Se dice que si hay una noción que condensa el pulso político del presente siglo es la de populismo. El término se emplea para describir a líderes, partidos, movimientos e incluso hechos. Sus usos sirven para englobar cualquier fenómeno que despierte entusiasmo o alarma en el accionar de las democracias contemporáneas.
Para aumentar el desconcierto, el significado de ‘populismo’ ha ido abandonando su aspecto peyorativo para adquirir un matiz elogioso. En un periodo relativamente breve, actores de muy distintos signos ideológicos han contribuido a que el término sugiera cercanía con el pueblo y sensibilidad por cualquiera de sus demandas. Y es que “el electorado no se equivoca”, “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Así, la supuesta racionalidad y prudencia institucional queden relegadas frente a la urgencia de complacer a las mayorías, aunque eso implique distorsionar principios o sacrificar la coherencia en aras de decisiones inmediatas.
De ese modo, el populismo se filtra en múltiples dimensiones de la vida social, antes que limitarse al ámbito político. Puede hablarse, por ejemplo, de un populismo económico; que se manifiesta en adoptar políticas públicas de alto impacto simbólico —subsidios generalizados o condonaciones fiscales masivas— que, aunque atractivas para las mayorías, suelen carecer de viabilidad a largo plazo y no aseguran su sostenibilidad. También en el campo educativo surge el populismo pedagógico; que trivializa el proceso de enseñanza-aprendizaje al reducirlo a una suerte de performance, donde el docente no fomenta el pensamiento crítico ni el rigor intelectual, orillándole a fungir como un animador que retenga la atención y al mismo tiempo procure el bienestar de la clase.
En esos casos el común denominador es la escasa densidad de las ideas o la solidez de las propuestas más allá del corto plazo. Importa, acaso, la capacidad de ser atractivas, digeribles y rentables en un mercado de audiencias sedientas de entretenimiento. No es sólo un estilo de hacer política, sino una forma de concebir la vida social en su conjunto, donde el criterio rector deja de ser la justicia o el conocimiento para convertirse en la búsqueda de aceptación masiva y el aplauso fácil.
Quiero llamar la atención sobre la nueva judicatura mexicana, en ocasión de la cristalización de la reforma judicial impulsada por Morena en 2024. Los índices tan bajos de participación ciudadana en lo que resultó ese experimento de elegir jueces por voto, así como el proceso tan desaseado y corrupto, disponen condiciones para la incertidumbre y queda claro que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Los cambios estructurales al Poder Judicial han abierto una grieta para que algunos puedan aprovechar el desorden institucional y la desconfianza social con fines de legitimación, generando incentivos para que jueces y tribunales interpreten la Constitución con flexibilidad oportunista. El riesgo latente es que la judicatura sea un espacio donde la política relegue al derecho.
Así nos enfrentamos al populismo judicial, pudiendo ser descrito como una modalidad extrema de activismo, donde lo que importa no es tanto el respeto al precedente ni la fidelidad a los procedimientos, sino obtener resultados que puedan presentarse como victorias frente a la opinión pública. El juez populista no se siente atado por reglas que marquen lo que puede o no puede hacer; más bien, se arroga la facultad de decidir en nombre de la voluntad popular, colocándose como su principal defensor frente a quienes “buscan traicionarla”.
En esa lógica, la mediación que sostienen a las instituciones de justicia es vista como traba, y la diversidad de voces propia de una democracia se interpreta como anomalía. El juez populista prefiere reducir los matices y hablar con la autoridad de quien asegura haber encontrado el sentido de la ley. Se presenta como el depositario privilegiado de una verdad jurídica que encarna al mismísimo pueblo.
Por eso vale la pena advertir de este fenómeno, y retomar un texto clásico de Manuel Atienza, “Cómo desenmascarar un juez formalista”, para darle una vuelta de tuerca y trasladar la reflexión al populismo. Si en aquel ensayo el profesor de Alicante mostraba las trampas del formalismo —la ilusión de neutralidad, la obediencia ciega a la letra de la norma y la renuncia a la dimensión moral del derecho—, hoy es necesario identificar las estrategias de juzgadores que, en el extremo opuesto, se refugian en el discurso de la voluntad popular para justificar decisiones endebles.
A continuación, esbozo cinco rasgos característicos que pueden servir para desenmascarar al juez populista y comprender los riesgos que entraña para la integridad del sistema jurídico.
