas normalizadas en figuras públicas que, en teoría, debían encarnar la austeridad y el compromiso ético con el que el obradorismo justificó su llegada al poder.

El escrutinio público se amplió hacia Andy López, hijo del expresidente, quien fue fotografiado en Tokio en un hotel de cinco estrellas y recorriendo tiendas de lujo. La respuesta de Andy a las críticas resultó contraproducente. En una carta pública, justificó su estancia alegando que era resultado de un periodo extenuante de trabajo de poco más de medio año y que la tarifa de su habitación ascendía a “tan sólo” 7 500 pesos por noche. Con ello, dejó entrever un profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica de la mayoría de mexicanos, para quienes esa cifra representa más de lo que ganan en un mes y que con dificultad tienen vacaciones. Aún más significativo fue el contraste con la narrativa de su padre, quien convirtió la austeridad en un símbolo político y un recurso retórico central de su proyecto. La defensa de Andy contradijo ese legado en un muy mal momento, pues sus vacaciones se dieron durante la celebración del Consejo Nacional de Morena.

Este tipo de episodios contribuye a explicar los hallazgos recientes de la encuesta de El Financiero, realizada por Alejandro Moreno. En ella, una mayoría de encuestados manifestó su apoyo a Morena, pero gran parte de esa misma mayoría coincidió en describirlo como un partido autoritario, conservador y corrupto. La aparente contradicción revela un cambio sustancial en la base del respaldo al oficialismo: ya no se sostiene en las banderas morales históricas —la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción—, sino en factores más pragmáticos. Una primera hipótesis es la ausencia de alternativas opositoras que se perciban distintas a lo que existía antes. Otra es el peso decisivo de los programas sociales como mecanismo de legitimación, capaces de mantener altos niveles de apoyo incluso en medio del desgaste moral.

El efecto de estos episodios no se limita a la percepción ciudadana; también se proyecta al interior de Morena y de su coalición. Como ha documentado Peniley Ramírez, el malestar se extiende entre los propios militantes, quienes ven en el comportamiento de Andy López la síntesis de un patrón que ha corroído al movimiento desde hace años. Que el secretario de Organización del partido y, además, hijo del expresidente exhiba lujos en un contexto de precariedad para las bases resulta sobre todo hiriente. Confirma que el capital político acumulado por la militancia se traduce, cada vez más, en privilegios para un reducido círculo compuesto por hijos de dirigentes y sus amistades —muchas veces sin trayectoria política ni experiencia de gestión— que ocupan puestos directivos y ostentan su posición con fiestas, excesos y derroche económico. El derroche, por si fuera poco, también ocurre con aquellos que, aunque no cuentan con lazos familiares, tienen puestos de responsabilidad.

La distancia entre las élites del movimiento y sus bases se amplía cuando se observa que, mientras unos disfrutan de los beneficios, los militantes de a pie siguen padeciendo condiciones de precariedad. No han recibido mejoras sustanciales derivadas de la movilización social y política que sostienen, y sin embargo se les exige que en cada proceso electoral “se pongan la camiseta” y trabajen sin reservas por la causa de la Cuarta Transformación. Esta lógica erosiona en silencio la cohesión del partido y sus aliados, pues alimenta un resentimiento latente que, llegado el momento, podría convertirse en un factor decisivo en una crisis política interna.

Pero quizás el elemento más importante es el surgimiento de un grave problema estructural, resultado de la presión ejercida por Estados Unidos y de la necesidad de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de responder reforzando, al mismo tiempo, su control frente a los actores de veto que habitan dentro de su propia coalición. Está muy documentado —y constituye, además, un secreto a voces— que desde 2021 la estructura electoral de Morena se ha sostenido en parte por el combustible ilícito y por alianzas inconfesables con redes mafiosas. El caso más reciente y visible es el de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco y figura cercana al hoy senador desde hace años. Sin embargo, como señala Héctor de Mauleón, éste no es un hecho aislado: hay múltiples vínculos entre el oficialismo y poderes mafiosos. Que sea en Tabasco, tierra natal del expresidente, donde se revele este entramado, constituye un golpe directo a la narrativa heroica que el obradorismo trata de consolidar como legado histórico.

En este contexto, Gibrán Ramírez advierte que tal vez sea esta mezcla de factores la que ha llevado a Sheinbaum a impulsar una reforma electoral. En sus palabras, se trataría de una estrategia de “retención del poder”. Comparto esta apreciación, aunque el desenlace es incierto. A primera vista, podría interpretarse como un intento de diseñar un marco electoral más autoritario, que garantice la permanencia del oficialismo. Pero hay también la posibilidad de que, si la reforma se plantea con torpeza en aspectos clave como la representación proporcional, provoque una crisis con los mismos partidos aliados —el Partido del Trabajo y el Partido Verde— cuyo respaldo resulta indispensable para aprobar cualquier modificación en ambas cámaras.

Tal vez la reforma pueda convertirse en un mecanismo para anticipar y desactivar una crisis mediante el consenso: suavizando los puntos más conflictivos, incorporando voces diversas y, de manera eventual, significando una derrota para los sectores y figuras más ortodoxas de la visión electoral obradorista, como Pablo Gómez. Cualquiera que sea la ruta elegida, ambas parecen diseñadas para responder a una misma realidad: junto al afianzamiento del régimen, crece también la sombra de una crisis política que, tarde o temprano, pondrá a prueba la cohesión del bloque gobernante.

Hugo Garciamarín

Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente