El martes 21 de febrero, en una corte federal en Nueva York, Estados Unidos, Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos penales. A ojos de las autoridades estadunidenses, es una certeza legal que el hombre de 54 años que dirigió la “guerra contra el narco” durante el sexenio de Felipe Calderón mintió en sus documentos migratorios, conspiró con el cártel de Sinaloa para distribuir cocaína en Estados Unidos y participó en una empresa criminal que continúa hasta nuestros días. El 27 de junio, el juez encargado del caso dictará sentencia. La gravedad de los crímenes significa que García Luna enfrenta al menos veinte años de prisión y quizá la pena perpetua.
La condena de García Luna es el resultado del veredicto unánime de un jurado compuesto por doce ciudadanos estadunidenses, todos residentes de Brooklyn. A lo largo de varias semanas, estas personas escucharon las declaraciones de casi treinta testigos, incluyendo a nueve narcotraficantes convictos que accedieron a testificar a cambio de sentencias reducidas y a la esposa de García Luna. El momento culminante de esta fase del proceso ocurrió el 15 de febrero, cuando tanto la Fiscalía como los abogados defensores expusieron sus argumentos finales: la última oportunidad de resumir sus respectivas teorías del caso, así como de explicar cualquier detalle que requiriera ser aclarado.
El antiguo jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y exsecretario de Seguridad Pública era un “político inteligente, ambicioso y egoísta”, dijo Sartiha Komatireddy, una de las fiscales encargadas del caso, durante sus argumentos finales. Los nueve testigos cooperantes que declararon en contra de García Luna, siguió Komatireddy, “no habrían tomado tantos riesgos si no hubieran sabido con certeza que el acusado estaba de su lado”. En respuesta, César de Castro, abogado de García Luna, dijo que “la ausencia de evidencia en la presentación del gobierno [era] sorprendente”. La Fiscalía, siguió de Castro, dirigiéndose al jurado, “les está pidiendo que condenen a un hombre sin otra base que los dichos de algunos de los criminales más sanguinarios en la historia de la humanidad”. Las autoridades reviraron: “La evidencia”, dijo Erin Reid, otra de las fiscales, durante su réplica a la defensa, “ha demostrado que García Luna era un hombre de dos caras”.
De creer a los testigos del gobierno, sin embargo, García Luna era más bien un hombre de tres caras. La primera quedó retratada en los argumentos finales de su abogado defensor: García Luna era “el rostro de la guerra contra los carteles”. En efecto: durante la administración de Vicente Fox, García Luna hizo todo lo que pudo para pintar a los agentes de la AFI como héroes, llegando incluso a escenificar un montaje del arresto de un grupo de secuestradores para las cámaras de televisión. Más adelanté lo intentó de nuevo al supervisar la producción de una telenovela que buscaba limpiar la imagen de la policía. El exsecretario también aparecía con frecuencia en los medios de comunicación, diciéndole al público que la ola de violencia continuaría incluso mientras la administración de Calderón arrestaba a cientos de sospechosos y lanzaba un ataque frontal contra las organizaciones criminales.
Esta cara de García Luna recibió tanto elogios como ataques por sus esfuerzos de construir un imperio de espionaje y vigilancia, así como de consolidar a las corporaciones policiales que patrullaban puertos, aeropuertos y carreteras; esfuerzos que algunos percibieron como una invitación a la corrupción o aun como un intento de ocultar su propia complicidad. El exsecretario también fue criticado por periodistas y defensores de derechos humanos por su tendencia a presentar a toda suerte de detenidos de forma humillante frente a la prensa. Tanto García Luna como Calderón aceptaban la existencia de corrupción entre las corporaciones policiacas: entre 2006 y 2012 varios comandantes de alto rango —algunos de ellos considerados parte del círculo íntimo de García Luna— fueron investigados y en algunos casos arrestados.
