Inicia el debate sobre la nueva Ley de Ciencia

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente fue promulgada en 2002. Hasta ahora ha experimentado múltiples cambios de acuerdo con las necesidades que han ido surgiendo en este sector. Además de estas pequeñas y casi siempre importantes modificaciones, al final del sexenio pasado se anunció una reforma muy amplia que incidiría, entre otros muchos temas, en el manejo de los recursos para estas actividades, en las funciones de los Centros Públicos de Investigación (CPIs), en la ampliación de las facultades de asesoría y participación en la toma de decisiones de organismos autónomos independientes. Incluía además, una visión de largo plazo al considerar que el desarrollo de la ciencia requiere de una planeación a 15 o 20 años con el fin de evitar quedar a merced de los vaivenes sexenales.

Este intento no prosperó, pues el entonces presidente Enrique Peña Nieto dio la luz verde a la reforma en el extremo final de su gobierno, y aunque fue aprobada por las comisiones respectivas, no pudo llegar al pleno del Congreso por una agenda legislativa complicada por el inminente cambio de gobierno. Y ahí quedó, en los archivos legislativos, como un documento testimonial que quizá pueda formar parte ahora —junto con la ley actual y otras propuestas como las surgidas en su momento desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— de los insumos con los que cuentan los legisladores para enfrentar la gran responsabilidad que tienen en este 2020.

Ilustración: Oldemar González

Una nueva ley en puerta

Hoy las cosas son muy diferentes. Los legisladores tienen que elaborar y aprobar este año, no una reforma, sino una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que sustituya a la vigente. Esto ha dado lugar a un debate cuya intensidad se irá acrecentando en los próximas semanas y meses, dado que existe una muy palpable confrontación entre la visión de una parte de la comunidad científica, y la de quienes tienen a su cargo la administración pública de la ciencia sobre aspectos nodales que deben normar el quehacer científico en nuestro país. 

El punto de partida y la razón por la que ahora el gobierno y las comunidades académicas científicas y otros sectores sociales definen sus posturas sobre las características que debe tener la nueva legislación, fue la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las reformas a los Artículos 3.º y 73 constitucionales, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. Como se recordará, la reforma al Artículo 3º estuvo motivada por la decisión del nuevo gobierno de cancelar la Reforma Educativa impulsada en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Es importante reconocer aquí la labor de los legisladores, especialmente de quienes integran la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, pues con gran visión, supieron aprovechar esta coyuntura para introducir en el texto constitucional contenidos que iban mucho más allá de la sola idea de eliminar la reforma a la educación surgida en el sexenio previo. Se trata de modificaciones en la Carta Magna para orientar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Los legisladores recogieron y actualizaron así aspiraciones de la comunidad científica y de la sociedad que venían expresándose de tiempo atrás.

Las modificaciones al artículo 3º establecen los ejes principales, los lineamientos generales que deben estar presentes y deben servir como base a los contenidos particulares de la nueva ley:

• El derecho de todas las personas a gozar de los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación.

• El apoyo por parte del Estado a la investigación e innovación, científica, humanística y tecnológica aportando recursos y estímulos suficientes.

• Garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación.

• La definición de las bases de coordinación, vinculación y participación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

• Difundir nuestra cultura, en este caso, nuestra cultura científica.

Por su parte, la reforma al artículo 73, aclara que la facultad de expedir dicha ley recae en el Congreso. Esto es muy importante, pues durante la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Academia Mexicana de Ciencias, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro, informó que trabajaba conjuntamente con el Conacyt en la elaboración del proyecto de la nueva ley. Según se dijo en esa reunión, se realizarían diversas consultas con los sectores involucrados, aunque no quedaron claros los criterios con los cuales las opiniones recabadas serían o no incorporadas al texto final que propondrían a los legisladores.

Como quiera que sea, la última palabra la tendrá, no el Ejecutivo (a través de la SEP o el Conacyt), sino el Poder Legislativo, quien podrá recibir opiniones adicionales, detectar los puntos controversiales, si es que los hay, y realizar las modificaciones que juzgue pertinentes. De acuerdo con el Transitorio Sexto de la reforma al Artículo 3.º, el plazo para la expedición de la nueva Ley tendrá como límite 2020.

Participación, clave en la elaboración de la nueva ley

Como señalé antes, los legisladores de todos los partidos pueden recibir las ideas de diferentes sectores de la sociedad para incorporarlas al cuerpo de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. En particular los que pertenecen al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que son la mayoría en ambas Cámaras, tienen como fundamento para asumir una amplia participación, el programa de 100 puntos presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su toma de posesión como presidente, reiterado en varios de sus informes en los que al abordar este tema ha insistido en que debe haber participación de “universidades, pueblos, científicos y empresas”.

