Dos Méxicos: ¿nuevo camino o década perdida?

El 2025 será recordado como el año en que Estados Unidos dinamitó las reglas del comercio mundial que impulsó durante décadas. Las repercusiones son múltiples y difíciles de predecir, pero el desplome de las bolsas bursátiles y la volatilidad de los mercados financieros muestran la gravedad de lo que puede ocurrir en la economía mundial. También será el año en que muchos países reconsideraron aspectos vitales de su política interior y exterior. El rápido y drástico cambio de circunstancias revela problemas profundos de larga data; motiva respuestas rápidas y contundentes para defender sus intereses.

Este año encuentra a México con debilidades estructurales acumuladas durante el último cuarto de siglo, agravadas en años recientes. Lo ocurrido en el mundo en las últimas semanas abre una oportunidad para corregirlas. Para ello, necesitamos identificar las ideas que han obstruido nuestro desarrollo, y cambiarlas con pragmatismo y celeridad. No se trata de abandonar nuestros objetivos de construir una sociedad más próspera e igualitaria, sino de reconocer que a menos que cambiemos de ideas, esos objetivos serán inalcanzables, y que podemos experimentar un retroceso sustancial. Si las cambiamos, saldremos fortalecidos y enfrentaremos el nuevo escenario mundial con éxito.

El contexto internacional

Comercio e inversión

Entre 1994 y 2024, nuestra relación comercial con EU se caracterizó por la certidumbre, derivada primero del TLCAN y luego del TMEC. Eso terminó entre febrero y marzo de 2025, cuando el presidente Trump primero amenazó con imponer aranceles de 25 % a todas las exportaciones mexicanas; luego lo hizo a las de acero y aluminio, y a los autos que no cumplan con reglas de origen fijadas de manera unilateral por su gobierno. En adición, impuso aranceles de 25 % a las exportaciones no amparadas en ese tratado.

En los primeros días de abril, decretó “aranceles recíprocos” con países individuales, acompañados de un arancel mínimo de 10 % para todos. El resultado son niveles arancelarios no vistos en un siglo. Los cálculos son difíciles, pero se estima que el arancel americano promedio pasó, en el curso de unos días, de 2 % a 24 %, aunque para algunos países como China, Vietnam y la India, el aumento es mucho mayor.

Estas acciones violan lo dispuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el TMEC. Más allá de consideraciones jurídicas: rompen con las reglas del comercio internacional vigentes desde hace décadas. Ello ya hizo que Canadá, China y la Comunidad Europea subieran sus aranceles a las exportaciones americanas. Sin embargo, es improbable que se detone una guerra comercial global similar a la vista durante la Gran Depresión en la década de 1930 porque muchos países buscarán arreglos bilaterales con EU. Pero aún sin ella, el daño al orden económico mundial es profundo.

En principio, nuestra relación comercial con EU sigue regida por el TMEC, con las modificaciones aceptadas de manera tácita por México. Puede que éste sea el nuevo statu quo. Es un equilibrio frágil porque EU puede modificarlo si los compromisos de combate al narcotráfico y control de migración no se cumplen a su satisfacción. Así, uno de los propósitos centrales de ese tratado –establecer reglas claras y mecanismos para resolver disputas basados en evidencia– desapareció. EU se adjudica el derecho a decidir si nuestros esfuerzos en materia de combate al narcotráfico y control de la migración son suficientes, con sus propias métricas; y si no lo son, se adjudica el derecho a imponer nuevos aranceles.

También está la posibilidad de que se negocie un nuevo acuerdo, o que se adelante la revisión del TMEC prevista para 2026, aunque eso también es incierto. Por un lado, el entrelazamiento de las cadenas de suministro entre ambos países hace que muchas empresas americanas presionen al presidente Trump para ello. Por otro, las relaciones entre Canadá y EU están muy tensas. De haber un nuevo acuerdo, un TME sin la C, será menos favorable para México que su antecesor (a su vez menos favorable que el TLCAN). Se caracterizaría por reglas de origen más estrictas, requerimientos de salarios más altos en algunas de nuestras exportaciones, tal vez límites cuantitativos a las exportaciones de automóviles, restricciones al comercio o la inversión china en México, y otros elementos que mitigarían las ventajas comparativas de nuestro país. No puede descartarse que, en su caso, EU busque mayor apertura en los sectores financieros, de telecomunicaciones y energía.

Con el actual, o con un nuevo TMEC 2.0, el resultado final para México dependerá también de qué pase entre EU y otras regiones o países del mundo, en particular Europa, Japón y China, pero también Vietnam y la India que compiten con nosotros en el mercado americano. En el papel, los aranceles recíprocos anunciados el dos de abril parecen darnos una ventaja ya que son mayores a los que enfrentamos nosotros. Eso podría compensar la menor generosidad de un TMEC 2.0 o del disminuido TMEC actual. Pero esa ventaja puede ser efímera, ya que muchos de los países afectados buscan acuerdos bilaterales con EU para reducir los aranceles recíprocos, a cambio de concesiones en materia comercial o en otros ámbitos de interés para ese país. El propio Donald Trump ha señalado que está abierto a acuerdos, y muchos interpretan el anuncio de principios de abril como el primer paso en una negociación futura. Además, la reacción violenta de los mercados financieros al anuncio de los aranceles llevó al presidente Trump, una semana después, a anunciar una pausa de 90 días. Pasarán al menos varios meses hasta que se tenga claridad del arreglo final.^[1]

La posible ventaja relativa de México sería frágil. De existir, difícil que dure más de cuatro años, un periodo muy corto para tomar decisiones de largo plazo. A pesar de todo su poder, el presidente Trump no puede asegurar la permanencia de sus aranceles recíprocos más allá del final de su mandato porque no han sido validados por el Congreso americano. Así, en cuatro años, las cosas pueden cambiar otra vez. 

En el escenario optimista que se logre un TMEC 2.0, o que el actual ya no se modifique de forma unilateral, ninguno generará la certidumbre para las empresas que había hasta 2024. En los primeros meses de 2025 hemos visto cómo el presidente de EU puede pasar por encima de un acuerdo comercial avalado por su Congreso invocando legislación que deja a México desprotegido (más allá de represalias comerciales muchas veces contraproducentes).^[2] Si ya ocurrió una vez, ¿por qué no una segunda? Y si en esta ocasión el quid pro quo fueron compromisos en materia de migración y narcotráfico, ¿cuáles serán en la siguiente? En el futuro, la relación comercial con nuestro vecino del norte se regirá menos que en el pasado por los tratados, sobre todo por el contexto político interno de ese país. Hay un quiebre fundamental.

Es un error pensar que los acontecimientos recientes se deben sólo a la idiosincrasia del presidente Trump, y que en cuatro años podemos regresar al statu quo anterior. No es así. Si bien su visión mercantilista no es compartida por todos, ni sus conceptos de aranceles recíprocos, el desencanto de EU con el libre comercio sí lo es. En 2020 la entonces senadora Kamala Harris votó contra el TMEC. El presidente Biden dejó intactas las restricciones al comercio con China que impuso el presidente Trump durante su primer mandato y agregó algunas más; tampoco designó a los jueces faltantes en la OMC, reduciendo la eficacia de esa institución multilateral. En el fondo está la percepción generalizada en EU de que muchos hogares en estados claves para las elecciones como Michigan, Ohio y Pennsylvania se han empobrecido por causas atribuibles en parte al comercio internacional.

También es un error pensar que el deterioro de nuestra relación comercial con EU se debe a la migración y el narcotráfico. Esos temas generan animadversión contra México en muchos círculos políticos de EU, pero no son lo central. Segmentos importantes de la opinión pública americana —el presidente Trump y los miembros de su equipo económico— consideran que EU debe recuperar su industria manufacturera y aumentar el empleo en ese sector por razones de seguridad nacional. Hay un cambio en la percepción de una parte sustancial del electorado americano sobre las ventajas del libre comercio y, en menor medida, de la participación de EU en organismos multilaterales, cambio que durará más de cuatro años.

Si bien es factible pensar que a partir de 2029 una nueva administración americana reconsidere la participación de EU en foros como la OMS o los Acuerdos de París sobre Cambio Climático, o que elimine los aranceles recíprocos, es mucho menos posible que retome la vocación por el libre comercio. Y aún si la retoma, esa vocación será menos creíble que en el pasado. México no debe apostar a que las condiciones vigentes entre 1994 y 2024 se repetirán; estamos en los albores de un nuevo orden en el comercio mundial cuyos contornos aún no están definidos, pero que será menos favorable para nosotros.

Nada de lo anterior implica que debamos abandonar los esfuerzos para participar en el comercio mundial. Al contrario, debemos profundizarlos y diversificarlos; nuestro pobre desempeño económico en las últimas tres décadas hubiese sido aún más pobre sin la inserción en el comercio mundial. Tampoco implica que abandonemos los intentos de relocalizar cadenas de suministro hacia nuestro país. Lo que sí es que desde ya tenemos que enfrentar un mundo más proteccionista, incierto y errático, donde las relaciones comerciales basadas en ventajas comparativas son más matizadas que antes por consideraciones de seguridad nacional, y a veces dominadas. Esto conlleva también que la apuesta del nearshoring debe reevaluarse y verse con mayor realismo; estará muy lejos de ser lo que hasta hace pocos meses muchos esperaban.

Flujos financieros

Si EU impone aranceles a México, el dólar se apreciará respecto al peso. La razón es que los americanos comprarán menos productos mexicanos y demandarán menos pesos, reduciendo el valor de nuestra moneda frente a la suya. Aunque muchos otros elementos afectan la tasa de cambio, en igualdad de circunstancias, la moneda del país que impone aranceles se aprecia.

Desde la perspectiva del actual gobierno de EU, esa apreciación es indeseable porque, valorados en dólares, los precios de los productos mexicanos en su territorio aumentan en menor proporción que los aranceles impuestos.^[3] Eso diluye el efecto buscado al imponer aranceles: aumentar la producción americana de esos productos. Además, la apreciación reduce las exportaciones americanas a México, que medidas en pesos ahora son más caras, limitando también la producción en EU.

Miembros de primer nivel de la administración del presidente Trump consideran que se puede afectar el valor de las monedas, y han expuesto ideas para lograrlo. Una consiste en cambiar la madurez de los bonos del Tesoro, generalmente a diez años, a cien años o aún a perpetuidad. De facto, un impuesto a la tenencia de esos bonos, reduciendo su valor comercial y, de paso, el valor del dólar frente a las demás monedas. ¡Una devaluación frente a todo el mundo, acompañada de una reducción en el costo de servir su deuda pública! 

Los bonos del Tesoro de EU son el activo más importante del sistema financiero internacional y a la fecha se consideran como libres de riesgo. Son parte de las reservas de todos los bancos centrales (incluyendo Banxico) y de los bancos comerciales, de las tesorerías de las empresas, y de los portafolios de millones de inversionistas individuales. Una acción como la descrita sería inédita y causaría conmociones profundas e impredecibles en los mercados financieros internacionales. No es claro que la idoneidad de esa acción la compartan todos los miembros del equipo económico del presidente Trump. Pero el hecho de que la idea haya salido de los rincones recónditos de la academia para discutirse en la prensa financiera internacional es un signo de los tiempos.

Otra opción para reducir el valor del dólar consiste en reducir las tasas de interés en EU, algo que el presidente Trump ha deseado por mucho tiempo. Muchos factores determinan esa tasa, pero uno clave es el comportamiento del Banco de la Reserva Federal. Hasta ahora, el presidente de su junta de gobierno, Jerome Powell, ha mantenido su independencia frente a los deseos de la Casa Blanca. Donald Trump podría intentar despedirlo, aunque no tiene facultades para ello. Sin embargo, sólo tiene que esperar hasta mayo de 2026, cuando termina el mandato del señor Powell, para proponer al Senado, donde su partido tiene mayoría, a una persona más afín a sus deseos. 

Es difícil predecir la reacción de los mercados financieros, incluyendo los bancos centrales de Europa, Japón y China, a la percepción de pérdida de independencia de la Reserva Federal y a reducciones injustificadas de la tasa de interés en EU. Lo más probable sería mayor volatilidad en los precios de bonos, acciones y otros activos financieros. Al menos hasta que se entiendan las repercusiones de imponer aranceles a todo el mundo e intentar devaluar el dólar cambiando la política monetaria americana.

Además, debe considerarse que la administración trumpista está desregulando los mercados financieros y promoviendo el uso de criptomonedas.^[4] Esto puede llevar a burbujas especulativas o acumulación de desbalances entre pasivos y activos (generados en un contexto de opacidad y manipulación de reglas contables), mismos que en algún momento pueden derivar en una crisis financiera como la de 2008-2009. Los libros de historia económica están plagados de ejemplos donde la combinación de exuberancia especulativa, supervisión laxa y opacidad contable acaba en una crisis costosa.

Las probabilidades de que en los próximos meses o años haya mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, o algún tipo de crisis, son más altas que antes. México debe prepararse para un contexto complejo, donde sea muy complicado acceder al financiamiento internacional. Una depreciación ordenada del dólar ayudaría a diversificar las exportaciones mexicanas, en la medida en que mantengamos cierta estabilidad frente a esa moneda; y no una depreciación desordenada, sobre todo si, al igual que en la política comercial, EU actúa de forma unilateral y otros países reaccionan defendiendo sus intereses. 

En pasadas crisis cambiarias o financieras, México ha contado con el apoyo de EU, de forma directa y por medio de la posición privilegiada de ese país en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fuimos el primer beneficiario de la Línea de Crédito Flexible creada por el FMI en respuesta a la crisis financiera internacional de 2008-2009; sin ella, hubiese sido mucho más difícil, tal vez imposible, salir airosos. Desde entonces y hasta la fecha, contamos con esa línea de crédito, hoy por cincuenta mil millones de dólares, que de facto fortalece nuestras reservas internacionales. A pesar del deterioro en nuestro desempeño macroeconómico, contribuye a mantener el grado de inversión y estabilidad cambiaria. México también se ha beneficiado de acuerdos de intercambio de divisas entre Banxico y el Banco de la Reserva Federal.

Con menor solidez macroeconómica interna, sería más difícil para México salir airoso de un episodio de alta volatilidad financiera mundial sin el apoyo, aunque fuera indirecto, de EU; éste puede ser muy costoso dada la mentalidad transaccional que caracteriza al presidente Trump y su deseo de sacar ventaja de cualquier situación. Desde ya en el ámbito comercial, y quizá en el financiero, enfrentamos un contexto más adverso que el de las tres décadas pasadas. 

El contexto nacional

Crecimiento económico

Es útil dividir el último cuarto de siglo en tres periodos. El primero, de 2001 a 2018, corresponde a las administraciones de los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto; el segundo, de 2019 a 2024, a la del presidente López Obrador; y el tercero, a partir de 2025, al de la presidenta Sheinbaum. Durante el primero, el promedio de la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita real (PIBpc) fue de 0.41 % y durante el segundo de 0.15 %. En 2025 es probable que el PIBpc caiga.

El primer periodo está influenciado por la crisis financiera internacional de 2008-2009 y el segundo por la de Covid-19. Sin embargo, otros países de América Latina también expuestos a esas crisis han tenido mejores resultados; ni decir de países fuera de nuestra región.^[5]

Hay dos puntos relevantes: primero, por 25 años el crecimiento de México ha sido pobre, situación que empeoró en los últimos años. Segundo, eso ocurrió a pesar de gozar de estabilidad macroeconómica y un inédito crecimiento de las exportaciones manufactureras, que pasaron de 144,000 a 554,000 millones de dólares entre 2000 y 2024, o de 20 a 30 % del PIB, lo que hace que hoy exportemos más manufacturas que la suma del resto de países de América Latina. Este punto resalta, por un lado, que el TLCAN-TMEC y otros tratados fueron insuficientes para por sí solos generar una tasa de crecimiento alta. Y, por otro, que aún en el escenario más optimista posible, donde ya no se vulnere más el TMEC o se logre un TMEC 2.0 similar al vigente, nuestro crecimiento sería igual de pobre.

¿Por qué no crecimos más rápido? En todos los países el crecimiento se debe a tres factores: expansión del capital físico —inversiones en fábricas, equipos, maquinaria, carreteras, aeropuertos y otros—; aumento en el número y escolaridad de sus trabajadores, a veces llamado capital humano; desempeño de la productividad o la eficiencia con que se usa el capital físico y humano disponible. Pero el factor detrás de nuestro pobre desempeño es el nulo aumento de la productividad. En otros ensayos he intentado explicar porqué, a pesar del TLCAN-TMEC y otros tratados, experimentamos este deprimente resultado.

Esos tratados fomentaron el desarrollo de un número muy pequeño de empresas grandes de alta productividad, en su mayoría asociadas al sector exportador. Sin embargo, fallas en las políticas tributarias, de aseguramiento social, laborales y de competencia, y en la infraestructura jurídica que rige los contratos crediticios y comerciales, obstruyeron el crecimiento de empresas chicas y medianas productivas a la vez que fomentaron la permanencia y creación de empresas improductivas. Al final de cuentas, la productividad de México es el promedio de las empresas que están en el país. Si la mayoría se rezaga, el promedio no aumenta a pesar de que pocas tengan un excelente desempeño.

Las fallas aludidas se reflejan en el hecho de que, en 2025, treinta años después del TLCAN, la mitad del empleo sea por cuenta propia o en empresas de hasta cinco personas; en que empresas de ese tamaño representen 90 % del total (o el 95 % si el límite es diez personas); en que menos de 1 % tengan más de cincuenta personas; y en grandes diferencias en la productividad entre empresas que producen bienes similares. Estas características casi no han variado en el último cuarto de siglo, excepto que las diferencias entre las productividades de las empresas han aumentado.^[6] Es decir, coexisten dos Méxicos: uno pujante y otro estancado. 

Esta estructura explica el pésimo desempeño de nuestro mercado laboral. A pesar de aumentos en la escolaridad de los trabajadores parecidos a los de otros países con ingreso per cápita similar, en México el empleo precario —sin seguridad social y casi siempre por cuenta propia o en pequeñas empresas frágiles y de baja productividad— representa poco más de la mitad del total; proporción que casi no ha variado en el último cuarto de siglo. Las fallas en las políticas públicas que segmentan nuestra estructura productiva no se resuelven sólo con “más inversión”; al contrario, la inversión privada se deprime porque el mercado interno que enfrentan las empresas productivas se reduce por la competencia que le hacen las improductivas; y porque absorben parte del capital y trabajo del país. La inversión pública también sufre porque esa estructura productiva erosiona la base tributaria.

Las inversiones que se tienen en mente cuando se habla de promover la inversión son las de grandes empresas nacionales o extranjeras. Son bienvenidas, por supuesto, pero se trata de proyectos intensivos en capital que crean pocos empleos. Treinta y tres millones de trabajadores están en las condiciones de precariedad que antes apunté; y en el nuevo contexto internacional las inversiones que celebramos quizá serán menores que antes. Por sí sola, “más inversión” no resolverá los problemas del mercado laboral, y ahondará las diferencias entre el “México pujante” y el “México estancado”. 

Lo anterior no quiere decir que más inversión no sea necesaria; ¡sin duda lo es! La acumulación de capital físico contribuye a incrementar el PIB. Pero se requerirían tasas de inversión altísimas para aumentar de forma relevante la tasa de crecimiento y mejorar las condiciones de empleo e ingresos de los millones de trabajadores que hoy están excluidos del “México pujante”. Tasas que no se observaron aun cuando las condiciones mundiales fueron favorables para el país, el contexto macroeconómico interno más sólido, y el entorno jurídico menos incierto. En los últimos 25 años las tasas de inversión han rondado alrededor del 22-23 % del PIB, ¿qué nos hace pensar que bajo las condiciones actuales aumentarán a 30 o 35 %?

El reto de crecer más rápido ha estado ahí por más de dos décadas. No íbamos bien hasta que regresó el presidente Trump. Íbamos crecientemente mal, y su regreso está agravando el problema. La condición sine qua non para enfrentar ese reto es aumentar la productividad. Y, a su vez, para lograr lo anterior hay que tratar las fallas en las políticas públicas que generan un “México pujante” y otro “México estancado”. En el último cuarto de siglo ningún gobierno lo ha hecho y por eso, con algunas variaciones, el crecimiento durante todos ha sido mediocre.

Se señala que los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum son diferentes a los anteriores; lo son, en muchas dimensiones. Pero no desde la política macroeconómica (autonomía de Banxico, tipo de cambio flexible, baja inflación, déficits fiscales moderados, supervisión financiera prudente); en la política comercial y de inversión extranjera (se mantienen los acuerdos firmados a partir del TLCAN); en la política tributaria; y, de forma crítica, en las políticas públicas que segmentan la estructura productiva del país.

Dicho lo anterior, la desaceleración del crecimiento en los últimos años se explica por decisiones del presidente López Obrador. Por un lado, aumentaron la incertidumbre; por otro, impulsaron proyectos de infraestructura mal conceptualizados, que redujeron la rentabilidad de la inversión pública al tiempo que deterioraron las cuentas fiscales.^[7]

Mirando hacia adelante, dos factores apuntan a un menor crecimiento: la demografía y las recientes reformas a la Constitución. Según el Consejo Nacional de Población, en el año 2000 la tasa anual de crecimiento de la población en edad de trabajar (veinte a sesenta y cinco años) era de 2.05 % y la de la población total de 1.31 %. En 2030, al concluir la administración de la presidenta Sheinbaum, serán de 0.87 % y 0.61 %, respectivamente; ambas se reducirán, pero más la de la población en edad de trabajar.

El segundo factor que deprimirá el crecimiento, al menos de manera transitoria, son los cambios constitucionales recientes que aumentaron la incertidumbre. ¿Cómo resolverán los tribunales disputas contractuales entre empresas privadas, por un lado, y Pemex y CFE, por el otro? ¿Qué recursos tendrán las empresas cuando haya diferencias con el SAT en la interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Con qué grado de independencia funcionará la Comisión Federal de Competencia y cómo resolverán los tribunales los amparos contra sus resoluciones? ¿Cómo actuará la Suprema Corte de Justicia ante la presencia del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial? No debe sorprender si algunas empresas posponen sus proyectos de inversión hasta tener más certidumbre sobre estas interrogantes.

Una de las razones que hace que la mayoría de las empresas pequeñas no se constituyan como sociedad anónima son los costos, incertidumbre y corrupción de acudir a los juzgados y tribunales para resolver disputas mercantiles; así como los obstáculos para cumplir las sentencias. Es probable que la mayor parte de la actividad económica del país, medida por el número de establecimientos o número de trabajadores, no se regule por la infraestructura jurídica de una economía de mercado moderna, sino por acuerdos sociales tácitos no muy diferentes a los que había hace décadas. Esta situación limita el mercado de las empresas pequeñas y dificulta su acceso al crédito de la banca comercial, ni decir emitir bonos o acciones para diversificar y aumentar su capital, y es una de las razones detrás de su baja productividad. Mejorar el funcionamiento de juzgados y tribunales en materia mercantil ha sido una tarea pendiente por muchos años que se antoja más difícil en el contexto de un cambio rápido, drástico, e inédito en el mundo, en la operación del Poder Judicial.

Finanzas públicas

A grandes rasgos, durante el cuarto de siglo las finanzas públicas se han manejado con prudencia. Dicho eso, ha habido un deterioro gradual que se aceleró en los últimos años y que, en el contexto más complejo y volátil en puerta, debe revertirse.

Nuestros déficits fiscales han sido moderados, aunque han ido al alza: un promedio de 1.41 % del PIB para el periodo 2000-2018 y de 3.1 % para 2019-2024. Dado nuestro lento crecimiento, ello resultó en un aumento sostenido de la deuda pública, de 16.6 % del PIB en el año 2000 a 45.6 % en 2024. Si bien nuestra deuda todavía no alcanza los niveles de los países de la OCDE, su crecimiento continuo nos coloca en una situación de creciente vulnerabilidad, sobre todo si, por la razón que sea —más cambios desfavorables en la relación comercial con EU o nuevas turbulencias financieras— la confianza en el país cae de manera repentina.

La situación de nuestras finanzas públicas es más compleja cada año debido a: i) el deterioro observado en Pemex, ii) el costo creciente de las pensiones del IMSS y del programa de pensiones para adultos mayores,^[8] iii) el costo de servir una deuda cada vez más grande. En los últimos años, las presiones de gasto resultantes se financiaron con recursos de fideicomisos que habían sido creados para otros propósitos (como responder a desastres naturales o gastos médicos catastróficos); con reducciones en otros rubros de gasto; en ocasiones, con parte de las utilidades de Banco de México; y con mayor endeudamiento.

Cabe saber que las utilidades de Banxico son volátiles; que los fideicomisos ya casi se agotaron; que reducciones adicionales de gasto en salud, educación, ciencia y tecnología, e infraestructura pública son ya contraproducentes porque merman nuestra capacidad de crecer en el futuro; y que contraer más deuda en las condiciones que se avecinan es cada vez más riesgoso, quizá más caro.

