Es habitual denominar “partidos satélites” a aquellas organizaciones que gravitan en torno a un partido mayoritario y contribuyen a su legitimación, así como a la del régimen. El origen del término se remonta a Giovanni Sartori y a su obra clásica Partidos y sistemas de partidos (1976). La influencia de Sartori adquirió relevancia en México por su capacidad de retratar con precisión el vínculo que el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) mantuvieron con el PRI.
Ambas organizaciones respaldaron las candidaturas presidenciales del priismo y desempeñaron el papel de fuerzas oficialistas. Su comportamiento político se definía por gravitar alrededor del partido dominante y contribuir a la estabilidad del régimen en los espacios legislativos. La única excepción ocurrió en 1988, cuando la candidatura escindida de Cuauhtémoc Cárdenas alteró de manera temporal la unidad priista.
A estos partidos también se les decía “paleros”. La expresión cobró notoriedad durante la contienda presidencial de 1952, cuando Cándido Aguilar calificó así a Vicente Lombardo Toledano (candidato presidencial del Partido Popular). Carlos Montemayor explicó que palero procede del náhuatl paleuia, cuyo significado alude a “servir, favorecer, sostener a alguien”. También dijo que, en el español de México, “palero” designa tanto a quienes respaldan a alguien desde el público (los aplaudidores que refuerzan una escena) como a quienes participan en una representación cuyo desenlace parece previsto. Bajo la hegemonía priista, el término se difundió en el lenguaje político para caracterizar conductas asociadas con la adhesión sin condiciones y el respaldo funcional al orden dominante.
Después de la transición democrática, el concepto conservó su utilidad para describir la conducta de partidos que, sin insertarse en un orden hegemónico clásico, mantuvieron una relación de cercanía estratégica con la fuerza mayoritaria. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza ilustran esta dinámica en distintas etapas, tanto bajo gobiernos del PRI como del PAN. Así la categoría continuó siendo pertinente porque permitía identificar dos funciones: ampliar la base de apoyo parlamentario y dotar de una pátina adicional de pluralidad al oficialismo.
No obstante, hay otra categoría surgida del análisis de los regímenes socialistas de Europa central y oriental: la de los Blockparteien, o partidos de bloque. Estas organizaciones también acompañaban al partido predominante; sin embargo, su vínculo con el poder no era periférico, sino directo en la estructura gobernante. En varios casos organizaron sectores sociales que el partido principal no podía; en otros, asumieron responsabilidades de gobierno e incluso administraron carteras ministeriales.
Para Sartori, cualquier partido político más débil que uno mayoritario puede considerarse partido satélite –sin examinar la capacidad de estas organizaciones para limitar al régimen o cumplir funciones que el partido hegemónico no puede desempeñar. Es decir, ignora que un partido satélite gravita alrededor de la fuerza mayoritaria y cumple una función instrumental orientada a reforzar la legitimidad del gobierno. Puede concurrir en alianzas electorales y respaldar la agenda oficial, aunque el régimen conserva su viabilidad aun sin ese apoyo. El partido de bloque, en cambio, es parte de la arquitectura interna del poder político. Aunque su tamaño electoral sea menor, su papel excede el respaldo circunstancial, pues constituye un componente del arreglo mediante el cual el poder se organiza, distribuye y reproduce.
Sugiero que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde dejaron atrás su condición de partidos satélites y se convirtieron en partidos del bloque en el poder. Este desplazamiento guarda relación con la reforma político-electoral de 2014. Aquella reforma se presentó como un esfuerzo para perfeccionar el régimen de coaliciones y para abrir la posibilidad de gobiernos sustentados en acuerdos programáticos más estables. Entre sus modificaciones más significativas estuvo regular los convenios de coalición, lo que permitió a un partido mayoritario ceder triunfos de mayoría relativa a sus aliados como parte de una estrategia común.
La experiencia posterior ilustró los efectos de ese diseño. En el proceso electoral de 2015, la coalición integrada por el PRI y el Partido Verde permitió fabricar una mayoría legislativa superior a la que reflejaba la distribución efectiva del voto. El mecanismo resultó sencillo: el partido mayor cedió victorias en distritos al PVEM en los que su fortaleza electoral garantizaba el triunfo, y una vez instalada la Cámara, varios de esos legisladores se incorporaron al grupo parlamentario priista. Al mismo tiempo, el Partido Verde aseguró escaños por la vía de la representación proporcional. El resultado fue una ampliación de la bancada oficialista que tensó el espíritu de las reglas electorales y del propio texto constitucional, aunque sin vulnerar formalmente su letra. El Partido Verde dejó de operar como un acompañante periférico cuya utilidad residía en escenificar el pluralismo y pasó a convertirse en un vehículo eficaz para ejercer el poder.