Por otra parte, el Poder Legislativo ha mostrado en este tema una gran independencia, como se espera que ocurra en una democracia en la que prevalece la división de Poderes, como quedó claro en la formulación de la reforma constitucional citada, en cuya redacción no se empleó el lenguaje creativo al que nos tiene acostumbrados el actual Conacyt.

ProCienciaMX y la nueva ley

 En 2019 surgieron dentro de la comunidad científica del país diversas organizaciones como resultado del descontento con las políticas públicas desplegadas por el nuevo gobierno. Así, aparecieron los grupos formados por estudiantes de posgrado en el extranjero, de especialistas con estancias posdoctorales, e investigadores pertenecientes al programa de Cátedras Conacyt; estas agrupaciones surgidas de forma espontánea han expresado su inconformidad y presentado demandas específicas frente a las autoridades. Se trata de un fenómeno que muestra que las cosas no han ido muy bien en este sector en el primer año del actual gobierno. Dentro de esta amplia gama, un caso especial lo representa la Red ProCienciaMX, cuyas actividades no están enfocadas a atender aspectos tan particulares, sino que cuenta con una visión amplia sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en México.

De acuerdo con sus pronunciamientos y documentos básicos, los cuales pueden consultarse en su página de internet, esta red está formada por académicos de todas las disciplinas en diversas instituciones del país —incluye a científicos de muy alto nivel. Se rige por cinco principios: “1. Impulso de la ciencia para el desarrollo y el bienestar social. 2. Defensa de los derechos de toda la población a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. 3. Defensa de los espacios colegiados y autónomos de participación de las comunidades científicas y tecnológicas en la toma de decisiones del sector. 4. Garantía de libertad de investigación y su financiamiento. 5. La defensa de la plena autonomía de las universidades, centros e institutos de investigación”. No puedo evitar decir, que esta organización viene a llenar el vacío creado por la ausencia de las organizaciones tradicionales de científicos, pues algunas de las más importantes, como la Academia Mexicana de Ciencias, están sometidas a muy fuertes presiones por parte del Conacyt, como se mostró en un artículo previo. 

En un pronunciamiento fechado el 8 de octubre de 2019, la Red ProCienciaMx señala: “La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe garantizar la participación representativa de las diversas voces de la comunidad científica, que incluyan a todas las disciplinas. Hacemos un llamado a los diputados y senadores para que en ambas cámaras se escuchen todas las voces en un ‘parlamento abierto’. La comunidad científica mexicana está ávida de opinar en el diseño de leyes, de participar en la elaboración de políticas públicas y de actuar para que los resultados de la investigación científica redunden en beneficios de la población”.

Y así es como el 10 de febrero pasado ProCienciaMx hizo público su Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la primera propuesta que se pone a consideración de los legisladores y la sociedad en su conjunto. Tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de prensa realizada en la Casa Rafael Galván, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ubicada en la colonia Roma en la Ciudad de México. La presentación del proyecto estuvo a cargo de las doctoras Brenda Valderrama de la UNAM, Martha Espinoza del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Gabriela Dutrénit de la UAM y el doctor David Romero investigador de la UNAM.¹

Encuentros y desencuentros

Desde luego no voy a describir aquí esta iniciativa en todos sus detalles. Me voy a detener sólo en algunos puntos. La razón es que a lo largo de 2019 y lo que va del 2020, ya se han expresado las diferentes posturas sobre cómo debe guiarse el desarrollo de CTI en México. Por ejemplo, la visión gubernamental expresada por el Conacyt y algunos de sus aliados (como el proyecto presentado por Ana Lilia Rivera en el Senado en febrero de 2019), y las voces muy diversas que han defendido ideas contrapuestas a la postura oficial. Es interesante observar que a pesar del tono de confrontación que de pronto ha surgido, hay puntos en los que hay claras coincidencias, las cuales pueden evitar a los legisladores algunos dolores de cabeza para permitirles concentrarse en los temas donde hay mayores diferencias, las cuales deben resolverse pensando en lo que más conviene a la ciencia y al país.

En la propuesta de ProCienciaMX los puntos en los que a mi juicio podrían encontrarse las coincidencias a las que me refiero destacan: a) buscar el beneficio a toda la sociedad; b) fomentar sin distinciones la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades; c) la vinculación estrecha con la educación; d) la lucha por la equidad de género; e) la ética que debe estar presente en toda investigación; f) el cuidado del medio ambiente, g) espacios para los conocimientos tradicionales y h) una visión que incluye a todos los estados de la República. En estos temas quizá puede haber diferencias de matices, pero vistos en un nivel general no me parece que sean insalvables.

