They have the right to do anything we can't stop them from doing.
Joseph Heller
El descontento popular ante los arrestos clandestinos de la agencia de Implementación del Control Migratorio (ICE, por sus siglas en inglés) puso en jaque al pacto federal en Estados Unidos y evidenció la crueldad sistemática de la política migratoria de la segunda administración de Donald Trump. Treinta y tres años después de los disturbios que incendiaron Los Ángeles ante la brutalidad policiaca contra la población afro-estadounidense, la Casa Blanca está determinada en declarar un estado de emergencia similar que justifique su respuesta represora. La relevancia política para la población mexicana y mexicoestadounidense de la confrontación entre autoridades y manifestantes añade un frente más a la ya complicada relación bilateral, lo cual dificultará que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda defender a connacionales y mantener su apaciguamiento estratégico con Trump.
La caída de flujos migratorios hacia Estados Unidos tuvo un efecto dual en la política de la administración Trump: por un lado, perdió relevancia el tema más popular de su agenda política; por otro, le permitió a la Casa Blanca concentrarse en el siguiente paso: deportar. La administración deporta un promedio de 700 personas al día, pero buscará incrementar a un mínimo de 3,000. En este segundo mandato, Trump está dispuesto a retar los límites institucionales que limitan las herramientas disponibles para el poder ejecutivo en materia migratoria. Esto se desmuestra con las detenciones y deportaciones expeditas que carecen de debido proceso e incluso afectan a personas con ciudadanía estadounidense y turistas. A pesar de estos abusos, las deportaciones son la piedra angular de la política migratoria trumpiana e incluso son bien recibidas por el electorado. La encuesta más reciente de CBS News/YouGov destaca que 50 % de los votantes aprueban su política migratoria, con 54 % aprobando las deportaciones, comparado al 45 % que aprueban su presidencia.
Con esta base de apoyo, la Casa Blanca ha concentrado su estrategia en las llamadas “ciudades santuario,” que limitan la colaboración con autoridades migratorias federales. Esta estrategia tiene un claro componente intimidatorio para poblaciones migrantes al crear un ambiente de miedo e incertidumbre de que agentes encubiertos de ICE puedan detener a personas sin documentos migratorios mientras llevan a cabo su vida diaria. En ocasiones, estos operativos se implementan afuera de escuelas y sitios de trabajo.
Así es el caso en Los Ángeles, California –la ciudad con mayor población mexicana y de origen latinoamericano en Estados Unidos– desde el viernes 6 de junio. Después de un operativo de ICE en una fábrica de ropa, se congregaron manifestantes en un edificio del gobierno federal para protestar en contra de los operativos en la ciudad. Fuerzas federales replegaron la manifestación, arrestando a cerca de cien personas. Las protestas continuaron a lo largo del fin de semana, con respuestas desproporcionadas por parte de las autoridades, lo cual orilló a otras ciudades en 16 estados a manifestarse contra la respuesta federal y su política migratoria en general.
Las protestas no son –nunca– resultado de combustión espontánea. En esta ocasión, son la respuesta de una población diversa y vulnerable, que lleva años siendo blanco de políticas públicas segregacionistas que criminalizan la migración hacia Estados Unidos, en particular de América Latina y, en especial desde México. Trump basó ambas campañas presidenciales en un combate a la migración, denostando con particular énfasis a las poblaciones mexicanas en su país.
Ante las protestas del fin de semana, la Casa Blanca desplegó 700 infantes de la marina (conocidos como Marines, en inglés) y más de 2,000 tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a pesar de la oposición del gobernador Gavin Newsom. Este operativo llevó a Newsom a demandar al gobierno federal por usurpar las responsabilidades estatales. Desde 1965 un presidente no retaba la autoridad estatal de esta forma; sin embargo, en esa ocasión Lyndon B. Johnson lo hizo para proteger los derechos civiles de la población afroestadounidense de las fuerzas estatales a cargo del gobernador segregacionista George Wallace.
La desmedida represión del gobierno federal busca reafirmar la autoridad presidencial después de semanas de derrotas políticas en el ámbito doméstico y externo. Desde las negociaciones comerciales con China, hasta su fallido intento por negociar una tregua duradera en Ucrania, así como su confrontación pública con su otrora colaborador Elon Musk. Trump identificó en las protestas una oportunidad para consolidar el apoyo de su base en dos de los temas en los que tiene más popularidad: migración por un lado, ley y orden por el otro.
Con estas medidas, el presidente estadounidense busca que el Partido Republicano y su base electoral cierren filas detrás de él, concentrando la atención mediática en uno de los pocos temas donde se mantiene popular. Trump quiere fomentar el conflicto con manifestantes, atizar el fuego y hacer de Los Ángeles el ejemplo de una ciudad liberal que sucumbe ante el caos mientras “migrantes ilegales” y sus “defensores liberales” se oponen a las fuerzas de la “ley y el orden.” Para reforzar esta narrativa, las imágenes repletas de humo, fuego, banderas mexicanas, y personas morenas con rostros tapados permitirán que la Casa Blanca y el aparato mediático que la apoya pinten las protestas como violentas y disruptivas.
Así, Trump podría hacer uso de la Ley de la Insurrección que permite a fuerzas militares contrarrestar “rebeliones internas”. Las bancadas republicanas en el congreso apoyarán estos esfuerzos, postura evidenciada por el líder republicano del senado John Thune que catalogó las acciones del presidente como “protección de la ciudadanía”. Al enmarcar la discusión sobre la política migratoria de Trump como un posicionamiento dicotómico entre “la ley y el orden” y la “protección de los ilegales”, la Casa Blanca intentará justificar sus deportaciones masivas en los meses por venir y retratar a sus detractores como defensores del caos.
En el ámbito bilateral, Sheinbaum ya enfrenta un ambiente complejo de cara a su participación en la cumbre del G-7 del 15 al 17 de junio. En sus conferencias mañaneras, la presidenta se ha mantenido firme en su defensa de poblaciones migrantes mexicanas, pero con una evidente cautela en recalcar su preferencia por la resistencia pacífica. A pesar de su posicionamiento diplomático, la Secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem ya acusó a Sheinbaum de fomentar protestas violentas ante los sucesos del fin de semana. La presidenta contradijo de manera veloz las declaraciones de Noem e intentará mantener un acercamiento cauto y proactivo con su contraparte.
El dilema es evidente. Para los manifestantes toda acción corre el riesgo de volverse combustible para el incendio mediático que Trump intenta avivar; la inacción, en cambio, permitiría que la injusticia se asiente como norma. Sheinbaum enfrenta un equilibrio igual de complejo: preservar la estabilidad de la relación bilateral exige mesura, pero su legitimidad política también depende de una defensa firme de las poblaciones mexicanas en el país vecino. En ambos frentes, las decisiones que se tomen en los próximos días podrían definir no sólo el tono de la respuesta a esta crisis, sino también el margen de maniobra de ambos gobiernos ante los meses más intensos del ciclo electoral estadounidense.
Matías Gómez Léautaud
Internacionalista por El Colegio de México