El deterioro gradual de las finanzas públicas se refleja en las calificaciones de las agencias especializadas en valuar riesgos, como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Nuestras calificaciones mejoraron entre 2000 y 2015, dejaron de hacerlo a partir de 2016, y han caído en los últimos cinco años, hoy estamos apenas por arriba del grado de inversión. Hoy en día colocamos bonos pagando alrededor de doscientos cuarenta puntos base por encima de los bonos a diez años del Tesoro americano; Perú lo hace pagando sólo ciento sesenta y Chile ciento diez. Se crea un círculo vicioso: desde el punto de vista de los mercados de capital internacionales, somos un país más riesgoso; el mayor riesgo aumenta el costo de nuestra creciente deuda; mientras que el agotamiento de las fuentes transitorias de financiamiento y recortes al gasto que deprimen el crecimiento, aumentan la percepción de riesgo.

Estamos llegando al punto donde las finanzas públicas, además de amenazar la estabilidad macroeconómica, dejan de cumplir con su misión central: ser un instrumento estatal para promover el desarrollo.

Protección social

El rasgo fundamental de nuestra protección social es la segmentación del aseguramiento social. Cuando una persona está empleada de manera formal, tiene acceso a la cobertura contra riesgos que ofrece el IMSS, aporta para su pensión de retiro en su Afore, y ahorra para una vivienda por medio del Infonavit; también está cubierta por el salario mínimo y las disposiciones sobre despido establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Cuando la misma persona está empleada de manera informal o desempleada, tiene acceso a programas paralelos de salud, guarderías, pensiones y vivienda. Esta segmentación ha estado vigente desde 1943 hasta hoy, si bien el nombre, alcance y mecánica de operación de algunos programas ha cambiado. Sin embargo, ésta explica, entre otras cosas, por qué alrededor de la mitad de los trabajadores que ahorran en su Afore para una pensión no la va a obtener, por qué trabajadores que cotizan al IMSS para servicios médicos durante su vejez tampoco los van a obtener, por qué muchas mujeres cuando dan a luz tienen que dejar su trabajo por falta de servicios de guardería, y por qué muchas familias que no son pobres caen en la pobreza cuando enfrentan un evento desfavorable.

Desde la segunda mitad de los noventa, hemos desarrollado programas de transferencias de ingreso, destacando los dirigidos a las familias en pobreza y a los adultos mayores. También hemos impulsado programas de capacitación laboral, de subsidio al empleo, y otros dirigidos a colectividades específicas. En general, estos últimos han tenido coberturas limitadas y, comparados con los programas de aseguramiento social y de transferencias de ingreso, presupuestos de menor importancia.

Así, los ejes centrales de la protección social en México son el aseguramiento segmentado en función del estatus laboral de las personas, y las transferencias de ingresos. Si bien ambos se engloban bajo el rubro de “programas sociales”, es crítico distinguir entre ellos porque esa diferencia toca aspectos torales del contrato social. El aseguramiento mutualiza riesgos entre todos. Si alguien sufre una enfermedad catastrófica —un infarto, un cáncer— o un trabajador se invalida o muere, la sociedad ayuda a los afectados a sortear esos eventos. Las familias no tienen que pedir prestado o vender el auto o la casa para afrontarlos: cuando esos eventos ocurren, el Estado está ahí. Las transferencias de ingreso, en contraste, otorgan de forma regular un monto de recursos sin importar si ocurre o no un evento desfavorable; y si ocurre, las familias lidian con él solas.

Durante el sexenio de López Obrador, el gasto en las transferencias para los adultos mayores aumentó en 1.2 % del PIB, de 0.16 % en 2018 a 1.37 % en 2024. El programa adquirió alcance universal; en contraste, otros programas sólo continuaron esfuerzos pre-existentes con cambios de nombre y mecánica de operación.^[9] Sin embargo, el aseguramiento social siguió fragmentado, al tiempo que disminuyeron los servicios de guardería y cayó la cobertura y calidad de los servicios de salud. Las familias recibieron menos protección del Estado contra riesgos, pero obtuvieron más transferencias de ingresos.

La presidenta Sheinbaum ha impulsado dos nuevos programas de transferencias de ingreso, uno de becas para los alumnos de primaria, y otro de pensiones para mujeres entre 60 y 65 años. Ello mientras se siguen limitando o recortando los presupuestos para educación, salud e infraestructura, entre otros.

Las transferencias de ingreso son muy valoradas por las familias, quienes destinan parte de esos recursos para comprar medicinas o pagar honorarios a médicos privados.^[10] Así, las familias han sustituido servicios públicos de salud por servicios privados, financiados al menos en parte con las transferencias y, cuando hay un evento catastrófico, con sus ahorros, pidiendo prestado o vendiendo sus activos.

Sin embargo, la arquitectura del aseguramiento social no ha cambiado en los últimos 25 años. Ningún gobierno ha respondido: ¿por qué el IMSS, el Infonavit y las Afores no cubren a todos los trabajadores? Todos han actuado en respuesta a la pregunta equivocada: ¿dado que el IMSS, las Afores y el Infonavit no cubren a todos los trabajadores, qué programas diseñamos para ayudar a los excluidos? En consecuencia, hemos creado dos sistemas de aseguramiento social. Pero no hemos reparado en que la estructura productiva reflejada en un “México pujante” y otro “México estancado”, en parte resultado de esa arquitectura.

Por décadas, la política económica y la social se han visualizado como campos separados, vinculados sólo por la restricción presupuestal. Los responsables de la primera se preocupan porque el costo de los programas sociales no exceda los recursos disponibles; y los responsables de la segunda por ampliar coberturas o crear nuevos programas. Se ha puesto poca atención a la política social que afecta decisiones clave de las empresas: ofrecer o no un contrato asalariado a sus trabajadores; cumplir o no con la ley; crecer o mantenerse pequeña para no ser multada; invertir o no en capacitación laboral; éstas tienen impactos de primer orden sobre la productividad y son parte de la explicación de la existencia de un “México pujante” y otro “México estancado”.

