Poco a poco México regresa a los tiempos de aquel régimen que se preciaba de su origen popular, legitimidad y el consenso en torno a su forma de gobernar al tiempo que ejercía un férreo control sobre las oposiciones, la crítica y la opinión pública. La elección judicial del domingo 1 de junio fue la culminación de esta voltereta histórica que nos devuelve a ese complejo mundo conducido en su momento por el régimen priista: los tres poderes de la unión controlados por un partido hegemónico, la oposición sin capacidad de incidir en las decisiones mayores, acotada a lo local y atacada por el discurso oficial en todos los espacios, una presidencia con muchas herramientas para ejercer el poder y una distancia abismal entre el discurso democrático del régimen y su ejercicio autoritario de la realpolitik, disimulado por una prensa corrupta y una opinión pública complaciente.
La elección judicial se disfrazó de democracia. Por primera vez el pueblo elegiría a sus jueces. Un discurso que se derrumbó de manera estrepitosa una lluviosa tarde de domingo. No, no fue el pueblo el que los eligió. Como en los buenos tiempos del PRI el pueblo fue el actor de reparto, la comparsa que ejecutó su papel escrito y ordenado de antemano. El régimen ganó una elección sin competencia y, sobre todo, sin legitimidad democrática. Compitió contra sí mismo, contra su propio discurso y terminó perdiendo.
Por más que se insistiera en hablar del “país más democrático del mundo” que elegiría a sus jueces por el interés del pueblo en ser parte de las decisiones del gobierno, al autoritarismo obradorista se le vieron todas las costuras: una participación mínima, producto en su mayoría de la presión y los chantajes del bienestar, y un resultado que no sorprendió a nadie: la operación se diseñó mediante el uso de indicaciones impresas sobre cómo y por quién votar. Una elección muy parecida a aquellas de los años cincuenta o sesenta del siglo pasado, en las que los votos sólo legitimaban las decisiones tomadas de antemano en las oficinas presidenciales y los corrillos del partido, “el partidazo” que interpretaba a la perfección el alma del pueblo. Pieza clave de esa operación era el control autoritario del régimen sobre los procesos e instituciones electorales. Estamos de nueva cuenta a un paso de que eso vuelva a suceder.
No deja de ser triste que la larga historia de luchas democráticas de lo que fueron las izquierdas partidarias de la segunda mitad del siglo xx, aquellas que dejaron en el camino multitud de muertos, desaparecidos y encarcelados, haya culminado en el renacimiento del tipo de régimen al que combatieron por décadas. Engolosinados con el poder, quienes se articulan en el Movimiento de Regeneración Nacional, regeneraron en realidad al autoritarismo que los combatió con todo lo que tuvo a su alcance. Ahora, dueños del poder, humillan a sus críticos, ridiculizan a sus adversarios, y se sirven con la cuchara grande del presupuesto nacional.
Mucho se ha escrito sobre las razones de este viraje autoritario que tiene diversas explicaciones de carácter interno y externo. Poco se ha dicho, sin embargo, del papel que han desempeñado intelectuales y opinadores del régimen al legitimar el proceso en los foros de la opinión pública. Los intelectuales del oficialismo, pocos por cierto, y quienes repiten sus argumentos en medios y redes, han sido los encargados de normalizar lo que hace no mucho hubiera sido impensable, por ejemplo una elección fraudulenta de origen.
Día y noche repiten ante quien los quiera leer o escuchar que el régimen es popular y, por lo tanto, impoluto. Que es democrático y por tanto su autoritarismo es una fantasía de “la derecha”. Que los desfalcos, la corrupción y el trágico dispendio de recursos en caprichos de un presidente, que por fortuna ahora se dedica a escribir y no a gobernar, son en realidad productos de esa gesta histórica que está a la altura de los mejores momentos nacionales. Las mentiras repetidas una y otra vez, las medias verdades y las manipulaciones discursivas son un elemento insustituible de todo régimen autoritario. Vaya que lo sabemos.
La derrota democrática tiene otra vertiente: la de un proyecto y una generación que no pudo afianzar en la conciencia popular la defensa de lo que se dio en llamar “la transición”. Si ya desde el proceso de desmontaje que inició en 2018 quedó claro el aislamiento de quienes se asumieron artífices de ese proyecto, ahora es evidente que el entramado institucional que construyeron se derrumbó. Para la mayoría de la población la transición democrática se redujo a la nada.
Y de nuevo, como en los buenos tiempos del PRI, las oposiciones partidarias se enfrentarán a la encrucijada de hacer política en el contexto de un régimen de partido hegemónico que se ha dedicado desde el 2018 a ridiculizarlas y menospreciarlas y que pronto habrá de controlar las instancias electorales. No es poca cosa, por otra parte, que los dirigentes de esos partidos sean incapaces de dejar sus minúsculas cuotas de poder en aras de la construcción de un nuevo proyecto político. En más de un sentido son cómplices de la destrucción institucional y la renovación autoritaria, aferrados a sus prebendas y privilegios.
Difícil saber qué viene a futuro. Como bien señala Hugo Garciamarín, el autoritarismo obradorista “es cobarde y servil: golpea a los débiles, pero se encoge con mansedumbre ante los poderosos.” A diferencia de su antecesor, lejos de construir instituciones y garantizar un mínimo estado de bienestar, el nuevo régimen se encuentra en el centro de un embate destructivo que tiene como uno de sus ejes el poderío del crimen organizado, su gran aliado en procesos electorales y en operaciones de corrupción de altos vuelos. ¿Cómo se articulará esa relación ahora que el poder judicial quedó en sus manos? Ya lo veremos.
El 1 de junio México en efecto hizo historia aunque no por las mejores razones, como suele suceder. Lo que pretendía ser un performance del “país más democrático del mundo” resultó ser en realidad una farsa autoritaria que le otorgó al régimen obradorista el control sobre el poder judicial sin legitimidad alguna. En lugar de presumir su impostado talante democrático la presidenta pudo haber hecho lo mismo sin gastar 7 mil millones de pesos en un teatro del absurdo. Nos hubiera salido más barato.
Elisa Servín
Dirección de Estudios Históricos, INAH