Donde realmente hay problemas es en la participación de los diferentes sectores sociales en la definición y ejecución de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación lo cual, en mi opinión, puede identificarse en tres aspectos: a) el lugar que corresponde al sector privado, b) la gobernanza del sistema, y c) la libertad de investigación.

La participación del sector privado

Algunas de las posturas que se han expresado contra la participación del sector privado en la ciencia provienen de la actual dirección del Conacyt, que encabeza la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, las cuales tienen fundamento en aspectos ideológicos, una especie de concepción estatista derivada, no tanto de un nacionalismo revolucionario (como el del presidente López Obrador), sino del estatismo soviético.

Desde la primera reunión que sostuvo Andrés Manuel López Obrador con la comunidad científica en agosto de 2018 (la única que ha celebrado hasta ahora con este sector), lo hizo acompañado de representantes empresariales, entre ellos el ingeniero Carlos Slim, presidente del Grupo Carso y del empresario Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de la República Mexicana, en una clara señal de que se observa a este sector como parte integrante de la política en esta materia. En su mensaje, el entonces presidente electo, vinculó el crecimiento económico con la participación de las empresas en ciencia y tecnología. Dijo además que la ciencia es fundamental para avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la producción y el impulso al mercado interno, agregó en esa ocasión que para crecer se requiere de la ciencia, la innovación y la participación de los sectores público, privado y social.

En contraste, desde el inicio del actual gobierno, la directora del Conacyt ha señalado al sector privado como esencialmente corrupto, beneficiario de un desvío de fondos públicos ocurrido en el “periodo neoliberal”, que a la fecha no ha sido plenamente demostrado, y en el caso de existir no ha sido sancionado.

En la iniciativa de ProCienciaMX, la participación privada juega un papel importante y debe ser fomentada. Como ejemplo, en una de sus partes se destaca que es necesario: “Impulsar el desarrollo tecnológico para fortalecer la industria nacional de bienes y servicios de alta tecnología, competitiva a nivel internacional, en los sectores económicos estratégicos del país que se refleje en mejora económica y en bienestar de la población”.

En la presentación pública del proyecto, la doctora Gabriela Dutrénit explicó que una política de estímulos al sector privado para propiciar su incorporación en el desarrollo científico y tecnológico del país, es algo que ocurre en muchas naciones del mundo. En el caso de México, no se trata de una transferencia de recursos públicos al sector privado per se, sino buscando beneficios al país como la oferta de empleos calificados, entre otros.

La directora general Conacyt ha venido dando pasos hacia atrás respecto a su postura original, planteando que sí, las empresas pueden participar, pero sólo en las áreas con impacto social que determine el propio organismo. Más recientemente ha informado de reuniones con algunos representantes del sector privado. Como el proyecto de Ley elaborado por el Conacyt no ha sido presentado (escribo estas líneas el 18 de febrero), no hay manera de saber cuál será su postura final en este tema. Pero cualquiera que esta sea, los legisladores de Morena que pretendan participar guiados exclusivamente por una disciplina partidaria (que por fortuna no son todos) tendrán que discernir entre las posiciones del presidente López Obrador y los de la directora del Conacyt, pues no son la misma cosa.

El modelo de gobernanza

Otro punto controversial, será sin duda el de la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y las instancias de gobierno de dicho sistema. La dirección del Conacyt ha venido insistiendo en un modelo centralizado, en el que la mayor parte las atribuciones y la toma de decisiones recaen en dicho organismo. En la propuesta presentada a principios del año pasado por la senadora Rivera, se presentó un sistema de gobernanza que eliminaba o modificaba sustancialmente al Consejo General de CTI, se prescindía de órganos asesores autónomos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y otros como la Conferencia Nacional de CTI (representación de los gobiernos de los estados) y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales, entre otros, concentrando todo el poder de decisión en el Conacyt y específicamente en la dirección general de este organismo.

La propuesta de la Red ProCienciaMX, presenta la otra cara de la moneda. Se trata de un modelo de gobernanza compuesto por dos tipos de órganos. Por una parte, los Comités Estratégicos, que estarían presentes en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y muncipal. Serían los órganos de decisión del sistema, integrado por representantes del gobierno, las universidades y centros públicos de investigación, sindicatos industriales, las comisiones de ciencia y tecnología del Congreso, representantes de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, entre muchos otros. Aquí el Conacyt se encontraría en franca minoría, (con un solo representante) aunque sería el ejecutor de las decisiones del Comité.

Por otra parte estarían los Consejos de Consulta y Participación en Ciencia, Tecnología e Innovación, como espacios de encuentro de los sectores social y privado, con presencia en los niveles nacional y estatal, dotados de autonomía técnica, operativa y administrativa con facultades para proponer y evaluar políticas y opinar sobre la distribución del gasto en estas áreas. Estarían conformados por las Academias de especialistas, representantes del sector privado, divulgadores de la ciencia y periodistas científicos, becarios de posgrado, representantes del Sistema Nacional de Investigadores y las cámaras empresariales, entre muchos otros.

