El New York Times reveló, el fin de semana pasado, que la Casa Blanca solicitó en secreto al Pentágono preparar el uso de fuerzas militares para desplegar en operaciones contra cárteles del narcotráfico en México. No es una idea nueva: el uso de medios militares para operaciones antidrogas en territorio mexicano ha sido una amenaza constante durante el segundo gobierno de Donald Trump. Sin embargo, esta revelación se ha interpretado como la escalada más agresiva en los intentos de Washington por militarizar la lucha contra las drogas, sobre todo a partir de la declaración de los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas.
¿Qué objetivos persigue esta creciente militarización? , ¿cuáles son los motivos para clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas? La lucha contra la epidemia de consumo de opioides es uno de los temas más sensibles de la agenda política estadunidense. Por eso hay la posibilidad de que Washington recurra a sus capacidades militares para enfrentar la crisis de sobredosis que afecta a su población, en principal de fentanilo, droga que buscan considerar como “arma de destrucción masiva”.
Esta estrategia abona a la narrativa de la lucha contra las drogas como respuesta a una amenaza a la seguridad nacional, con implicaciones tanto internas para Estados Unidos como para la relación bilateral con México. En principio, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas no es un gesto simbólico, pues altera el marco legal de la política antidrogas. Traslada el eje de acción desde agencias civiles como la DEA, hacia instituciones militares como el Pentágono.
Este cambio no sólo redefine la naturaleza de la cooperación en materia de seguridad, sino que vuelve a tensar, de manera directa, los límites de la soberanía mexicana. Para entender el alcance de esta medida es necesario situar este cambio en su contexto. La cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos ha sido larga y, en no pocas ocasiones, complicada.
Washington respaldó la estrategia mexicana de militarización contra los cárteles desde el sexenio de Felipe Calderón, en gran medida por medio de la Iniciativa Mérida, ofreciendo capacitación, infraestructura, armamento e inteligencia. El uso de la fuerza quedaba en manos de México hasta ahora, mientras Estados Unidos participaba, sobre todo, vía la DEA. Esta organización ha tenido una relación complicada con los gobiernos mexicanos, sobre todo en los últimos años, por restricciones operativas y las limitaciones de acceso a sus agentes.
Incluso hubo un reordenamiento de sus operaciones en territorio mexicano y el cierre de algunos programas de colaboración. En conjunto con los cambios políticos internos de Estados Unidos, ambas situaciones alteraron la dinámica de cooperación en materia de seguridad entre los dos países. Como parte de estos cambios podemos observar la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas a principios de este año.
Esta designación supone un giro profundo en el andamiaje legal de la política antidrogas estadunidense, al consolidarlos como una amenaza a la seguridad nacional. De esta forma pueden otorgarle mayores facultades a las agencias federales y se flexibilizan las condiciones para el despliegue de fuerzas militares tanto en Estados Unidos como en el extranjero, y la estrategia antidrogas se desplaza hacia un marco propio de la seguridad nacional.
Este cambio no es menor, pues introduce riesgos adicionales en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, sobre todo al ampliar el margen de acción de las fuerzas militares en un terreno históricamente reservado a las agencias civiles como la DEA o las policías locales. A este panorama se suma la propuesta de transferir la jurisdicción de las operaciones militares en México del Comando Norte (NORTHCOM) al Comando Sur (SOUTHCOM). Esto no sería un simple ajuste burocrático en la estructura interna del Pentágono: los comandos unificados de Estados Unidos agrupan a distintas ramas de las Fuerzas Armadas para ejecutar misiones permanentes en regiones específicas, con lógicas operativas y objetivos distintos.
La principal misión del Comando Norte es la defensa del territorio estadunidense. Por su parte, la misión histórica del Comando Sur es la intervención militar, la contrainsurgencia y, de manera más reciente, las operaciones antidrogas en América Latina. Entre estas operaciones se encuentran las llamadas enhanced counter narcotics operations que implican el uso de fuerza militar: desde unidades terrestres del Ejército de Estados Unidos y buques de combate de la Marina y la Guardia Costera, hasta helicópteros, drones y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, con el objetivo de interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Este cambio jurisdiccional transformaría la naturaleza de la relación bilateral en materia de seguridad y defensa con nuestro país. Significaría el paso de una lógica defensiva a una lógica ofensiva, en particular al catalogar a los cárteles del narcotráfico como un objetivo militar prioritario para Washington. Así, la designación de los cárteles como una organización terrorista establecería la base legal, mientras que el traslado de México al Comando Sur sentaría la base operativa para una política antidrogas más intervencionista y militarizada.
Aunque la idea ha estado presente en la agenda de Trump y del Partido Republicano desde hace tiempo, es posible identificar al menos tres factores que explican la actual escalada en la militarización de la política antidrogas por parte de Washington. Primero, esto proyecta la imagen de que la Casa Blanca, y sobre todo Donald Trump, está actuando frente a la crisis de consumo de fentanilo en Estados Unidos. Es un mensaje que tanto el partido Republicano como Donald Trump necesitan reforzar de cara al calendario electoral.
Segundo, crea un marco legal y operativo que facilita el uso de las Fuerzas Armadas como instrumento de control interno, en un contexto donde las protestas son cada vez más frecuentes. Entonces, la lucha antidrogas se convierte en un posible “caballo de Troya” para militarizar la represión, idea recurrente en el discurso de Trump frente a las protestas de los últimos meses. En tercer lugar, abre la puerta a un mecanismo de presión más agresivo contra México, no sólo en materia de cooperación antidrogas, sino en otros frentes estratégicos como el comercio, la migración o la gestión de recursos energéticos.
