La primera semana de septiembre de 2025 se cumplió un año de los hechos que los sinaloenses reconocen como el inicio del conflicto entre dos grupos criminales. La confrontación trastocó el orden en Culiacán y en otras localidades del estado, dejando casi 2 000 personas asesinadas y una cifra similar de desaparecidas. Frente a esta violencia, la ciudadanía salió a las calles para expresar su hartazgo. Fue una marcha inédita, con un mensaje contundente: la violencia se volvió insoportable. Ese despertar ciudadano revela un cansancio acumulado por décadas de vivir entre pactos, silencios y acuerdos que sostuvieron un orden precario.
Conviene subrayar lo evidente: este conflicto no apareció de la nada. Es resultado de una historia larga que ha moldeado la vida del estado. Sinaloa no puede entenderse como un escenario pasivo donde transitaron figuras evocadas por la prensa como Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín “el chapo” Guzmán. Ciudades como Culiacán forman parte activa en la construcción de estas dinámicas económicas, sociales y culturales.
Ese entramado de relaciones ha dado forma a un tipo mafioso de estructura que hace distinto al grupo de Sinaloa respecto a otras organizaciones delictivas. Como señala Paoli, las mafias no se limitan a maximizar ganancias económicas: combinan poder político, legitimidad social y mecanismos de control que las vuelven multifuncionales y duraderas.[1] En el caso de Sinaloa, esta lógica se refleja en la manera en que articulan la violencia con acuerdos locales, la circulación de dinero con la protección de autoridades y el acceso a estatus sociales con la construcción de lealtades comunitarias. Ese carácter mafioso, con su capacidad de gobernanza informal y su inserción en la vida cotidiana de la ciudad, explica en buena medida por qué el grupo ha logrado sostenerse y prosperar durante tanto tiempo frente a las ofensivas externas. La ciudad misma permite que se mantengan economías ilícitas: en sus espacios se establecen acuerdos, circula el dinero, se otorgan formas de protección y se levantan estatus sociales que sostienen un orden específico.
El Estado y sus fronteras
Desde hace medio siglo, Sinaloa ha estado en la mira de las políticas de seguridad diseñadas desde la capital del país y reforzadas por la presión de Estados Unidos. La Operación Cóndor en los años setenta fue el inicio de una cadena de operativos militares y policiacos que no lograron desarticular las economías ilícitas, pero sí dejaron huellas profundas en las comunidades: desplazamientos forzados, violencia extendida y un aprendizaje colectivo de cómo sobrevivir bajo la presencia armada del Estado.
Los gobiernos federales cambiaron, las estrategias se reconfiguraron, pero el efecto fue el mismo: los grupos dedicados a la delincuencia se adaptaron y fortalecieron frente a cada ofensiva. Al mismo tiempo, el negocio de la siembra y trasiego de drogas hacia Estados Unidos se consolidó como una economía transnacional que, para prosperar, encontró aliados en ambos lados de la frontera. La demanda estable en el norte aseguró su rentabilidad, mientras las redes financieras y logísticas ampliaron sus alcances en México.
En las últimas décadas este mercado se expandió a un número creciente de países, ya no sólo a Estados Unidos. El carácter global de estas economías ilícitas transformó también a sus actores: dejaron de ser operadores locales para convertirse en nodos de un entramado internacional, con contactos en distintos continentes, acceso a nuevas tecnologías y capacidad para diversificar sus negocios.
Actores del orden local en disputa
Durante la primera mitad del siglo XX las personas vinculadas a las economías ilícitas eran vistas como personajes de la sierra, asociados a la ruralidad y al cultivo de drogas en comunidades apartadas. A partir de los años ochenta y noventa esa imagen cambió de manera radical: su presencia se volvió más urbana, con un peso creciente en las principales ciudades de Sinaloa y del Pacífico. Esta transformación amplió su capacidad económica y les permitió influir en la vida social y política, moldeando dinámicas locales en múltiples planos.
En ese proceso extendieron su influencia en barrios y colonias, ofrecieron apoyos, ejercieron control territorial y establecieron vínculos con autoridades municipales y estatales. Algunos personajes adquirieron peso político y social, y sus familias comenzaron a ser reconocidas en ciertos ámbitos. Esa integración, sin embargo, encontraba límites marcados por las élites tradicionales, que mantenían distancia frente a los nuevos actores.
Las elecciones a gobernador en el 2021 revelaron con mayor claridad este entramado. Uno de los candidatos reconoció de manera pública la posibilidad de entablar conversaciones con los grupos dedicados a la delincuencia, y así lo que antes circulaba como rumor se convirtió en tema abierto de debate. A esto se sumaron los episodios de violencia durante la jornada electoral: medios nacionales documentaron cómo la ciudadanía votó en un ambiente de miedo y coerción.
El nuevo gobierno surgido de esa contienda llegó sostenido en alianzas difíciles. Reunía intereses de liderazgos diversos: cacicazgos con cotos de poder —como el universitario— y actores políticos con trayectorias distintas. Lo que en apariencia era una reconciliación de fuerzas en realidad pendía de un hilo. Esa fragilidad se reveló el 15 de julio de 2025, con la supuesta detención —otros la llamaron secuestro— de Ismael “el Mayo” Zambada y, casi al mismo tiempo, el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Ambos hechos dejaron al descubierto que las alianzas eran inestables y que las fracturas entre facciones estaban presentes desde el origen.