No hemos construido un Estado de Bienestar eficaz, de cobertura universal, y amigable a la productividad porque no nos lo hemos propuesto; ni siquiera lo discutimos. Hemos tratado de compensar el estancamiento de los ingresos derivado de una productividad también estancada con mayores transferencias, con exenciones tributarias y regímenes fiscales especiales para las pequeñas empresas, entre otros. Y el costo ha sido muy alto, porque además de fallar en proteger a las familias contra riesgos, esa maraña de políticas obstruye el desarrollo de las empresas productivas, la creación de empleos bien remunerados y erosiona la base tributaria. 

Ingresos familiares y redistribución

Durante la administración de AMLO, los ingresos de las familias menos favorecidas aumentaron. ¿Cómo ocurrió eso en un contexto donde el PIBpc no creció tanto? Tres factores lo explican. El primero es la expansión de las pensiones para los adultos mayores. El segundo es el salario mínimo, que en términos reales aumentó 109 % entre 2018 y 2024, después de hacerlo en sólo 15 % entre 2005 y 2018. Como resultado, el salario real promedio aumentó 16 % entre 2018 y 2024, en contraste con lo que ocurrió en los trece años previos, cuando disminuyó en 9.5 %.^[11] Se redistribuyó de empresas a trabajadores.

Pero por el contrario, esa redistribución no equivale a redistribuir de familias de altos a bajos ingresos. En efecto, en 2024, del total de trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos —donde se concentra el efecto de aumentar el salario mínimo— el 40 % se ocupa en empresas de uno a cinco personas y sólo el 21% en empresas de más de cincuenta (el resto lo hace por cuenta propia o en empresas de tamaño intermedio). Si bien no hay datos que permitan corroborarlo, es probable que los dueños de las grandes empresas pertenezcan a familias de ingresos más altos (o sean extranjeros); en ese caso, el mayor salario mínimo se redistribuye de los más a los menos pudientes. Es probable que los dueños de las empresas pequeñas estén ubicados entre las familias de ingresos medios o aún bajos. Y la mayoría de esas empresas son emprendimientos familiares donde los dueños y trabajadores son parientes, contexto que reduce el sentido de la redistribución. En el contexto de un “México pujante” y otro “México estancado”, la capacidad del salario mínimo para redistribuir ingresos de las familias más favorecidas a las menos es inferior a lo que se piensa.

Se cree que aumentar el salario mínimo fortalece el mercado interno. Pero en la medida que sólo redistribuye de un grupo de la población a otro, el tamaño del mercado no cambia al aumentarlo. Por supuesto, los trabajadores pueden tener una propensión al consumo mayor que la de los dueños de las empresas, en cuyo caso el consumo interno aumenta, pero la inversión u otros componentes del PIB caen. En otros términos, subir el salario mínimo no equivale a aumentar el PIB.

En 2018 11 % de los trabajadores tenían ingresos inferiores al salario mínimo, y estaban en la informalidad porque para que las empresas los puedan inscribir al IMSS, a las Afores y al Infonavit, deben pagarles al menos un salario mínimo. Esa proporción subió a 32 % en 2024. Así, el aumento del salario mínimo tuvo efectos encontrados porque si bien aumentaron los ingresos de los trabajadores, la proporción que ahora ve obstaculizada su entrada a la formalidad por el salario mínimo es casi tres veces mayor; a los ya sustanciales obstáculos para que los trabajadores obtengan empleos formales, se está agregando uno más. Conforme aumenta el salario mínimo, los incentivos de las empresas para violar la Ley aumentan, sobre todo entre las más pequeñas que pueden hacerlo con más facilidad. El punto aquí es que, en un país con una estructura productiva como la nuestra, y donde es común que las leyes laborales se incumplan , el salario mínimo tiene efectos más complejos que en otros países de la OCDE, en algún momento sus ventajas son dominadas por desventajas.

El tercer factor que explica el aumento en los ingresos familiares son las remesas que, a lo largo de la administración de López Obrador, pasaron de 2.7 % a 3.5 % del PIB. Ello representó un aumento en los ingresos de las familias de 0.8 % del PIB, lo que se suma al aumento en los recursos asignados a las pensiones para adultos mayores.

La Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares para 2024 todavía no está disponible, pero con las de 2018 y 2022 observamos que, entre esos años, el ingreso real promedio de los hogares en los primeros dos deciles de la distribución del ingreso aumentó en 16 %, y el de los siguientes dos en 10 %. Dado que las pensiones, el salario mínimo y las remesas aumentaron entre 2022 y 2024, con toda probabilidad la encuesta de 2024 mostrará un incremento adicional en los ingresos de esos hogares.

Caben dos observaciones. La primera es que la mejora en los ingresos no resultó de un aumento en la productividad; fue producto de esfuerzos internos de redistribución combinados con mayores remesas. La segunda es que esos esfuerzos fueron híbridos. Por un lado, el aumento de gasto en pensiones no se financió con mayores impuestos sino reduciendo otros gastos, algunos de ellos prioritarios para crecer, o aumentado el endeudamiento; así, en parte se redistribuyó del futuro al presente. Por otro lado, por medio del salario mínimo hubo una redistribución de familias de altos a bajos ingresos cuya magnitud es difícil de precisar, pero que sin duda no cubre a la totalidad de los trabajadores beneficiados. 

La pasada administración no es la única que ha aumentado el gasto en protección social sin mayores impuestos y más productividad; en gran medida es lo que ha ocurrido desde el año 2000. Como ya noté, la productividad no ha crecido desde entonces. Sin embargo, entre ese año y el 2024, el gasto en protección social aumentó de 2.5 a 7 % del PIB, mientras que la carga impositiva sólo lo hizo de 13 a 17 % del PIB. Son muchos los gobiernos que han evitado arreglar las fallas de políticas públicas que segmentan nuestra estructura productiva o aumentar los impuestos como se requiere; para paliar los efectos del lento crecimiento y la escasez de empleos productivos, han canalizado recursos crecientes a programas de transferencias comprimiendo la inversión pública o aumentando nuestra deuda.

Por ello, no debe sorprender que, desde hace décadas, nuestro contrato social sea disfuncional. Por la evasión y la elusión, porque el sistema tributario está repleto de exenciones, el gobierno recauda poco y ofrece servicios de baja calidad. Los que pueden, contratan servicios privados, y los que no pueden usan los públicos, pero ante la baja calidad, a veces prefieren que el gobierno mejor les dé dinero en efectivo. Los cumplidos ven que el Estado no ofrece servicios congruentes con sus aportaciones. La corrupción deteriora más los servicios, y genera sentimientos de cinismo al tiempo que fomenta conductas oportunistas.