Para muchos, tales acciones constituían el suicidio político pero, a decir de algunos que lo trataron, García Luna nunca mostró mucho interés en la política. Funcionarios y académicos estadunidenses, así como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que conocieron a García Luna durante sus visitas a Ciudad de México, o durante las de éste a Washington, recuerdan su torpeza social, su tartamudeo y su obsesión con su trabajo. (Años después, en el juzgado de Brooklyn, los fiscales dirían que el hecho de que uno de los testigos se refería a García Luna como “el tartamudo” era evidencia de que lo había conocido en persona; esto, a pesar de que cualquiera que hubiera visto una conferencia de prensa sabría que el exsecretario tenía un impedimento del habla.)
Desde el inicio de su gestión en la AFI en 2001, García Luna se vio envuelto en rumores de que trabajaba para uno u otro cartel. Pero las habladurías quedaron en eso: en habladurías. Durante las últimas semanas, le pregunté a casi una docena de periodistas, académicos, críticos de la guerra contra las drogas y agentes de la DEA —algunos de los cuales trabajaron con García Luna a principios de siglo— sobre estos rumores, y ninguno fue capaz de recordar ninguna acusación detallada más allá de vagos reportes de que Arturo Beltrán Leyva supuestamente habría secuestrado al exsecretario con la intención de corromperlo, así como de algunas adquisiciones de bienes raíces ligeramente ostentosos.
Es verdad que ciertos incidentes revelaron que algunos de los subordinados de García Luna habían sido corrompidos, pero ninguno de ellos apuntaba directamente al exsecretario. Es verdad, también, que en varias ocasiones García Luna mostró su lado oscuro, como cuando presuntamente amenazó a la madre de un policía que había muerto debido al descuido de sus superiores. Nada de esto, sin embargo, constituía prueba de su corrupción. García Luna, dijo su abogado durante los argumentos finales, “era vigilante en su lucha contra el crimen. Era un hombre trabajador que ascendió en el gobierno gracias a sus propios esfuerzos”.
Tal, entonces, era la segunda cara de García Luna. A decir de los testigos de la Fiscalía, sin embargo, este burócrata ambicioso, meticuloso y adicto al trabajo, quien dirigía una fuerza policial que sin duda incluía a un buen número de oficiales corruptos pero por lo general buscaba hacer la ley, también se reunía regularmente con Arturo Beltrán Leyva y sus socios, quienes le entregaban un millón de dólares al mes. De acuerdo con uno de los testigos, Sergio Villarreal Barragán, alias “el Grande”, Beltrán Leyva hizo grabaciones de todos estos encuentros. A pesar de haber presentado miles de audios como posible evidencia en la fase preparatoria del proceso, a la hora de la verdad los fiscales de Brooklyn no presentaron una sola grabación durante el juicio; al parecer pensaron —con razón, en vista del veredicto— que las declaraciones de sus testigos serían más que suficientes, o quizá concluyeron que los audios no revelaban nada de importancia. En todo caso, los jurados nunca supieron que el gobierno originalmente planeaba presentar cientos de horas de grabaciones. Es probable que el público nunca sepa por qué decidieron no hacerlo.
Durante el juicio, el Grande dijo haberse reunido con García Luna unas veinticuatro veces. En una de estas ocasiones, cuando la policía decomisó veintitrés toneladas de cocaína —valuadas en más de 1000 millones de dólares— en Manzanillo en 2007, García Luna se habría reunido con los Beltrán Leyva para discutir la mejor manera de mitigar las pérdidas del cártel, así como de explicarlas a los socios colombianos de los sinaloenses. El Grande le dijo al jurado que él y su equipo operaban una fábrica cerca del lugar del decomiso donde producían una especie de cocaína falsa que usaban para reemplazar la verdadera antes de que fuera decomisada, pero que en esa ocasión no habían podido hacer el cambio a tiempo, forzando al cártel a asumir la pérdida. Después de la reunión con el Grande, sin embargo, García Luna le habría explicado a los colombianos que la cocaína en cuestión había sido interceptada por las autoridades estadunidenses, por lo que los traficantes mexicanos no habían tenido la culpa.