La nueva generación y la vida urbana
El relevo generacional transformó la manera en que operaban los grupos dedicados a la delincuencia en Sinaloa. La vieja guardia, formada en los códigos rurales de la sierra, desde hace algun tiempo cedió espacio a nuevas generaciones que crecieron en contextos urbanos y con una relación distinta hacia la vida pública. Hijos, sobrinos y aliados jóvenes heredaron las rutas y negocios, además de los vínculos sociales que ampliaron su influencia. Con ellos, las fronteras que antes imponían las élites tradicionales comenzaron a desdibujarse.
Durante los últimos años este proceso se profundizó: descendientes de familias ligadas al negocio de las drogas y de familias políticas establecieron alianzas que reforzaron su posición en la vida pública. Esa convergencia facilitó la integración de nuevas generaciones en los circuitos de prestigio local, desde espacios empresariales hasta ámbitos educativos y culturales, donde se legitimaron como actores con presencia reconocida.
Al mismo tiempo, estas generaciones no se limitaron a administrar lo heredado. Impulsaron la diversificación de actividades delictivas, un creciente mercado de consumo interno, así como estrategias de reclutamiento dirigidas a las juventudes urbanas, en particular en colonias populares y fraccionamientos de clase media. La promesa de pertenencia, el acceso a recursos y símbolos de estatus funcionaron como mecanismos de captación que ampliaron sus bases sociales. La violencia dejó de percibirse sólo como amenaza: también aparecía como horizonte posible para obtener reconocimiento y movilidad.
Los episodios conocidos como “culiacanazos” hicieron evidente el alcance de estas transformaciones. La capacidad de movilizar a cientos de personas para enfrentar a las fuerzas del Estado, paralizar la ciudad y condicionar la vida urbana mostró que la nueva generación consolidó un control que desbordaba el negocio. La violencia se expresó en las calles de Culiacán como parte de un entramado social y cultural, donde las economías ilícitas y el poder político se entrelazaron sin fronteras claras.
El quiebre del orden pactado
Nadie sabe cuándo terminará esta guerra. El propio general de división, Francisco Jesús Leana Ojeda, lo expresó con claridad: la inseguridad en Sinaloa no depende de las fuerzas castrenses, sino del control que ejercen los grupos del crimen organizado. El conflicto concluirá sólo cuando una de las facciones sea derrotada, si es que la otra alcanza en verdad algo que ganar.
Autoridades de México y Estados Unidos presumen que, a partir de la información obtenida en los juicios de líderes detenidos, los golpes recientes han debilitado a los grupos. Sin embargo, en Sinaloa la percepción es distinta: la población sigue atrapada en una guerra que no se interrumpe y que, además del trasiego internacional, se sostiene con recursos extraídos de la propia comunidad mediante robos, extorsiones y otras formas de presión económica.
La disputa actual también debe entenderse como una lucha por el territorio y sus recursos. Antes del inicio de la guerra ya se documentaban prácticas como la extorsión en módulos de riego y entre agricultores paperos en el norte del estado, así como la minería y tala ilegal en San Ignacio. Estas actividades mostraban que el orden estaba cambiando y que los grupos dedicados a las economías ilícitas buscaban diversificar sus fuentes de ingreso. Lo que hoy parece un combate sin sentido tiene un trasfondo: asegurar espacios de extracción que se sostienen en el despojo y en la presión directa sobre comunidades rurales y urbanas.
Lo que viene no es un regreso al orden previo, es una reconfiguración de los grupos. La fragmentación en células más pequeñas multiplica los centros de poder y complica la administración de la violencia. La vida cotidiana ya refleja ese deterioro: delitos comunes en aumento, economía local presionada, policías municipales debilitadas y fuerzas federales con despliegues temporales. A ello se suma la presencia de actores externos que respaldan a una facción y trasladan al estado prácticas como el cobro de piso, mientras organizaciones rivales con alcance nacional e internacional ocupan posiciones estratégicas en corredores antes controlados por Sinaloa.
Hoy los acuerdos que durante décadas sostuvieron un orden se han desdibujado, y con ellos también la confianza de la ciudadanía, que se muestra cansada de una guerra que les robó la tranquilidad. No se sabe si lo que ocurre en Sinaloa es aún un combate en el sentido que describe Wolfgang Sofsky en Tratado sobre la violencia: una confrontación que persiste incluso cuando los adversarios ya no tienen nada claro que van a ganar. La guerra entre facciones se prolonga sin horizonte estratégico, convertida en repetición y desgaste. En este proceso, se atenta contra todo aquello que sostuvo un orden de tipo mafioso: las redes de complicidad, los acuerdos políticos, las formas de protección y las lealtades comunitarias que hicieron posible la permanencia del grupo. Están terminando con la ciudad que durante años les permitió sostenerse y prosperar, destruyendo también a su gente, los pactos y las complicidades que daban soporte a un orden.
La pregunta ya no es quién gana. Incluso en el escenario de una victoria lo que permanece es un territorio fracturado y una sociedad atrapada en la incertidumbre. La violencia nunca tuvo sentido: se reproduce como un fin en sí misma.
Iliana Padilla Reyes
Profesora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, UNAM
[1] Paoli, L. What Makes Mafias Different? University of Chicago Press, 2020.