Dos factores más afectan la distribución del ingreso y el bienestar de las familias: la extracción de rentas por parte de las grandes empresas con poder monopólico, que además de concentrar el ingreso, castiga la productividad; y la corrupción, que ha aumentado en los últimos años.^[12] Nuestros esfuerzos para combatir la desigualdad se han concentrado en los programas sociales (y, en últimas fechas, en el salario mínimo), olvidando que ésta también es alta porque la corrupción es una fuente de concentración del ingreso, y porque las prácticas monopólicas no se han combatido con celeridad. No hemos reducido la desigualdad combatiendo con fuerza los abusos de los más privilegiados.

Balance

Analizando el último cuarto de siglo, en materia de política económica y social es más lo que no ha cambiado que lo que sí. Ha habido modificaciones relevantes, pero ninguna altera el diseño institucional básico, en contraste con los cambios constitucionales recientes, que marcan un quiebre profundo; un antes y un después.

Con esa mirada larga, lo que resalta es el estancamiento, o gradual deterioro, de indicadores fundamentales como la productividad, el crecimiento, las finanzas públicas, la corrupción y la transparencia, por un lado. Y, por el otro, esfuerzos por redistribuir a favor de los menos favorecidos carentes de una base tributaria perdurable, o que descansan en aumentos en el salario mínimo con efectos encontrados. Hemos logrado redistribuir en cierta medida, aunque no lo suficiente, y no siempre de las familias más favorecidas a las menos; en parte lo hemos hecho a costa de nuestro futuro. Pero no hemos construido una prosperidad compartida basada en la capacidad productiva de todos porque carecemos de un Estado de Bienestar eficaz que proteja, redistribuya y facilite el crecimiento de la productividad. Al segmentarnos en un “México pujante” y otro “México estancado”, desaprovechamos el talento y las inmensas capacidades de grandes segmentos de nuestra fuerza de trabajo; desperdiciamos parte de la inversión en empresas que penalizan nuestra productividad. Necesitamos redistribuir más pero también ser más productivos, lo primero sin lo segundo ya no es sostenible, menos en el contexto del rápido envejecimiento que estamos atestiguando.

Dadas las grandes deficiencias de nuestro marco tributario, puede ser fácil impulsar una reforma que aumente la recaudación en dos puntos del PIB. Eso, junto con algunos cambios en Pemex, reduciría los riesgos crecientes de las finanzas públicas. Con mucha suerte en el escenario internacional —arreglo comercial estable con EU, ausencia de crisis financieras— ajustes como esos permitirían mantener el statu quo hasta el cierre de esta década. Pero eso no nos hará crecer y es probable que al llegar al 2030 el PIBpc sea igual al de diez años antes. Mantendríamos la estabilidad macroeconómica, apenitas, pero tendríamos otra década perdida, tal vez sin los aspavientos de los ochenta.

Sin embargo, podemos construir otro camino, más promisorio que el anterior. Uno que nos lleve a una sociedad mucho más igualitaria y al mismo tiempo más productiva, basado en las lecciones, buenas y malas, del último cuarto de siglo. Entre sus rasgos centrales estarían un Estado de Bienestar universal más generoso y, sin duda alguna, una carga tributaria más alta y mejor distribuida; mayor protección a los trabajadores, incluyendo un seguro de desempleo al tiempo que se le da flexibilidad a las empresas para ajustarse a choques negativos o cambios tecnológicos; promoción de la participación laboral femenina por medio de un servicio universal de guarderías; un régimen tributario que facilite el crecimiento de las pequeñas empresas en lugar de castigarlo; mejoras en el funcionamiento de los tribunales para hacer cumplir los contratos mercantiles y ampliar el acceso al crédito; una política de competencia más eficaz; menor tolerancia a la corrupción; y más transparencia y rendición de cuentas.^[13] 

El camino alterno no abandonaría los esfuerzos redistributivos de ésta y la pasada administración; al contrario, los fortalecería y daría un sustento perdurable. Para ello, visualizaría a la política económica y social en conjunto, asegurando que al mismo tiempo que protege y redistribuye, establece incentivos para maximizar el potencial creativo de todos. En ese rumbo, la estabilidad macroeconómica se preservaría, al igual que la inserción en los flujos mundiales de comercio. El crecimiento ya no dependería sólo del sector exportador. El mercado interno se fortalecería porque los ingresos aumentarían en un contexto de productividad creciente. Y conforme se cierra la brecha entre el “México pujante” y el “México estancado”, con pragmatismo se impulsarían políticas industriales para fomentar la innovación y adopción de nuevas tecnologías, ya no en un subconjunto muy pequeño de grandes empresas dejando atrás a las demás, sino por vía de todo el aparato productivo.

Cambios de paradigma

Luis Felipe López-Calva y yo intentamos identificar por qué no logramos construir una prosperidad compartida. La falla principal fue que otras ideas no cambiaron. Por ello, no se trataron las deficiencias en las políticas públicas que segmentaban nuestra estructura productiva y, en paralelo, el aseguramiento social. Se castigó la productividad y se obstruyó la inclusión social. Se pensó que esos problemas se resolverían sólo con más inversión y educación. A eso se sumaron fallas en las políticas para combatir la corrupción y las prácticas monopólicas, que no lograron imponerse sobre los intereses de unos pocos. Y si la narrativa señala que a partir de 2019 la política económica y social ha cambiado de forma profunda, la evidencia muestra que no es así. Lo que hemos vivido es la persistencia de ideas que no han dado resultados.

La política de “América Primero” de Donald Trump ha inducido a muchos países a repensar y redefinir aspectos torales de sus políticas internas y externas. Polonia debate desarrollar sus propias armas nucleares y solicita a la OTAN instalarlas en su territorio; Inglaterra reduce su ayuda externa para redireccionar recursos a su gasto militar; Francia estudia cómo compartir sus capacidades militares nucleares con sus vecinos; la Comunidad Europea planea emitir bonos con garantías múltiples y crear un banco para prestar para gastos militares; Corea considera armas nucleares para defenderse de su vecino del norte; y China amenaza anexar a Taiwán. 