- Respuestas fáciles para casos difíciles
El populismo judicial suele privilegiar los resultados sobre los procesos. En vez de ofrecer una argumentación orientada a explicar cómo se llegó a cierta conclusión, estos fallos optan por fórmulas simplificadoras frente a un cúmulo de enemigos abstractos (los ricos, los tecnócratas, los políticos corruptos, etc.). El problema es que las sentencias dejan de ser ejercicios de racionalidad y mutan a mensajes políticos, diseñados para generar aprobación. Así, los casos difíciles terminan resolviéndose con atajos retóricos y erosionando la deliberación judicial. De ahí que no sorprenda que en temas complejos —como los asuntos fiscales o presupuestales— se prefiera acudir a slogans justicieros antes que a razones sólidas que serían indispensables para garantizar consistencia y sostenibilidad institucional. - Contradicciones en el razonamiento
Otro de los rasgos del populismo judicial es la falta de coherencia en el razonamiento jurídico. Y cuando llega a existir una justificación, esta no sigue un patrón estable ni se apoya en principios doctrinales reconocibles. Por el contrario, los argumentos se estructuran de manera convenenciera, ajustando el sentido de los textos constitucionales conforme a las coyunturas. Esta inestabilidad genera un efecto corrosivo, pues la jurisprudencia deja de ser un referente de estabilidad y se convierte al derecho en un terreno de manipulación discursiva más que en un marco normativo equilibrado. - Visibilidad y notoriedad pública
A diferencia de la discreción asociada a la magistratura, el juez populista busca exposición constante. Utiliza entrevistas, periódicos, conferencias y redes sociales para proyectar una imagen de cercanía con la ciudadanía y de antagonismo frente a las élites. El aparato mediático se convierte en prolongación de la sala de audiencias, donde el juez no sólo comunica sus decisiones, sino que las dramatiza y las convierte en espectáculo. Este exceso de visibilidad erosiona la independencia judicial, ya que las resoluciones se anuncian, comentan o justifican en tiempo real, como si no se tratara de actos institucionales y colegiados. El riesgo es que el juez decida en función del aplauso o del fenómeno en turno que provoque la indignación colectiva. - Teatro y trivialización
El punto anterior suele ir acompañado de una teatralización de la función judicial. No es extraño que el juez populista recurra a gestos performativos que buscan captar la atención pública. Acá ya tenemos varios: el uso, cambio o renuncia de la toga, la celebración de sesiones fuera de los recintos oficiales o la incorporación de ceremonias con tintes místicos o rituales de “purificación”. Todos estos recursos tienen un efecto distractor, pues desplazan el debate del contenido jurídico hacia la puesta en escena. Cuando lo que predomina es la teatralidad del juez, la solemnidad institucional se degrada y la percepción ciudadana se construye en función de símbolos vacíos más que de razones. El problema no es sólo estético, sino político, pues el circo de la justicia erosiona su autoridad, sustituye el respeto a la institución por la fascinación momentánea por el personaje y, en última instancia, trivializa el derecho como espacio de racionalidad. - Negligencia en remediar fallas del Poder Judicial e intromisión en otros poderes
El juez populista muestra una doble vara de medición: ignora o minimiza los problemas estructurales de su propio poder —corrupción interna, opacidad en nombramientos, lentitud procesal, nepotismo, falta de acceso a la justicia— mientras extiende sus decisiones hacia ámbitos que corresponden a otras ramas del Estado. Se trata de un desbalance institucional, ya que, en lugar de fortalecer el Poder Judicial desde dentro, el populismo judicial lo utiliza como plataforma de expansión hacia funciones legislativas. El resultado es una intervención indebida en políticas públicas, con sentencias que dictan programas, presupuestos o lineamientos, sin atender las deficiencias estructurales que minan la confianza en los tribunales mismos.
En suma, el populismo judicial debe señalarse porque, bajo el ropaje de la cercanía con el pueblo, encubre una erosión profunda del modelo democrático. Sustituye la deliberación plural por el decisionismo unilateral, debilita la fuerza de los precedentes y convierte la ley en un recurso de espectáculo.
La democracia no se sostiene sólo en instituciones, sino también en un compromiso compartido con principios básicos como el pluralismo, la mediación institucional y la negociación entre actores diversos. La retórica populista judicial, al denigrar estos pilares, acompaña al populismo político y contribuye a socavar la arquitectura democrática desde dentro.
Por eso no es exagerado hablar hoy de figuras como “democracias autoritarias” o “autoritarismos democráticos”; categorías que parecen oxímoron o acaso una mala construcción teórica y una pésima broma, pero que tristemente describen con crudeza el riesgo real de la transformación de un régimen constitucional en una parodia de sí mismo.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.