El primer punto responde a la presión interna, producto del posicionamiento del consumo de fentanilo como un problema primordial entre la opinión pública estadunidense. La militarización de la lucha antidrogas cumple una función simbólica, pensada con las elecciones intermedias del próximo año en el horizonte. El mostrar estos avances, aunque sean aparentes y no efectivos, junto a la voluntad de una acción firme, es crucial para reforzar la narrativa de un liderazgo fuerte capaz de “restaurar el orden”, y capitalizar en las urnas la ansiedad social respecto de la crisis de opioides que viven los estadunidenses.
Respecto del segundo punto, cabe recordar que Trump ya desplegó a la Guardia Nacional para reprimir las protestas en Los Ángeles contra los operativos de ICE. Además, están las revelaciones del Washington Post sobre los planes del Pentágono para crear una unidad militar de respuesta rápida, para desplegarse en ciudades que enfrenten protestas o disturbios. Dado el contexto de ebullición social contra las políticas de Donald Trump, la militarización de la lucha contra las drogas proporciona la justificación del uso de las Fuerzas Armadas contra su población civil.
Por último, el despliegue de fuerzas militares en territorio mexicano puede servir como una herramienta más, además de los aranceles, de presión política de largo alcance para Estados Unidos. La amenaza latente del despliegue militar en nuestro país trasciende la cooperación tradicional porque refuerza la capacidad de Washington para influir en las decisiones del Gobierno Federal en México. Además de limitar el margen de acción y cuestionar los alcances de la soberanía nacional, también encierra el riesgo de extenderse a otros ámbitos de la relación bilateral, como en asuntos económicos, comerciales y migratorios, para intervenir en la agenda interior nacional.
Si bien es cierto que Estados Unidos no requiere de la amenaza de la acción militar para presionar a México, se sabe que hay una predilección del presidente Trump por la vía armada como forma de lograr sus objetivos. Esto sólo abona una herramienta más a su arsenal de tácticas de intimidación. Sin embargo, en la práctica, es poco probable que una intervención militar estadunidense en México adopte la forma de una invasión a gran escala.
Lo más plausible sería una iteración de las operaciones vistas durante la “guerra contra el terrorismo” en Medio Oriente. El despliegue de buques de la Marina patrullando costas mexicanas, ataques selectivos con drones contra objetivos estratégicos como casas de seguridad o laboratorios clandestinos, y el envío de equipos de operaciones especiales para capturar a líderes del narcotráfico son un ejemplo. En muchos casos, estas operaciones se llevaron a cabo unilateralmente en territorios soberanos de otros países como Pakistán, Afganistán, Siria, Irak, Yemen, entre otros; en otros casos hubo coordinación con algunos de los países involucrados.
Aunque no hablemos de una invasión a gran escala, las operaciones militares en territorio mexicano contra los cárteles podrían detonar una escalada de violencia indiscriminada. No sólo abre la posibilidad de víctimas inocentes frente a los posibles ataques con drones, sino que también las organizaciones criminales responderían con ataques de represalia contra la población civil, autoridades locales y objetivos estratégicos. Lejos de neutralizar su capacidad operativa, estas acciones podrían fragmentar a los grupos, multiplicando actores armados y aumentando el número de víctimas en comunidades ya vulnerables, atrapadas entre el fuego cruzado y sin una protección efectiva del Estado.
Frente a este panorama, el gobierno de México enfrenta una situación sumamente compleja. Cualquier oposición efectiva o visible a los planes de seguridad de Donald Trump podría detonar la imposición de aranceles como medida de intimidación. La presidenta Sheinbaum ya advirtió que las operaciones militares estadunidenses en territorio mexicano serían consideradas una invasión y, por lo tanto, serían inaceptables.
Sin embargo, cabe preguntarse qué tan firmes deben de ser las líneas rojas que ha pintado el gobierno de México frente a la posibilidad de la acción militar unilateral estadunidense en suelo mexicano. O, en cambio, si sería mejor aceptarlos y colaborar como hizo Colombia durante su conflicto armado. Es una pregunta que quita el sueño.
Un escenario de este tipo desencadenaría una serie de respuestas con implicaciones políticas y militares significativas para Estados Unidos. En el plano interno, es previsible una fuerte oposición social, encabezada por el Partido Demócrata y respaldada por ciertos sectores del Partido Republicano, en particular ante el eventual uso de las Fuerzas Armadas para contener o reprimir protestas. Esto ya sucedió con la denuncia del gobernador Gavin Newsom de California tras el uso de la Guardia Nacional para reprimir las protestas en Los Ángeles.
En el ámbito institucional, el riesgo de fractura al interior de las Fuerzas Armadas no sería menor. Trump intentó autorizar el bombardeo de laboratorios clandestinos en suelo mexicano en 2020, medida bloqueada por la cúpula militar. Sin embargo, en la actual coyuntura se podría modificar esa medida de contención, sobre todo a raíz de las recientes purgas en la alta jerarquía castrense que han reducido el margen de resistencia interna a órdenes de carácter político.
La eventual decisión de Washington de militarizar la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en su propio territorio y en México, acarrearía grandes consecuencias tanto internas como externas. Para México significa una pérdida sustancial de soberanía y una reconfiguración forzada de su política de seguridad bajo doctrinas y decisiones ajenas. Para Washington sentaría un precedente de intervención que, aunque podría generar resultados tácticos inmediatos, conlleva altos costos políticos internos y el riesgo de una escalada de violencia armada prolongada en su frontera sur, con repercusiones importantes en el ámbito migratorio.
Adrián Marcelo Herrera Navarro
Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.