En síntesis y con el riesgo de caer en una simplificación excesiva, se trata de instancias que sustituirían a dos figuras presentes en la actual legislación. Los Comités Estratégicos remplazarían al Consejo General de CTI y los Consejos de Consulta y Participación serían un reemplazo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (o una especie de Foro ampliado). El denominador común de estas dos figuras sería reducir la centralización y ampliar la representación social en la toma de decisiones. Se trata en mi opinión de un sistema de gobernanza incluyente que apunta hacia el futuro, en ocasiones puede parecer que se va al otro extremo. Se puede estar de acuerdo o no con todos los detalles de este modelo, pero tiene la virtud de que el mensaje que se está enviando a los legisladores, es la democratización del sistema, frente a la excesiva centralización que pretende la postura oficial hasta ahora conocida.

Libertad de investigación

Como vimos, la ética en la investigación científica puede ser uno de los puntos en los que puede haber coincidencias en un plano general. Sin embargo, en este tema han aparecido diferencias marcadas cuando se trata de áreas específicas del conocimiento, en particular en  la biotecnología.

No es un secreto que la directora general del Conacyt ha declarado una guerra abierta en contra de la investigación sobre organismos genéticamente modificados (OGM), los transgénicos. Se trata de un tema en el que predomina en la esfera oficial una visión ideológica por encima de la evidencia científica. En el mundo entero existe un debate sobre los posibles efectos de los OGM sobre la salud y el medio ambiente que la directora del Conacyt cree que está superado, cuando no es así. Se trata de una discusión abierta, acompañada de trabajos científicos en el mundo entero, especialmente estimulados por los continuos avances que se producen en este campo, los cuales constituyen una promesa para enfrentar algunos desafíos en materia de salud y los derivados del cambio climático. Además, cuando en cualquier área de la ciencia existen controversias, estas se resuelven, no inhibiendo la investigación, sino por el contrario, con más investigación.

La aversión de la directora del Conacyt hacia la indagación sobre la utilidad de los OGM, se extiende a otros campos que en la actualidad son muy prometedores como la edición genética o la biología sintética, entre otros temas de vanguardia, cuya prohibición dejaría al país rezagado y al margen de los avances de la ciencia mundial. Buena parte del repudio que generó el proyecto de ley presentado en febrero del año pasado por la senadora Rivera, se debe a la inclusión de restricciones a la investigación en estas áreas del conocimiento, que podían conducir incluso a su cancelación, bajo el cobijo de principios no bien definidos como los de “previsión, prevención y precaución” con los que se pretende cancelar la libertad de investigación.

También se ha abusado al confundir dos cosas que son completamente distintas, pues no es lo mismo la siembra de semillas transgénicas a cielo abierto (sobre la que existen regulaciones en nuestro país, en la agricultura), que la investigación científica que está orientada a averiguar los posibles beneficios y riesgos de los OMG.

Sin entrar en confrontaciones innecesarias, la postura expresada en el proyecto de ley de ProCienciaMX, fue muy bien explicado por la doctora Brenda Valderrama en la presentación pública de la iniciativa. La especialista señaló que como parte de los principios que orientan las políticas de CTI en el documento, se encuentra “El respeto irrestricto a las libertades institucionales e individuales de cátedra, de investigación y de expresión de ideas”. Estos principios implican el reconocimiento explícito en el cuerpo de la ley, de la autonomía de universidades y centros de investigación que gozan de ese estatuto y busca además promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de esas libertades.

Hay otros elementos muy importantes en la iniciativa de ley elaborada por ProCienciaMX, a los que no me referiré aquí, en particular las modificaciones al Sistema Nacional de Investigadores que buscan preservar la calidad académica con una mayor apertura. También la exclusión implícita en el cuerpo de la propuesta de un capítulo de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el cual deberá ser una legislación aparte.

La pieza que falta

De este modo ya está en la mesa la primera propuesta sobre la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora se espera la que presente el Conacyt, aunque como hemos visto, están a la vista desde ahora cuáles pueden ser los puntos de coincidencia y cuáles las posibles divergencias. Hay una característica del proyecto oficial de ley que también se puede adelantar desde ahora: la preocupación por recabar el mayor respaldo posible a su iniciativa, mediante la multiplicación exagerada de reuniones para intentar dar la apariencia de alta participación y respaldo. Los legisladores deben ir al fondo de los contenidos y no dejarse llevar por un maquillaje que pretende ocultar el rostro de la imposición.

Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico.

¹ La versión completa de la iniciativa puede encontrarse en la cuenta de Twitter de la red.