Un caso notable es el de Alemania, que modificó su constitución para eliminar el “freno a la deuda”, que limitaba sus déficits fiscales a 0.35 % del PIB (vs. 5.8 % en México en 2024). Lo es por tres motivos: parte del endeudamiento se destinará a armas, revirtiendo una política pacifista muy enraizada después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial; porque el cambio se hizo muy rápido; y porque su impulsor fue el recién electo canciller, Friedrich Merz, que hasta hace poco se oponía tanto a romper con el freno a la deuda como al mayor gasto militar. Cambiaron las circunstancias, cambiaron las ideas.

Por fortuna, México no tiene que preocuparse por una invasión rusa o china. Pero sí debe tomar nota de que, conforme concluye el siglo de la “Pax Americana”, muchos países están rompiendo con ideas o tabús de larga data y reajustándose a nuevas realidades. Lo antes impensable ahora ya no lo es. Los años que se avecinan prometen ser más complejos y convulsos; para enfrentarlos con éxito, en México estamos obligados a reconsiderar nuestras ideas. Tenemos que superar las que, por veinticinco años, han obstruido nuestro desarrollo y nos impiden construir una respuesta a la altura del reto que enfrentamos. ¿Trazaremos un nuevo camino o perderemos otra década?

Agradezco el excelente apoyo de investigación de Samuel D. Restrepo-Oyola y las críticas y sugerencias de Jorge Castañeda y Luis Felipe López-Calva. Las opiniones expresadas son mi responsabilidad.

Santiago Levy

Investigador sénior del Instituto Brookings; antes fue vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, director general del IMSS, subsecretario de Hacienda y Crédito Público y presidente de la Comisión Federal de Competencia.

^[1] Hay intentos jurídicos de varios afectados en EU que argumentan que el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) –el principal instrumento legal utilizado para imponer los aranceles– no faculta al presidente de EU para ello. Habrá sin duda varias demandas cuya duración y resolución es también incierta.

^[2] En México, el TMEC tiene rango legal de tratado, pero en EU sólo de acuerdo ya que no fue avalado por una mayoría calificada del Congreso. Por ello, si bien las acciones del presidente Trump son violatorias del TMEC, no necesariamente lo son en EU. Agradezco a Jorge Castañeda esta observación.

^[3] Supongamos que México exporta un auto a EU a un precio de mil pesos, que no hay aranceles y que el tipo de cambio es de 20 pesos por dólar. En ese caso, el precio del auto en EU es de cincuenta dólares. Ahora bien, si ese país impone un arancel de 25 % y el tipo de cambio no cambia, el precio aumenta de cincuenta a 62.5 dólares, o 25 %. Sin embargo, si el dólar se aprecia en, digamos, 10 %, el precio sólo aumenta de cincuenta a 56.8 dólares, menos de 25 %.

^[4] Hace poco se desmanteló el Consumer Financial Protection Bureau, creado en 2010 en respuesta a la crisis financiera de 2008-2009 para proteger a los consumidores de prácticas abusivas por parte de las instituciones financieras. En paralelo, la Securities and Exchange Commission (el equivalente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) ha frenado las acciones legales contra empresas emisoras de criptomonedas iniciadas en la administración del presidente Biden y debilitado su supervisión.

^[5] Entre 2000 y 2024 la tasa promedio de crecimiento del PIBpc fue de 2.2 % en Chile y de 3.1 % en Perú (Indicadores Mundiales del Desarrollo, Banco Mundial).

^[6] Si pensamos en una distribución de las productividades de las empresas, donde aquellas en el extremo derecho son las más productivas y aquellas en el extremo izquierdo las menos, lo que ha ocurrido es que esa distribución se ha polarizado. En todos los países hay diferencias entre las productividades de las empresas, pero en México son mucho mayores que en los países de la OCDE, situación que se ha agravado.

^[7] La visión del presidente López Obrador de desarrollar la infraestructura en el sur del país es sin duda correcta, sobre todo a la luz del TLCAN-TMEC, que restó ventajas comparativas a esa región. Sin embargo, lo que se necesita son obras para aumentar la conectividad del sur con el resto del país, reduciendo el costo de traer insumos intermedios y movilizar la producción, fomentando así el establecimiento de empresas productivas. De los tres grandes proyectos impulsados por la pasada administración, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sólo el tercero cumple con ese propósito.

^[8] Entre 2025 y 2030 la población de 65 o más pasará de 10.7 a 13.3 millones; un aumento de 23 %. En el mismo periodo, la población en edad de trabajar aumentará sólo 5.1 %, pasando de 79.5 a 83.6 millones.

^[9] El más importante fue Progresa-Oportunidades-Prospera, que cambió de nombre a Becas Benito Juárez, y desplazó apoyos del medio rural al urbano, desvinculando las transferencias de la asistencia a las clínicas de salud y la escuela, limitando a su vez el apoyo a una beca por familia en vez de una por hijo. Estos cambios son parte de las razones por las cuales, con datos de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2022, mientras la pobreza entre la población adulta cayó, entre la niñez aumentó. Ver “Seguridad Social y un Buen Trabajo para Todos: Una Propuesta para Reformar la Seguridad Social y los Impuestos en México”, documento mimeografiado (con John Scott).

^[10] El gasto de bolsillo en salud es la proporción del gasto total no cubierta por el IMSS, el ISSSTE o seguros privados. En México es de 41 % versus 28 % para el promedio de los países de América Latina y 15 % para los de la OCDE.

^[11] Me refiero al salario por hora promedio de las personas entre 18 y 65 años que trabajan veinte o más horas a la semana. La comparación inicial es con 2005 por ser el primer año donde la encuesta de empleo tiene cobertura nacional. La reducción del salario medio entre 2005 y 2018 obedece a una caída en los salarios de trabajadores con educación universitaria y media superior; los de los trabajadores con educación básica o sin escolaridad aumentaron muy poco.

^[12] Los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial indican que, a partir del año 2000, México ha experimentado una caída continua en el índice de control de la corrupción, y que desde entonces ha estado por debajo de Brasil, Chile, Colombia y Perú; e indican también un deterioro adicional entre 2021 y 2023. El índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional también muestra un deterioro en los últimos años. También ha aumentado la opacidad y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto público y se han debilitado los mecanismos de rendición de cuentas.

^[13] John Scott y yo, en el documento ya citado, hemos hecho una propuesta preliminar sobre algunos de estos elementos, que sin duda puede ampliarse y mejorarse.