A decir del Grande, Arturo Beltrán Leya quedó muy agradecido con García Luna por su intervención. Otro traficante, Oscar “el Lobo” Valencia, le dijo al jurado que había acordado con Beltrán Leyva dividirse a la mitad las ganancias o pérdidas de ese cargamento en particular, y que los esfuerzos de García Luna le habían permitido ahorrarse 50 millones de dólares. Cabe recordar que los números suelen ser vagos en la guerra contra las drogas: en años recientes, los estimados de las ganancias anuales de los cárteles han oscilado entre los 2000 y los 500 000 millones de dólares. En todo caso, es probable que un cargamento valuado en 1000 millones —o en 2700 millones, como reportó en su momento The New York Times, citando a fuentes estadunidenses— le hubiera redituado a Valencia bastante más de 50 millones, incluso al tomar en cuenta los costos del negocio, incluyendo aquellos incurridos al corromper a oficiales mexicanos.
En general, los números presentados por los testigos en el caso de García Luna nunca terminaron de cuadrar. De Castro enfatizó este punto durante sus argumentos finales. Dieciséis millones por aquí. Cinco por acá. Un millón más, un millón menos. Todo para llegar a la “cantidad ridícula” de 274 millones que García Luna habría recibido en total durante el curso de su supuesta amistad con Arturo Beltrán Leyva. El abogado defensor dijo haber calculado la cifra él mismo, basándose en las declaraciones de los testigos. Más adelante la redondeó a 300 millones, quizá para atolondrar al jurado con otro número más. Tanto los partidarios como los críticos de la guerra contra el narcotráfico suelen apoyarse en números que parecen conjurados del aire; el juicio de García Luna no fue la excepción. El único número que brilló por su ausencia durante el proceso fue el de los miles de millones en apoyos al combate contra las drogas que el gobierno de México ha recibido por parte de Estados Unidos, buena parte de los cuales cayeron bajo la supervisión de García Luna.
El exsecretario decidió renunciar a su derecho a declarar en defensa propia. En su lugar, su esposa, Cristina Pereyra, tomó el banquillo de los testigos el 14 de febrero, Día de San Valentín. Con ayuda del abogado de su esposo, Pereyra contó la historia de su relación con el acusado, detallando el historial financiero de la pareja en un intento de refutar la narrativa de enriquecimiento ilícito presentada por el gobierno. Nada en las declaraciones de Pereyra parecía fuera de lo ordinario, salvo la súbita aparición de una riqueza inexplicable a finales del sexenio de Calderón, riqueza que la esposa del acusado explicó como resultado de un error de contabilidad. Al concluir su servicio público, dijo Pereyra, García Luna recibió bonos de separación que la pareja invirtió en bienes raíces.
Pereyra concedió que a su esposo le gustaban los automóviles y las motocicletas de lujo, pero insistió en que sus pasatiempos no eran extravagantes. ¿Y qué decir de la enorme pecera que adornaba una de sus casas, esa que los fiscales habían señalado como evidencia de un estilo de vida demasiado ostentoso para un servidor público honesto? Al fin y al cabo, Harold Mauricio Poverda, un narco conocido como “el Conejo”, había llorado en el juzgado cuando los fiscales le mostraron fotografías de su león, al que bautizó como Apolo, y de su gato blanco, apropiadamente llamado Perico. En efecto, Pereyra declaró: García Luna tenía una pecera, pero la había diseñado él mismo, lo que al parecer sugería, de algún modo, que no era un ostentoso colaborador del narco.
