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Cuando alguien habla en público, pensemos por ejemplo en una conferencia de prensa, lo dicho suele ser llamado “declaración”, “comentario”, “discurso”.  El énfasis está en las palabras, no  en el contexto. A las grabaciones se les llama así porque son precisamente eso; cuando se filtran, como se le conoce a su distribución, se vuelven eso: filtraciones. Lo que veamos, escuchemos o leamos, cualquier información que obtengamos por ese medio se define en función de su origen.

Todo lo anterior, podrá pensarse, es un sobreentendido; pero creo que tiene su interés, de entrada, acotar los conceptos. Ahora bien, las filtraciones que nos competen el día de hoy, porque la semana pasada hubo algunas y posiblemente la próxima también habrá, son las de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sucede a menudo que creemos tener claro qué es lo público y qué es lo privado. No es tan sencillo. Una persona pública, por ejemplo un servidor público, un funcionario, no deja de tener derecho a la privacidad (para eso, por cierto, también sirve la Ley General de Transparencia y el INAI). Benjamin Constant, se sabe, nos señaló la diferencia. La libertad para los modernos es el derecho a una esfera privada, en donde el Estado no puede intervenir. 

Los funcionarios suelen ser un caso complicado: tienen, por un lado, responsabilidades que condicionan su conducta, o que por lo menos deberían de; por el otro, no dejan de ser trabajadores, como cualquier otro, que al llegar a su casa dejan de serlo y tienen derecho a un espacio privado, de intimidad. 

Tomemos, como punto de comparación, las filtraciones de Apolinar Mena, exsecretario de Comunicaciones del Estado de México, y Pablo Wallentin, de OHL. El origen de la grabación, como la de Lorenzo Córdova, es ilegal: una intervención no autorizada a una línea privada. Lo que nos escandalizó de aquellas conversaciones fue, precisamente, el abuso de una posición pública y de fondos públicos para obtener beneficios personales, o privados.

Es ahí donde el caso de Lorenzo Córdova es totalmente distinto. No estoy defendiendo lo que dijo, tampoco lo justifico. Estoy subrayando que lo que dijo lo dijo en privado, en un contexto en donde creía poder hablar con franqueza. Cualquier persona, quiero creer, debería poder decir en privado lo que tiene en la cabeza sin miedo a una persecución pública.  

¿Lo que dijo está mal? Por supuesto. ¿Lo compromete como servidor público? No. Y aquí me parece está la gravedad del asunto: lo que las grabaciones ponen en entredicho es, sin más, la autoridad moral del presidente del Instituto encargado de organizar las elecciones. Es una desacreditación moral, desde la esfera privada, de una figura pública. 

Quien interviene una línea telefónica, me imagino, no escucha un comentario degradante, penoso, en el momento en el que comienza a escuchar. Para eso se tiene que esperar—y escuchar mucho tiempo. Lo que escuchamos hoy es producto de alguien con la capacidad suficiente para espiar al consejero presidente de un Instituto autónomo por suficiente tiempo como para obtener unas palabras vergonzantes. Alguien que tiene los recursos para husmear en la vida privada de un funcionario para intentar destruirlo en ambos niveles. 

Me preocupa que, por el carácter de las declaraciones, llegue a haber quienes celebren su origen, y quienes disfruten humillando al que las emitió. Al hacerlo, acaso sin darse cuenta, se legitima la transgresión de lo privado. Me preocupa, sobre todo, que a muy pocos parezca preocuparles. 

Juan Pablo García Moreno