La mayor repercusión de aquella maniobra (debatible, aunque inscrita en la interpretación literal de la norma) 1 se hizo visible con especial nitidez en el ciclo político de 2024, por medio de la alianza entre Morena, el PT y el Partido Verde. Esa convergencia permitió al partido predominante asegurar el control de la Cámara de Diputados y avanzar en su programa de reformas sin enfrentar obstáculos efectivos de los opositores. Sin esta fórmula, y el papel determinante de los partidos minoritarios de la coalición, no había forma de que Morena pudiera tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Más que un respaldo accesorio, estos partidos aportaron la base organizativa sobre la cual descansó la estructura de poder.
Este nuevo equilibrio explica la reacción que suscitaron las declaraciones de Pablo Gómez cuando planteó la posibilidad de modificar el sistema de asignación de diputaciones de representación proporcional, y cuestionó el financiamiento de los partidos políticos y la autonomía del INE. Los partidos de la coalición se resistieron, conscientes de que alterar las reglas en el sentido que sugería Gómez podía erosionar la posición que alcanzaron dentro del arreglo gobernante. La lógica que orientó su respuesta fue transparente: el Partido Verde explicó que una reforma así significaría restaurar el sistema de partido único y; al mismo tiempo, subrayó que su papel corresponde al de un aliado y no a la de un “palero”. El PT expresó una convicción semejante al preguntar qué sentido tendría hacer una reforma si ya tenían hasta el Poder Judicial gracias a la reforma al Poder Judicial.
Además, territorialmente, estos partidos tienen una fuerza importante. El control del Partido Verde en el gobierno de San Luis Potosí, así como la oposición abierta del Partido del Trabajo en Oaxaca, revelan márgenes de autonomía que difícilmente se asociarían con organizaciones sólo instrumentales. Tales episodios no fracturaron la coalición ni pusieron en entredicho su continuidad; por el contrario, desembocaron en su ratificación. El vínculo entre los integrantes del bloque admite diferencias tácticas sin comprometer la cohesión estratégica, rasgo característico de los arreglos donde el poder se comparte y se administra de manera conjunta (esto, aunque la posición de Morena como partido mayoritario no esté puesta en duda).
El anuncio de Ricardo Monreal de que una eventual reforma electoral preservaría el sistema mixto de integración de la Cámara (trescientos diputados electos por mayoría relativa y doscientos por representación proporcional) adquiere así un significado especial para comprender la arquitectura de dominación de este régimen. Si esto se confirma o cualquier cambio menor mantiene intacta la distribución formal del poder, queda claro que Morena no dispone, por sí mismo, de recursos suficientes para sostener la arquitectura autocrática que ha edificado. Ya no hay partidos satélites, hay partidos del bloque en el poder.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente
¹ Lorenzo Córdova lo dice así ( p. 50): “Debe señalarse, en efecto, que el criterio que se había aplicado en las últimas elecciones correspondía a la interpretación letrista de la ley (es decir, aplicar los límites sólo a los partidos y no a las coaliciones). Pero ello no implica que las autoridades electorales […] estuvieran obligadas a reiterar los criterios precedentes […] como era la inédita circunstancia […] de que los partidos […] pudieran situarse en la posibilidad de contar con una mayoría calificada y, con ello, ir en contra del propósito expreso que pretendía una disposición constitucional”.
- Lorenzo Córdova lo dice así ( p. 50): “Debe señalarse, en efecto, que el criterio que se había aplicado en las últimas elecciones correspondía a la interpretación letrista de la ley (es decir, aplicar los límites sólo a los partidos y no a las coaliciones). Pero ello no implica que las autoridades electorales […] estuvieran obligadas a reiterar los criterios precedentes […] como era la inédita circunstancia […] de que los partidos […] pudieran situarse en la posibilidad de contar con una mayoría calificada y, con ello, ir en contra del propósito expreso que pretendía una disposición constitucional”.