Para el momento en el que la Fiscalía terminó de presentar su caso, sin embargo, algunas preguntas sin respuesta sugerían la posibilidad de una tercera cara de García Luna. A decir del Grande, la gente de Beltrán Leyva solía recoger a García Luna en el centro comercial Perisur de la Ciudad de México y llevarlo a un punto de encuentro a pocas cuadras, donde el capo lo esperaba. “Se saludaban”, dijo el Grande. “Les pagábamos. Se iban”. Otro testigo, Jesús “el Rey” Zambada, declaró que García Luna también recibía dinero durante reuniones frecuentes en el restaurante Champs Elysées, justo frente a la embajada de Estados Unidos en México. A cambio de estos sobornos, a decir del Grande, García Luna “nos entregaba información sobre operaciones e investigaciones contra la organización. Nos ayudaba a meter y a quitar a comandantes y agentes en cualquier plaza de México. Y nos compartía información para que pudiéramos atacar a nuestros rivales”.
Para cualquiera que haya seguido la historia del cártel de Sinaloa —si bien no para los miembros del jurado, quienes deben profesar ignorancia sobre los detalles del caso antes de ser seleccionados para participar en el proceso— tales alegaciones sonaban familiares. En años anteriores, Joaquín “el Chapo” Guzmán y su subalterno, Ismael “el Mayo” Zambada, llegaron incluso a acercarse a la DEA para intentar negociar un acuerdo a cambio de información. Debido en parte a que en ese momento los abogados de los capos intentaban corromper a agentes tanto mexicanos como estadunidenses, la respuesta de la DEA fue un firme “no”.
Pero los capos no suelen aceptar tales respuestas. Como parte del testimonio con el que consiguió una sentencia reducida en su propio proceso penal en Estados Unidos, Vicente Zambada Niebla —el hjio del Mayo— declaró que en 2009 intentó forzar la mano de la DEA al presentarse sin invitación en el Hotel Sheraton de Reforma, donde los agentes se hospedaban. La DEA rehusó su oferta, y Zambada Niebla fue detenido horas más tarde por el Ejército mexicano. Más adelante Zambada Niebla declaró que había colaborado con la DEA, a pesar de que el testimonio de los agentes mostraba que había intentado manipular a los estadunidenses. De igual modo, algunos periodistas y académicos en ambos lados de la frontera adoptaron la narrativa de que el narcotraficante hablaba con la verdad y que sus declaraciones eran prueba de la existencia de un pacto entre las autoridades estadunidenses y los cárteles mexicanos.
La pifia de Zambada Niebla no fue la primera vez que el cártel de Sinaloa intentó sin éxito acercarse a la DEA: a finales de los años noventa, el Chapo se reunió con los agentes Joe Bond y Larry Vasconcelos en Puente Grande, Jalisco, con la esperanza de ofrecer información sobre el cártel de los Arellano Félix a cambio de que Estados Unidos levantara los cargos que enfrentaba su hermano, Arturo Guzmán. Años más tarde, en 2001, el agente Bond se reunió con Arturo Guzmán en el Hotel Bristol, también a pocas cuadras de la embajada estadunidense. García Luna estuvo presente durante la reunión, disfrazado de guardaespaldas y escuchando en la habitación de al lado. Horas más tarde, los agentes de García Luna arrestaron al hermano del Chapo.
Lo que no queda claro es si los hermanos Beltrán Leyva y sus subordinados sinaloenses, incluyendo al Rey Zambada, pensaron que podían seguir una estrategía similar a la de los Guzmán, incluso a pesar de los riesgos. Tampoco queda claro por qué García Luna habría ordenado el arresto de Arturo Guzmán si en ese momento, a decir del Grande, ya estaba en la nómina de los Beltrán Leyva, quienes entonces todavía trabajaban para el Chapo; o si las reuniones que los testigos de la Fiscalía describieron efectivamente tuvieron lugar; o por qué el Rey dijo, durante el juicio del Chapo en 2018, que le había entregado a García Luna tres millones de dólares en un portafolios, pero ahora, durante el juicio del exsecretario, confrontado con el hecho de que tal cantidad de dinero simplemente no cabe en un maletín de ese tipo, insistía en que el dinero venía dividido en un portafolios y una mochila de deportes. Finalmente, sigue siendo un misterio por qué uno de los testigos, Óscar Nava Valencia, alias “el Lobo”, le dijo a los fiscales en diciembre que había mentido y que en realidad nunca se había reunido con García Luna, sólo para después cambiar de opinión otra vez y acceder a testificar, incluso a pesar de supuestas amenazas contra su familia por parte del acusado.
Misterios aparte, la Fiscalía argumentó que el testimonio del Grande bastaba por sí solo para demostrar la culpabilidad de García Luna. La defensa respondió que ni la Fiscalía ni el Grande habían sido capaces de proporcionar detalles sobre las supuestas reuniones. Considerando que García Luna, a decir de los testigos, se reunió en numerosas ocasiones con Arturo Beltrán Leyva y sus subordinados, una descripción precisa de alguno de esos encuentros —de principio a fin, incluyendo un recuento de la conversación— habría resultado invaluable para la Fiscalía. En su lugar, varios de los testigos admitieron no haber mencionado el nombre de García Luna en sus conversaciones con oficiales estadunidenses antes de 2019, cuando el exsecretario fue arrestado; lo que a decir de la defensa sugería que los narcos habrían decidido acusar falsamente a García Luna con la esperanza de reducir sus propias condenas.
Por lo que valga, una fuente con conocimiento íntimo del caso penal contra Alfredo “el Mochomo” Beltrán Leyva me dijo en una entrevista que este último capo sinaloense —quien fue sentenciado a prisión perpetua en Virginia en 2017— nunca mencionó a García Luna. El Mochomo fue arrestado a principios de 2008. A decir del Grande, el exsecretario de Seguridad estuvo en la nómina de los Beltrán Leyva hasta el día de la muerte de Arturo en diciembre de 2009. De ser cierta esta última afirmación, ¿no tendría el Mochomo fuertes incentivos para inculpar a García Luna desde hace más de diez años?
En sus argumentos finales, de Castro insistió una y otra vez en que los miembros del jurado no debían declarar culpable a su cliente si existía la menor “duda razonable” de su responsabilidad penal. Al parecer, que la avalancha de información presentada por la Fiscalía —nombres, lugares, métodos de distribución de cocaína, alegaciones de corrupción, descripciones de crímenes y de leones mascotas y relatos que a veces parecían no tener ninguna relación entre sí— hubiera sido frecuentemente confusa no bastó para sembrar la duda entre ninguno de los doce residentes de Brooklyn. Las deliberaciones del jurado duraron apenas tres días, bastante menos de lo usual para este tipo de casos.
Uno supone que cuestionar la narrativa del gobierno estadunidense —una narrativa que pinta a México como un país completamente infectado por la corrupción y por la violencia del crimen organizado— en el curso de esas deliberaciones habría requerido de valentía y determinación. A diferencia de otros narcotraficantes —la gente que García Luna ayudó en algunos casos a encarcelar; la gente que ahora testificaba en su contra—, el acusado no parece tener muchas cartas que jugar para buscar una sentencia reducida. Al fin y al cabo, las autoridades estadunidenses suelen usar el testimonio de criminales convictos para fortalecer casos contra criminales aún más importantes, y resulta difícil imaginar a un criminal más importante que un antiguo secretario de Seguridad Pública —pero si algo hemos aprendido durante el juicio de Genaro García Luna es que a veces la imaginación se queda corta.
Malcolm Beith
Periodista independiente basado en Washington. Es autor The Last Narco: Inside the Hunt for El Chapo, the World’s Most Wanted Drug Lord (Grove, 2010) y cubrió el juicio del Chapo Guzmán para nexos.
Traducción del inglés de Nicolás Medina Mora
Si Garcia Luna es culpable de acuerdo a estos “testimonios”, pienso que debió exhibirse y exigirse un mínimo de pruebas. No puedes confiar en personas que tienen un “conflicto de interés” (reducción de su condena) a cambio de decir lo que quieras, incluso contradiciendo sus declaraciones de años atrás. Creo que el juicio, el juez y los jurados quedaron a deber. No se siente una sentencia robusta. Que lastima que dejaron pasar esta oportunidad.